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Agricultores afirman proyecto de ley de agua es expropiatorio

Consideran que la ley permitiría al MARN el poder de expropiar tierras de agricultores

Representantes de Fecasal, Camagro y Adisa temen alcances de anteproyecto de nueva ley de agua. foto edh /auricio Cáceres

Representantes de Fecasal, Camagro y Adisa temen alcances de anteproyecto de nueva ley de agua. foto edh /auricio Cáceres

Representantes de Fecasal, Camagro y Adisa temen alcances de anteproyecto de nueva ley de agua. foto edh /auricio Cáceres

Después de un año de su creación, el anteproyecto de Ley General del Agua sigue buscando verterse fuera de la Comisión Medio Ambiental de la Asamblea Legislativa. Pero dicha ley ha generado controversia, creando opositores entre agricultores, productores e industriales, quienes consideran que dicha normativa es demasiado restrictiva, y expropiatoria, sobre el uso del agua.

De acuerdo con Luis Felipe Trigueros, director de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro), uno de los principales problemas con el proyecto de ley es que define al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como "autoridad competente", cediéndole de esta forma "todo el poder" para la gestión del agua.

Pero más allá de eso, el MARN, al convertirse en la autoridad competente "elimina todos los permisos de agua vigente", se quejó Trigueros. Explicó que esto sucede debido a que agricultores, personas naturales, empresas e industria, entre otros, cada quien ha tramitado los permisos a través de los ministerios que les competían, pero una vez entre en vigencia la ley, esos permisos se anulan y tendrán que tramitar nuevos con el ministerio competente, es decir, el MARN.

Rafael González, asesor de la Asociación de Desarrollo Integral del Sector Agropecuario (Adisa), declaró que "el hecho de pretender que todos los permisos queden cancelados, eso lo único que va a generar es una inseguridad jurídica y va a venir una violación de derechos constitucionalmente protegidos".

De esa forma se le otorga demasiado poder al funcionario encargado, dejando diversas decisiones sobre el uso del agua a discreción del Ministerio de Medio Ambiente.

Esto trae el problema de que sería capaz de detener la producción agrícola o industrial temporalmente, pero no genera un problema tan serio como otros aspectos que cubre la ley. Por ejemplo, el ar tículo 120, explícitamente establece que el MARN puede establecer como "zonas de protección" todo terreno que esté ubicado en una franja de hasta 400 metros, a cada lado de un cuerpo de agua.

Esto significa que el Ministerio tiene control sobre esa tierra y el uso que se tiene de la misma. El artículo postula que el MARN "estará facultado para regular el uso del suelo y las actividades que se desarrollen en dichas zonas".

La preocupación generada ante esta norma recae especialmente sobre los pequeños productores, quienes podrían perder sus cosechas a base de artículos como ese. Rogelio González, director de la Federación de Cooperativas Agropecuarias Salvadoreñas (Fecasal), asegura que la ley general del agua sería capaz de detener a un productor de continuar su cosecha.

El agricultor respalda esa aseveración con el artículo 120, que da la libertad al Ministerio de poder expropiar tierras que estén en la cercanía de algún nacimiento de agua. "Nosotros, los pequeños productores y cooperativas, estamos preocupados por la ley que el gobierno quiere poner a andar, porque con esta buscan fiscalizar y controlar toda el agua del país, y ahí vamos incluidos nosotros".

A esto, Trigueros agregó que "prácticamente, faculta al Ministerio de Medio ambiente a expropiar las tierras de los agricultores, así como industrias, hoteles y sistemas de agua comunitarios y municipales".

No obstante, el director de Fecasal denotó que "lo otro será que nos van a encarecer el costo de producción, si ahora los precios se han elevado, con esta (restricción) se nos elevará más, pero lo más preocupante es que mañana nos puedan quitar el derecho de estar cultivando", dijo.

Sin embargo, existe otro temor para los agricultores y es el monto por multas que habría que pagar. Trigueros asegura que "las multas van desde $5,000 hasta $5 millones, y lo pueden meter preso si al inspector se le ocurre que usted está contaminando".

