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Ante la LXX Asamblea de la SIP

SIP denuncia amenazas a libre expresión en país

Directivos de la SIP presiden una de las sesiones celebradas en el contexto de la Asamble General de la organización que se realiza en Chile. foto edh / EFE

Directivos de la SIP presiden una de las sesiones celebradas en el contexto de la Asamble General de la organización que se realiza en Chile. foto edh /...

Directivos de la SIP presiden una de las sesiones celebradas en el contexto de la Asamble General de la organización que se realiza en Chile. foto edh / EFE

El Salvador fue contado entre los países donde se quiere copiar el sistema bolivariano de censura, se neutraliza la Ley de Acceso a la Información Pública y se amenaza la integridad de los periodistas. Lo anterior está contenido en el informe que presentó el periodista uruguayo Claudio Paolillo sobre la situación de la libertad de expresión en el continente americano durante la 70ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Santiago de Chile.

Paolillo, quien preside la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, también denunció que grupos empresariales se prestan para colaborar con gobiernos chavistas y que incluso un magnate mexicano está montando una red de medios en la región para congraciarse con el poder.

La situación de la libertad de expresión en América Latina es, a partir de estos hechos, un "mar de intolerancia y degradación", dijo el Relator a los miembros de la SIP, que reúne a empresarios y editores de más de un millar de medios escritos de América Latina, Estados Unidos y Canadá.

Al referirse específicamente a América Latina, el comunicador denunció que los capos mafiosos del narcotráfico sienten cada día "más impunidad para continuar asesinando reporteros en forma salvaje".

A juicio de Paolillo, esto es consecuencia de la casi absoluta inoperancia de todos los gobiernos para frenar esta verdadera matanza de personas y, sobre todo, esta verdadera matanza de informaciones y opiniones que esas personas querían transmitir al resto de la sociedad.

Solamente en el último semestre, 11 periodistas han sido víctimas de atentados que acabaron con sus vidas: 3 en Honduras, 3 en Paraguay, 2 en México, 1 en Perú, 1 en Colombia y 1 en El Salvador.

El último de ellos fue el periodista paraguayo Pablo Medina, del diario "ABC Color", asesinado el pasado jueves. La SIP expresó "su más enérgica condena y repudio" y exigió una investigación "expedita y exhaustiva" para dar con los criminales.

Reseñó que, pese a todas las denuncias públicas, advertencias nacionales e internacionales y recomendaciones de los organismos multilaterales encargados de velar por la vigencia de los derechos humanos, "un conjunto nada desdeñable de gobiernos latinoamericanos, supuestamente legítimos, han resuelto definitivamente hacerse los sordos ante un clamor que se encajona en las oficinas de los censores oficiales".

Paolillo comparó los "Ministerios de la Verdad" imaginados por George Orwell en su famosa novela "1984", con los que funcionan en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y en Cuba para controlar la libertad de expresión e información.

Pero también denunció que gobiernos que se reputan de ser respetuosos de la libertad de expresión, como Colombia, Chile, Perú, Brasil, México, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Haití y las islas del Caribe, también quieren emular "el sistema bolivariano de censura".

Denunció que en la última reunión del Parlamento Latinoamericano en Panamá, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa intentó hacer aprobar una resolución para recomendar a todos los gobiernos que leyes similares a la nefasta "ley mordaza" de Ecuador fueran sancionadas en cada país de la región.

Sin embargo, una decidida oposición protagonizada principalmente por los periodistas panameños "impidió esta vez que Correa se saliera con la suya. Pero sólo por esta vez. Ya vendrán nuevas andanadas para las que tenemos que permanecer con los ojos bien abiertos", advirtió.

Señaló también que las leyes de acceso a la información pública son, en la mayoría de los casos, "letra muerta", porque los gobiernos interponen demasiadas excepciones para impedir la divulgación de datos que la sociedad tiene derecho a conocer como sucede en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, República y Venezuela.

El expositor no dejó de referirse a EE. UU., donde desde los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001 se aplican sistemas de vigilancia masiva en manos de los servicios de seguridad y hay persecución judicial de periodistas y de sus fuentes informativas.

Dijo que es "preocupante" para la SIP que vastos sectores empresariales se han convertido en "cómplices" de los gobiernos predadores de la libertad de expresión, como ocurre en los países chavistas.

Mencionó el caso de Argentina, donde, dijo, hombres y mujeres de negocios hacen acuerdos espurios con el poder para adquirir medios de comunicación masivos y colocarlos al servicio de los gobiernos, a cambio de suculentas pautas publicitarias y de contratos con el Estado.

"Es particularmente chocante en este sentido el imperio transnacional que un magnate mexicano ha conseguido montar en casi todos los países de la región, adquiriendo emisoras de radio y televisión privadas cuya primera directiva es no molestar al poder y excluir de la grilla en todo lo posible las investigaciones periodísticas incisivas que puedan poner en aprietos a los gobernantes", afirmó.

Venezuela, un caso grave

La SIP destaca el "agravamiento de la situación de deterioro democrático" en Venezuela "y sus efectos destructores sobre la libertad de prensa".

"En los últimos seis meses se ha producido una gran cantidad de protestas y manifestaciones públicas, en el curso de las cuales muchos ciudadanos, en su mayoría jóvenes estudiantes y periodistas, fueron detenidos, amenazados, algunos torturados y otros procesados judicialmente", afirma la SIP.

"A los trabajadores de la prensa les han sido decomisados sus equipos y (han visto) limitada o entorpecida su labor", según el informe sobre la nación suramericana, y señala a "funcionarios policiales o militares", así como de "los llamados 'colectivos populares', grupos civiles armados identificados ideológicamente con el Gobierno".

También menciona cómo la prensa escrita "atraviesa por otra severa amenaza para su subsistencia debido a la escasez de papel periódico y demás insumos esenciales", lo que afecta a más de 30 medios impresos y al menos 12 han dejado de circular temporal o definitivamente. El documento recoge la opinión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

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