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Ajuste a tasas de interés en pensiones elevará el déficit en $120 millones

La Asamblea deberá definir el rendimiento a pagar a cotizantes de AFP

La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dijo que el Gobierno debe pagar tasas competitivas por el uso de los ahorros de pensiones. FOTO EDH /ARCHIVO

La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dijo que el Gobierno debe pagar tasas competitivas por el uso de los ahorros de pensiones. FOTO...

La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dijo que el Gobierno debe pagar tasas competitivas por el uso de los ahorros de pensiones. FOTO EDH /ARCHIVO

Ajustar la baja tasa de interés (el rendimiento) que el Gobierno pagaba a los cotizantes de las AFP, a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), aumentaría en cerca de $120 millones el déficit fiscal.

La anterior fue una de las observaciones que realizó el economista Mauricio Choussy en una entrevista televisiva para recalcar que el país necesita de un ajuste fiscal y una reforma al sistema de pensiones.

El Gobierno pagaba a las AFP alrededor del 1.3 % por usar los ahorros de los cotizantes de las AFP para financiar el pago de pensiones del ISSS e INPEP, pero paga arriba del 5 % a los inversionistas por los eurobonos.

En ese sentido, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a finales del año pasado, declaró inconstitucional que el Gobierno pague baja tasa de interés por utilizar el dinero del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) para pagar los CIP, ya que afecta la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores.

Ahora el Gobierno tendrá que utilizar una tasa de mercado que permita a los cotizantes aumentar sus ganancias, y su futura pensión, cada vez que la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) invierta en los CIP.

"A estas alturas podemos decir que eso (la sentencia) va a aumentar el déficit fiscal en alrededor de unos $120 millones de dólares", comentó Choussy. Según el economista subir la tasa de interés implica que el déficit de 4 % que el Ministerio de Hacienda estimó para el presupuesto 2015 en realidad será de 4.5 %.

El también economista Luis Membreño matizó que el impacto en las finanzas públicas que tendrá el nuevo pago de los CIP dependerá del momento en que se aplique y la tasa que se establezca en la ley.

"Esto no es automático. Para que eso cambiara (el uso de la tasa Libor) tiene que cambiarse la ley. Una vez que la ley se cambie y se defina una nueva forma del cálculo del pago de los rendimientos, entonces se puede calcular cuánto sería el impacto", explicó.

Membreño aclaró que esta modificación debe pasar por la Asamblea. "Lo que la sala de lo Constitucional ha dicho es que se debe pagar un mayor rendimiento. Lo que no ha dicho es cómo ni cuánto. Eso ya será una negociación política que tendría que darse en la Asamblea Legislativa", dijo.

En teoría el pago de bajas tasas quedó sin efecto desde que la sala publicó la sentencia a finales de diciembre; pero ya que no se ha modificado la ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), los ahorros de las AFP se seguirán usando para pagar pensiones.

Urgen reformas

Mauricio Choussy expresó que el gobierno de Sánchez Cerén tendrá que afrontar los cambios y ajustes necesarios en el sistema de pensiones y en las finanzas públicas, para que sean sostenibles y se evite un colapso. "Es indudable que este gobierno va a tener que modificar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones no lo puede pagar el país", expresó. La deuda previsional, en la que se incluye el pago de CIP y el pago a los jubilados del anterior sistema, ya había sobrepasado los $21,688 millones al mes de septiembre pasado, según publicó la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Aunque se sabe que las autoridades ya poseen un diagnóstico y propuestas de reforma, estas aún no se han dado a conocer. Diferentes analistas han señalado una combinación de varias medidas poco populares para que los ahorros no se agoten a causa de la deuda. "Va a tener que aumentar la edad de retiro, subir las cotizaciones, bajar el monto de la pensión, probablemente poner impuesto a las pensiones existentes, porque el sistema de pensiones como está diseñado está incosteable", comentó Choussy. El economista, además, recalcó la necesidad de que estas modificaciones se hagan dejando de lado los intereses electorales.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se aplace la modificación de la tasa de interés para coincidir con las reformas al sistema de pensiones, Membreño respondió que es posible. "Lo que podría ocurrir es que el fisco, viendo el impacto que esto podría tener en realidad, presente la reforma completa", dijo.

"Creo que ya es muy necesario, ya no se puede seguir postergando. Debe enfrentarse de una manera integral el tema de las pensiones", añadió.

Por otro lado, el analista no cree probable que se modifique la obligación de invertir ahorros de pensiones en los CIP. Valoró que esta es una opción más sencilla para el Gobierno que pasar por la Asamblea para autorizar más deuda.

Ajuste fiscal

Mauricio Choussy mencionó, además, que otro factor a tomar en cuenta para las finanzas públicas es la eventual alza de las tazas de interés que haría la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto afectaría a El Salvador, pues cerca de un 40 % de nuestra deuda tiene tasa de interés "flotante", es decir que puede ser modificada. Al mes de noviembre, el saldo total de la deuda pública era de $15,619 millones, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Un alza del 1 % en las tasas de interés podría aumentar en más de $40 millones el saldo del déficit del Producto Interno Bruto (PIB), dijo Choussy.

El Ministerio de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional han calculado un déficit cercano al 4 % del PIB, pero Choussy recordó que dicha estimación es previa al anuncio que la Reserva Federal y a la sentencia de la CSJ sobre pensiones, por lo que el porcentaje real podría ser mayor.

Ante este panorama insistió en la necesidad de hacer un ajuste fiscal (recorte de gastos, aumento de la recaudación tributaria y focalización de subsidios. La propuesta de responsabilidad fiscal del Gobierno solo es el 50 % del ajuste requerido, concluyó.

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