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Cel debe cumplir el laudo a favor enel

El presidente de Cel dijo que no acatarán el fallo internacional

El presidente de la Cel, Leopoldo Samour, sentado al centro, flanqueado por el asesor legal, Juan Pablo Córdova, a su derecha, y por el presidente de la Ine, Edgar Ramiro Mendoza Jerez. Atrás directivos de ambas entidades. Foto EDH / Miguel villalta

El presidente de la Cel, Leopoldo Samour, sentado al centro, flanqueado por el asesor legal, Juan Pablo Córdova, a su derecha, y por el presidente de la Ine,...

El presidente de la Cel, Leopoldo Samour, sentado al centro, flanqueado por el asesor legal, Juan Pablo Córdova, a su derecha, y por el presidente de la Ine, Edgar Ramiro Mendoza Jerez. Atrás directivos de ambas entidades. Foto EDH / Miguel villalta

Pese a que el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), Leopoldo Samour, dijo ayer que no acatará el laudo arbitral a favor de Enel, un doctor en leyes sostiene que el caso está concluido y que lo único que queda es un cumplimiento forzado ante un tribunal salvadoreño.

Samour enfatizó que como Cel están y continuarán defendiendo el patrimonio del Estado, que es de todos los salvadoreños, y rechazó enfáticamente expresiones concernientes a que con el fallo ya no haya nada que hacer en torno al caso.

Reiteró que es obligación de todo funcionario público agotar todas las instancias posibles "y, en este caso, aún hay recursos que pueden ser utilizados por lo que no hay punto final todavía en este tema", afirmó.

El presidente de la Cel aseguró que el proceso inició con irregularidades desde su origen, poco transparente y heredado de administraciones anteriores que buscaban entregar un patrimonio que pertenece a los salvadoreños.

Sin embargo para el abogado Francisco Bertrand Galindo, el caso está terminado y lo único que queda es que la Cel-Ine cumpla la sentencia de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), con sede en París, Francia.

"Hasta antes de este fallo, de alguna manera, se podía argumentar que tenían o estaban haciendo uso de un ejercicio procesal legítimo, pero a partir de ahora ya no hay base para hablar de un interés legítimo", dijo Bertrand Galindo.

El abogado advirtió que cualquier mecanismo que se use de hoy en adelante por parte de la Cel-Ine "es claramente como una acción maliciosa de un litigante malicioso. Eso ya no refleja una buena voluntad o una mera discusión entre partes. Ya hay una intencionalidad más allá de resolver el diferendo", dijo.

La confirmación del laudo arbitral, por parte del Tribunal de Apelaciones de París, es una sentencia inapelable, aseguró y agregó que "ahora lo que toca es cumplir la sentencia y esta se puede cumplir voluntariamente o vía forzada... Estos arbitrajes no se pueden apelar y solo admiten un recurso de nulidad", enfatizó.

El mismo asesor legal de la empresa subsidiaria de la Cel, Inversiones Energéticas (Ine), Juan Pablo Córdova, dijo desconocer el siguiente recurso a que podría acudir el equipo de abogados internacionales contratados por la Cel, porque eso depende de lo que permita la legislación francesa, donde se ventila el caso.

Sin embargo al referirse a las últimas consecuencias a las que el presidente de la autónoma se refirió, Córdova coincidió con Bertrand Galindo, asegurando que la misma Enel puede, traer el laudo arbitral y entregarlo a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para que esta nombre un juzgado del país para que ordene el cumplimiento del mismo por la vía forzada.

"Pero para poder ejecutar eso (Enel) va a tener que ir a un juzgado de aquí o primero ir a la Corte Suprema para que le den la autorización que se llama 'Pariatis', que es una resolución de Corte Plena, y le autoricen de ir a exigirle al otro accionista siéntese, aumentemos capital y deme las acciones", dijo.

"Eso lo pueden hacer ellos (Enel) ahorita directamente, o sea nosotros debemos esperar que se agoten otros recursos y por último acudir allí (a la Corte Suprema de Justicia), que es donde tienen que venir ellos", añadió.

Sin embargo, el asesor legal de la Ine justificó que se deben interponer todos los recursos legales en Francia, debido a que existe un delito en el Código Penal que es incumplimiento u omisión de los deberes de los funcionarios públicos, como son los de Cel.

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