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Sánchez Trejo: “Consultas no son vinculantes”

El ex presidente de la Corte le dijo al periódico El Faro que CEL no se podía refugiar en su resolución para pagar a Astaldi

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El informe se publicó en la transición de Sánchez Trejo (izq.) con Rosalío Tochez, ambos ex presidentes de la Corte de Cuentas. | Foto por elsalv

Si bien la Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió un último informe que descarta posibles irregularidades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en el pago de $108.5 millones a Astaldi, la misma contraloría estatal aclaró en su momento que sus opiniones vertidas no tienen fuerza legal y que estás “pueden o no ser acatadas por los funcionarios”.

El periódico electrónico El Faro publicó en agosto de 2012 que el entonces presidente de la CCR, Gregorio Sánchez Trejo, aclaró que si bien el artículo 114 de la Ley de la Corte de Cuentas faculta a las instituciones a plantear consultas sobre la LACAP, “estas consultas no son vinculantes, el administrador puede acatarlas o no acatadas.

“No se pueden refugiar en nuestra resolución para hacerlo ni tampoco tiene problemas si no lo hace. La Corte puede dar una opinión favorable en este momento y al auditar posteriormente puede llegar a determinar hallazgos de carácter administrativo o patrimonial”, dijo Sánchez Trejo a El Faro.

Precisamente, el segundo de los informes que favorecen el cuestionado ArregloDirecto fue emitido en julio de 2013 a solicitud del ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, luego de firmar el acuerdo conAstaldi.

El documento se publicó en la transición entre la presidencia de Sánchez Trejo y Rosalío Tóchez. Este fue solicitado por el ex presidente de la CEL, Leopoldo Samour, luego de que firmara el documento con Astaldi.

El informe dice que  fueron procedentes los argumentos que expuso la CELpara llegar a la negociación del arreglo directo ya que de lo contrario un arbitraje hubiera retrasado la disponibilidad del sitio de la obra, se hubiera deteriorado la inversión  y la autónoma hubiera cancelado entre $20 y $24 millones como perdidas ante un juicio internacional.

Pero Sánchez Trejo fue claro en su momento cuando dijo que  la Corte no avala pagos y que los titulares de las instituciones deben de apegarse a la legalidad.

“ No damos opiniones abiertas, decimos que siempre se deben de tomar medidas precautorias para que la ejecución del proyecto sea válida”, puntualizó el hoy ex funcionario a El Faro.

Al respecto el abogado Francisco Bertrand Galindo criticó que la CCR, en su informe, nunca señala  la legalidad o no del acuerdo sino que se reduce a estudiar el método con el que se pagó los $108.5 millones. 

“Eso se hizo bajo otros criterios y queda claro que se utilizó a la Corte ante cualquier posible investigación”, acotó Bertrand.

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