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Buscan reformar Ley de Asocios Público-Privados

La Iniciativa para la Competitividad propone algunas reformas para mejorar las condiciones institucionales y jurídicas para la Ley APP, de tal forma que pueda ser más efectiva y promueva las inversiones a través del sector privado

Foto EDH

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La Iniciativa para la Competitividad, dependiente de FUSADES y nacida para solucionar los problemas que hicieron retroceder al país en la competitividad global, emitió en el día de hoy un comunicado donde propuso varias reformas para la Ley Especial de Asocios Público-Privados (APP).

Desde su entrada en vigor en junio del año pasado, la Ley APP pretende que el Estado se apoye en el sector privado para las futuras inversiones. Sin embargo, según dicha iniciativa, la legislación actual resulta poco competitiva y funcional.

Por ello, en primer lugar sugieren modificar "la institucionalidad" y que por tanto sólo sea PROESA "la institución promotora de los APP".

Asimismo, exigen reglas claras para la aprobación legislativa, que ésta sólo suceda en momentos del proceso de licitación y que a su vez pueda "proporcionar certeza jurídica a los inversionistas".

Para facilitar el desarrollo de los nuevos proyectos, la iniciativa señala que habría que "ampliar el límite de compromisos presupuestarios del Estado". Hasta ahora, el Gobierno sólo puede destinar el 1% del PIB (equivalente a $240 millones) y ellos proponen que sea del 3%, con la posibilidad de que se pueda incrementar un punto porcentual cada tres años.

Además, para la ejecución de los proyectos APP, recomienda "derogar la exclusión del sector agua".

Por último, demandan "mayores niveles de transparencia" creando un registro público que esté a cargo de PROESA donde se publiquen todos los proyectos de APP y su "respectiva documentación".

En el mismo comunicado de prensa, la iniciativa establece otra propuesta para conseguir un fortalecimiento institucional de PROESA a través del sector privado, ya que tal y como explican, se le otorgaría "mayor legitimidad y representatividad para la elaboración de políticas públicas".

Entre ellas destacan la formación de un Consejo Directivo: un Presidente nombrado por el mandatario de la República, tres ministros ( Economía, Hacienda y Obras Públicas), dos miembros del sector empresarial y otro del sector académico y centros de pensamiento. Dentro de este consejo, indican que no podrían ser elegidas aquellas personas que tengan gran poder de decisión en entidades "que oferten un contrato de APP".

Así como la creación de comités Consultivos Especializados para tratar temas concretos que vayan surgiendo.

Por otro lado, los miembros del Consejo Directivo deberán "excusarse de conocer en aquellos asuntos donde pudieran lograr un beneficio".

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