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Argentina al borde de crisis por incumplir pago de deuda

Tienen hasta el 30 de julio para saldar deuda con "buitres" y otros acreedores

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha criticado reiteradas veces a los acreedores. foto edh

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha criticado reiteradas veces a los acreedores. foto edh

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha criticado reiteradas veces a los acreedores. foto edh

Tal como lo habían advertido los principales acreedores "buitres", el gobierno argentino está a punto de enfrentar una nueva crisis de default, por negarse a negociar un acuerdo ante la cesación de pagos hace más de una década con acreedores y fondos especulativos que compraron bonos de la deuda en default.

Este miércoles 30 de julio vence el periodo de gracia que se le había extendido al gobierno de Argentina para pagar a los bonistas de deuda reestructurada, de lo contrario, tampoco podría pagar al resto de acreedores, según advirtió el juez de Nueva York Thomas Griesa.

De acuerdo con un fallo de la justicia estadounidense, Argentina debe pagar $1,330 millones a fondos especulativos que compraron bonos de la deuda en default y luego litigaron en la justicia tras rechazar quitas de hasta 70 por ciento, propuestas en canjes de deuda en 2005 y 2010, que obtuvieron una aceptación del 93 por ciento de los acreedores.

El pago que están reclamando los "fondos buitre" ante la justicia norteamericana, fueron comprados a prestamistas privados que no aceptaron (y por lo tanto no ingresaron) a la reestructuración de deuda que hizo el gobierno argentino en 2005 y 2010.

El juez de Nueva York Thomas Griesa, que ha ventilado el caso, dispuso que los demandantes cobren al mismo tiempo que el resto de los acreedores y bloqueó un pago que éstos últimos debían percibir el 30 de junio, correspondiente a intereses por los bonos reestructurados, dinero que Argentina giró a un Banco de Nueva York el 26 de junio.

En total $539 millones fueron enviados por el Gobierno argentino al Bank of New York Mellon (BoNY), pero el juez Griesa ordenó que no se hagan efectivos hasta que no se les pague 1,330 millones de dólares más intereses a tres fondos holdouts.

"Si no salda su deuda con los buitres tampoco podrá pagar a los otros acreedores a los que sí quiere abonar esos $539 millones. Y si no paga los $539 millones, Argentina podría incurrir en una cesación de pagos de consecuencias traumática para la economía de un país, y más aún, para un país en recesión y necesitado de inversión extranjera", ha advertido la justicia estadounidense.

Una nueva suspensión de pagos supondría para Argentina un agravamiento de su situación económica crítica, por la escasez de divisas que sufre el país desde hace tres años, en enero pasado se devaluó el peso, lo que derivó en una inflación del 34.9 % anual y en un estancamiento económico.

El Gobierno de Fernández estaba dando pasos este año para arreglar su situación financiera internacional y quizá volver a colocar deuda en los mercados internacionales en el segundo semestre, así como lo ha logrado Ecuador seis años después de su última suspensión de pagos, pero con esta crisis, todos los planes se ponen en riesgo.

Para el expresidente del Banco Central de Reserva de Argentina, Mario Blejer, "volver a caer en un default tiene una serie de consecuencias" para Argentina, y estimó que el país "no podría volver al mercado de capitales para conseguir crédito a una tasa razonable".

Durante el periodo de gracia, según lo destacan agencias de noticias internacionales, tanto el Gobierno como los fondos litigantes han intercambiado descalificaciones y acusaciones en la prensa que no alientan un clima de esperanza.

El último de los comunicados lo publicó el fondo el Aurelius Capital Management el mismo martes antes de la audiencia del juez Griesa. Y decía: "Los simples hechos demuestran que los gobernantes de Argentina no tienen interés en negociar: no lo tienen ahora y no lo tuvieron durante los dos años y medio en los que sí hubo una moratoria. (…). El Gobierno prefiere arriesgar el sustento de los argentinos antes que sentarse y alcanzar un acuerdo".

Consecuencias de negligencia

El Gobierno argentino lleva una década negándose a pagar a los "buitres". Desde que estos compraron títulos que por estar defaulteados se encontraban a muy bajo precio (lo que se denomina bonos basura), el Gobierno no ha emitido pagos y por el contrario ha intentado reducir el valor de la deuda.

Por su parte, los adquirentes de los fondos especulativos, lejos de aceptar que el gobierno redujera el valor de la deuda, litigaron para obtener el pago del 100 % de esta, con ganancias de hasta 1,600%, según datos oficiales, sobre los montos que devengaron para hacerse de los papeles argentinos.

El Gobierno argentino lleva una década negándose a pagar, por lo que los "buitres" han recurrido a instancias superiores que emitieron fallo a su favor.

Ante esto, el gobierno del país sudamericano, accedió a negociar con los "buitres", pero pidió tiempo.

Tiempo para pagar antes los 539 millones de dólares que se encuentran en Nueva York, y tiempo para que no se dispare la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers), por la que el 92.4% de los acreedores de la deuda impagada en la crisis de 2001, tendrían derecho a exigir las mismas condiciones de pago que se le otorgue a otros acreedores holdouts.

Es decir: si ellos (el 92.4%) aceptaron una reducción en sus cobros en torno al 60% y los "buitres" cobran ahora el 100% de sus deudas, ese 92.4% podría reclamar también cobrar el total.

El Gobierno de Fernández ha sostenido en diversas ocasiones que si le pagase los $1,330 millones más intereses que exigen los tres fondos litigantes debería prepararse para pagar hasta 15,000 millones de dólares a otros "buitres" que exigirían el mismo trato.

Y después, según Cristina Fernández, podrían sobrevenir reclamos por parte de los acreedores que aceptaron la quita de la deuda, quienes esgrimiendo la cláusula RUFO podrían reclamar cifras superiores a los 100,000 millones de dólares, algo inasumible para un país cuyas reservas de divisas del Banco Central solo llegan en la actualidad a los 29,600 millones de dólares.

La cláusula RUFO figura en el Decreto 1735/04 del canje de deuda y fue incluida por Roberto Lavagna, cuando era ministro de Economía, y su equipo en 2004, bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

Está cláusula se hace efectiva si la Argentina decidiese "voluntariamente" pagar más a los holdouts.

Así, el país quedó preso de la condición que una vez estableció para conseguir más adherentes al canje.

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