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Asafondos exige debate técnico de reforma de pensiones

Las AFP quieren una instancia multisectorial que discuta el tema técnicamente antes de que pase a la Asamblea Legislativa.

Pensiones

Entre los funcionarios es común relacionar la falta de fondos en el fisco con las pensiones que debe pagar el Gobierno. | Foto por Archivo

La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asafondos, le exigió ayer al Gobierno que inicie un debate nacional por el tema de pensiones antes de que presente un proyecto de reforma ante la Asamblea Legislativa. 

Su exigencia viene a raíz de las declaraciones del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien la semana pasada adelantó en una entrevista televisiva que la reforma de pensiones será presentada al final de enero ante los diputados, pese a que la fecha ni Asafondos ni mucho menos los trabajadores conocen lo que el Gobierno pretende hacer con los más de 7 mil millones de dólares que han ahorrado los ciudadanos.

 “No conocemos el contenido del proyecto de reforma. Es preocupante que un tema tan importante como este no sea conocido ampliamente por la población y todos los sectores”, señaló René Novellino, presidente de la gremial que agrupa a las dos principales AFP en el país (AFP Confía y AFP Crecer). 

Si bien para Novellino el tema de pensiones es urgente, no cree que sea como para saltarse una discusión que garantice una reforma con el consenso nacional. “El tema sí apremia, pero no para saltarse estas instancias”, señaló el representante. 

“Hasta hoy no conocemos el estudio, no ha sido publicado y no se le está dando la oportunidad a todos los involucrados de conocer lo que se piensa hacer con las pensiones. Tampoco sabemos cuánto le costaría una reforma para el Estado”, agregó. 

Discutir el proyecto cuando ya esté en manos de los diputados corre el riesgo de que se politice y se dejen de lados los criterios técnicos, que a juicio de Novellino, deberían ser los principales en esta discusión. “Este es un tema que debería discutirse con criterios técnicos porque toca la vida y el futuro de miles y miles de personas”, sostuvo. 

 “El Gobierno se comprometió a que antes de que la reforma fuera presentada, haría una amplia discusión del tema y hasta hoy no sabemos si quiera si nuestras propuestas han sido tomadas en cuenta”, agregó. 

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, afirmó esta semana que el proyecto de ley está en revisión jurídica y que después de eso se enviaría a discusión.

¿Un segundo estudio?

Otra de las grandes interrogantes que Asafondos mantiene es el estudio que el BID comenzó desde el 2015 para determinar la viabilidad de un sistema mixto y del cual no conocen nada. 

Novellino señala que es muy contradictorio que Chicas esté hablando de presentar la propuesta de reforma a finales de enero, cuando el BID aún no ha terminado el estudio. 

De hecho aseguró que el 30 de noviembre de 2015 las dos AFP le entregaron a la Superintendencia del Sistema Financiero una segunda base de datos de sus afiliados, sus características y sus cotizaciones que servirán para actualizar el estudio que el BID inició en 2015. Ya antes las AFP le habían entregado a la SSF un paquete de datos actualizado hasta diciembre de 2013 con el que el BID habría hecho el cálculo actuarial que estimaría la viabilidad de un sistema mixto y que también definiría el costo que éste representaría para el Estado. 

Fuentes extraoficiales han confirmado a este periódico que el Gobierno está solicitando una nueva base de datos porque los números anteriores no arrojan una conclusión favorable al Gobierno, que quiere tomar más de la mitad de los fondos de pensiones. “Nosotros hemos entregado un nuevo set de datos, pero es similar al que presentamos anteriormente. Solo aumenta el número de afiliados, que ahora es más, pero en esencia es similar”, dijo Novellino. 

Marco Nicola, representante del BID en El Salvador, confirmó que el estudio de pensiones continúa y que esperan entregarlo al Gobierno en el primer trimestre del año. 

Nicola agregó, de forma escueta, que el BID no se ha involucrado en el análisis de la reforma y que su apoyo ha sido puramente técnico, proporcionándole a Hacienda y a la Superintendencia las herramientas tecnológicas para que ellos hagan sus propias simulaciones de sistemas. 

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