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$250 millones Concesión crea polémica en Nicaragua

En pocos días se creó la empresa llamada Alvimer Internacional y Compañía, que es subsidiaria de una empresa panameña, de socios desconocidos. Ganó la concesión para revisar con Rayos X toda la mercadería que ingresa a Nicaragua

$250 millones Concesión crea polémica en Nicaragua

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Hace un par de meses la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de Daniel Ortega, aprobó una ley de confuso nombre con la que se ofreció una concesión a una empresa desconocida llamada "Alvimer", para instalar escáneres en siete fronteras del país.

En la práctica, esa ley ofrece ganancias que podrían sumar hasta $250 millones en 15 años, pero no se sabe a quién.

Todo fue sospechoso desde el principio, comenzando por el momento elegido por la administración Ortega para presentar el anteproyecto de ley: en los mismos días —en junio— en que la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional —y el país entero— discutía la posibilidad de otorgar otra concesión multimillonaria a otro desconocido: el chino Wang Jing, para que construya el "Gran Canal Interoceánico" a un costo de $40,000 millones. Un proyecto más que polémico y muy oscuro.

Al final, la aplanadora oficialista aprobaría tres leyes en una sesión maratónica: la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios; la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atinente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, y la Ley de Concesión de los Servicios de Inspección no Intrusiva en los Puestos de Control de Fronteras para la Seguridad Nacional.

La segunda de ellas (conocida en Nicaragua como Ley Canalera) y la tercera (o Ley de Escáneres) fueron recurridas de amparo por el Consejo Superior de la Empresa Privada, por considerar que poseen elementos que van contra la Constitución de la República, o que lesionan determinados derechos de los ciudadanos.

Sendas leyes están en análisis ante tribunales, y se espera que se resuelvan por la vía política y no jurídica.

Mientras los empresarios y la cúpula gobernante dirimen sus diferencias, toda Nicaragua sigue preguntándose quién es el verdadero dueño de Alvimer, especialmente después de ver cómo sus orígenes se pierden entre una maraña de sociedades y ciudadanos panameños, nicaragüenses, hondureños, chilenos y estadounidenses con bufetes de abogados que hacen a la vez de notario o de representante del cliente al que están sirviendo.

Una empresa "nacional"

Según el registro público... panameño, Alvimer es una sociedad constituida en ese país en febrero de 2006.

El documento omite los nombres de los dueños, pero detalla los de las tres personas que copaban los cinco puestos de su junta directiva: Vicente Saldaña (presidente y tesorero, con presencia en otras 206 empresas en el registro panameño); Ramón Borrero (vicepresidente y subsecretario, con cargos similares en más de 1,200 empresas); y Celestino Aráuz (secretario).

Aparentemente, la empresa durmió durante siete años, y despertó a tiempo para recibir la generosa concesión del Estado nicaragüense, aunque para ello había que cumplir un requisito, como lo dijo la diputada Jenny Martínez, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y presidente de la Comisión de Infraestructura, "la Ley no permite que se le entregue una concesión de ese tipo a una empresa que no sea nacional".

Así es que se creó una empresa llamada Alvimer Internacional y Compañía Limitada, que no es más que una subsidiaria nacional de la empresa panameña, que posee el 95 % de sus acciones, y fue representada por el abogado Carlos Noel Castrillo. El 5 % restante pertenece a la panameña Inversiones Millán International Corporation, representada por la abogada Meyling Zulema Sampson.

Los dos abogados trabajan en la oficina local del Bufete Centroamericano Consortium, y en una "asamblea" efectuada con la presencia de ellos dos, nombraron representantes de Alvimer de Nicaragua al estadounidense José Javier Armijo y al chileno residente en Honduras Patricio Hernández.

Armijo también fue nombrado secretario de la junta directiva de la empresa, mientras que Hernández la preside. Todo el proceso quedó registrado en el protocolo de la abogada Mireyinés Téllez Ortega, que también trabaja en Consortium.

En medio de esa vorágine de nombres, profesiones, cargos, puestos y nacionalidades, el ciudadano nicaragüense, los académicos y los políticos de oposición se preguntan quién está detrás de esta empresa misteriosa que, una vez entre en vigencia la ley que avala la revisión obligatoria por Rayos X a todo furgón que cruce las fronteras, se encaminará a un negocio que se estima en más de $200 millones en ganancias, y por qué algunos de los hombres más cercanos a Ortega están molestos con las decisiones tomadas en torno a ese millonario negocio.

Socios desconocidos

Dos de los tres integrantes de la junta directiva de Alvimer Nicaragua tienen historia en Internet, comenzando con el chileno Patricio Hernández, cuyo nombre aparece en los medios de comunicación nicaragüenses en septiembre de 2006, cuando la empresa Lotería Electrónica de Nicaragua S.A. trataba de conseguir una "concesión exclusiva" para operar un servicio de juegos de azar durante 15 años.

Hernández aparece como dueño del 99 % de las acciones de la empresa, pero el negocio fracasó porque la junta directiva de la Lotería Nacional decidió suspender temporalmente el concurso para elegir a un concesionario. Nunca se reanudó el proceso.

Hernández y Leonardo Hidalgo Figueroa (el vigilante de la junta directiva de Alvimer de Nicaragua) también aparecen como directores de Servik Internacional S.A., una empresa inscrita en el Registro panameño en junio de 2006. Aparentemente, se trataría de una empresa de papel, porque las únicas menciones en Internet son las del registro canalero y las de los medios de comunicación que hacen referencia a ella.

De quien sí hay referencias en la red es del vigilante Hidalgo Figueroa, al que se sindica como socio de la empresa Dromeinter, constituida en noviembre de 1987. Reportes periodísticos hondureños la mencionan en reportajes en los que el Ministerio de Salud de ese país aparecería comprando medicinas vencidas o de baja calidad a varios laboratorios farmacéuticos.

En manos de estas personas la Asamblea Nacional depositó, por medio de una ley, la concesión para que verifiquen y cobren por cada contenedor que ingrese mercancías a suelo nicaragüense.

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