Por otra parte, mencionó que esta ley busca recaudar hasta $400 millones en multas.

Para Trigueros las multas son excesivas y considera que llevarían a cualquier productor a tener que finalizar su actividad agrícola; pero otro problema que se genera a base de esto es que cualquier apelación que se quiera hacer para justificar una sanción se debe realizar a través del mismo Ministerio o con los tribunales medioambientales, que forman parte del MARN.

Adicionalmente, la ley modifica los permisos para el sector privado, ofreciendo plazos menores a los 10 años y con la posibilidad de ser revocados antes de su vencimiento, de acuerdo con Camagro.

Aseveró que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) estaría recibiendo demasiado poder administrativo. "(ANDA) A pesar de ser el mayor contaminador por manejar las aguas negras de los centros urbanos, no pagará ningún canon por extracción de agua", expresó.

El desafío acá es que a ANDA también se le permitirá "tomar los sistemas de agua comunitarios y municipales, pero los sistemas serán responsabilidad de las alcaldías".

Debido a eso asegura que la ley es "arbitraria y antidemocrática", enfatizando que "no resolverá el problema del agua, y provocará más escasez y contaminación, pues no es incluyente". "(La ley) se vuelve un arma política y económica en contra del sector privado que no comulgue con el Gobierno de turno", apuntó.

Una nueva propuesta

El director de Camagro justifica que no están en contra de la creación de una ley de agua, simplemente alega que debe existir una normativa que no sea restrictiva. "No tenemos una autoridad hídrica pero tenemos un montón de sectores que hay que atender y tenemos un montón de leyes y de instituciones que las administran, pero al final todos se tiran la pelota y nadie decide qué hacer", reiteró.

Agregó que "tenemos una ANDA que la ley establece que es única y exclusiva para surtir agua potable y permitir tuberías de aguas negras y desechos, pero está regulando también. Ellos dan los permisos y se ha vuelto reguladora porque hay un vacío de ley, pero esa no es su función".

Debido a que varios agricultores no estaban de acuerdo con el actual anteproyecto, representantes de diversas cooperativas y agremiados productores y agricultores presentaron una propuesta de ley ante la Comisión Medioambiental de la Asamblea. La ley se titula "Ley Integral de los Recursos Hídricos", la cual busca mayor inclusión de otros sectores.

Empero, los diputados no estuvieron interesados en conocer la propuestas de los agricultores. "No quisieron ver nuestra ley y querían seguir trabajando sobre la ley de ellos, pero aún así logramos, de alguna manera, cambiar la correlación de votos en la comisión. Lo que nosotros queremos es que vean nuestra ley y que si hay cambios que se les hagan pero que se mantenga el concepto".

La carta que presentaron los representantes ante diputados de la Asamblea Legislativa establece que "diversos sectores de la sociedad no fuimos consultados por ningún organismo de gobierno central en la elaboración y presentación de la Ley General del Agua".

Trigueros declaró que buscan una ley que "despolitice la temática del agua, con un abordaje técnico; que trascienda los gobiernos a través de una entidad pública autónoma con su propia ley; que sea integral, que puede operar por si sola sin la necesidad de la aprobación o modificación de otras leyes; y más importante que sea incluyente y logra aglutinar a todos los actores".

La ley de los regantes postula la creación de una autoridad hídrica que tendrá una junta directiva compuesta por el sector público, privado y la sociedad civil. Pero también dispondrá de organismo zonales de cuenca que funcionarán como el "brazo operativo de la autoridad hídrica en los territorios", y se encargará de otorgar permisos para los usos del agua y sus vertidos; así como también recibir denuncias e imponer sanciones. Entre lo propuesto en la ley se encuentran autorizaciones entre 10 y 20 años, permitiendo seguridad jurídica e incentivando la inversión; recursos de revisión ante la autoridad hídrica, y la creación de un Tribunal de Apelaciones.

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