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Burocracia estanca $600 millones de inversión en construcciones

Según Casalco, el Gobierno no ha logrado invertir $200 millones del presupuesto de Obras Públicas debido a las autorizaciones, algo que provocó la pérdida de 8,000 plazas laborales

Burocracia estanca $600 millones de inversión en construcciones

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Mientras otros países elevan sus estándares y consideran fundamental el sector construcción para el desarrollo económico, en El Salvador los múltiples trámites que conlleva la burocracia estatal frenan la inversión en proyectos locales y extranjeros en vivienda, obra pública e infraestructura.

Al visualizar en cifras la problemática, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) reporta un estimado de $600 millones de financiación "engavetados", debido a que los permisos para iniciar una obra, ya sea privada o civil, pueden durar desde 24 meses — en el más optimista de los escenarios — hasta tres años.

En este contexto, la gremial consideró que el Ejecutivo es víctima de su propio aparataje burocrático porque, más allá de la actual cartera de proyectos, los permisos, certificaciones y estudios de ley previos a una edificación, disminuyen en un 35 % la eficiencia del presupuesto del gobierno en el ramo.

Carlos Guerrero, presidente de la gremial, explicó que el principal problema es que no hay coordinación en las exigencias de las instituciones y que por lo tanto, para un proyecto de mediana o gran envergadura, la planificación supera los plazos en comparación con otros países de la región, lo cual conlleva un problema de competitividad, pero sobre todo de recursos económicos en el corto plazo.

"El tiempo en la construcción es dinero porque la espera se convierte en intereses con la banca, aumento en los costos de los materiales de construcción y pérdida de oportunidades para que aterricen empresas internacionales porque optan por otros mercados más optimistas, incluso en Centro América", afirmó.

Bajo esta dimensión, Casalco confirmó que todos los procesos principales se realizan solo ante dos instancias: el Ministerio de Obras Públicas y sus subcarteras (sobre todo en el tema de vivienda) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Pero, los trámites paralelos, los que para las empresas constructoras "complican el panorama", van desde autorizaciones en el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) y alcaldías por la tala de árboles hasta la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) en estudios hídricos y de aguas negras, instancias donde una firma y un sello pueden tardar, mínimo, entre dos y tres meses, según Guerrero.

"Acá es donde todo se enreda y se atrofia el proceso. Muchas veces pedimos una certificación que es imposible entregar porque hay una instancia que necesita hasta cinco documentos que están en proceso en sus respectivas instituciones. Ahí el inversionista desiste. Y las proyecciones cambian", detalló.

En este sentido, uno de los efectos significativos de la tramitología es el decrecimiento en la generación de empleo. Casalco indica que hasta 2009 la construcción generaba 39 mil puestos laborales directos.

Pero con los actuales proyectos estancados se han perdido 8 mil plazas, las cuales, de forma indirecta, conllevan ingresos para 25 mil salvadoreños.

Un detalle importante que registró la Cámara es que luego de la conclusión del primer compacto de Fomilenio, la inversión en obra pública bajó de $1,200 millones a $730 millones. Esto, además de impactar la demanda en infraestructura "dejó un vació que aún no se logra compensar".

Cuña del mismo palo

"Solo en el sector gobierno hay $200 millones que no se logran colocar por la misma burocracia. Además, en vivienda, tomando en cuenta proyectos abandonados y la burocracia estatal, hay $300 millones atascados. Es un golpe fuerte para el país", contrastó Guerrero.

Cuando se trata de espacios habitacionales, edificios, expansión de la industria y hasta inmuebles como hospitales, escuelas y recintos deportivos, esperar no es la mejor opción porque contradice los planes de crecimiento, según la gremial.

"Nuestros agremiados reportan casi 500 proyectos en los cuales, está la tierra, está la carpeta técnica, planos, estudios, pero que, en el gobierno, están los permisos. Y eso es lo que deseamos cambiar: los tiempos de espera y la discrecionalidad con l a que se trabaja, no solo para nosotros, sino que también para los ciudadanos que desean construir su casa o hacer una remodelación, por mencionar un caso", añadió Guerrero.

En caso de remodelación de una vivienda, el trámite en la OPAMSS y otras instituciones puede demorar entre uno y dos meses, aunque todo es pagado.

Para tratar de desbaratar esa burocracia, la Asamblea Legislativa cuenta con un dictamen que busca dar paso a la Ley de Agilización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción, un marco que busca establecer la modalidad del "silencio administrativo positivo" para dar luz verde a las obras si después de la fecha límite el funcionario o institución "no emite una posición sobre las autorizaciones pertinentes".

La ley pretende crear la Oficina de Integración de Trámites de Urbanización y Construcción (OIC), un ente directo donde solo participará el Viceministerio de Vivienda, la Secretaria de Cultura (en aspectos patrimoniales) y el MARN para reducir instancias.

"Con la ley dos o tres años se reducen a seis meses, máximo y se le dará prioridad a proyectos de la zona costera en el marco de un segundo compacto de Fomilenio", dijo Guerrero. En 2012 el sector solo creció 1 %.

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