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El Salvador entre países que buscan control de la internet

El reglamento vinculante de telecomunicaciones incluye "controles de contenidos" y abre la posibilidad a regular el mercado de datos para 2015

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El Salvador entre países que buscan control de la internet

En diciembre de 2012, en un hecho desconocido hasta ahora, un funcionario gubernamental salvadoreño de nivel gerencial firmó en Dubái un convenio internacional vinculante para el país y que, entre otras cosas, podría servir como un marco regulatorio para controlar contenidos de Internet o, incluso, otorgar al Estado el poder de regular el acceso a sus ciudadanos a espacios en la red virtual.

La posibilidad de que algunos de los puntos del convenio podrían coartar la libertad de expresión no pasó inadvertida para los 51 países que rehusaron firmarlo.

En cambio, la firma de El Salvador se sumó a la de países que, expresamente, han buscado y ejercido un mayor control de la oferta y la demanda de contenidos en el Internet: Cuba, Venezuela, Angola, Egipto, Afganistán, Irak y muchos otros del continente africano y del Medio Oriente.

Este hecho extraordinario ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos, durante la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (WCIT-12, por sus siglas en inglés), un encuentro que había sido convocado para reformar el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI).

En representación de El Salvador participó un gerente de telecomunicaciones de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), el ingeniero Mauricio Ernesto Herrera.

Según el documento de actas del RTI, el principal aspecto donde Estados y gobiernos jugarían un rol clave es en el control de recursos críticos y en contenidos y modelos de desarrollo de nuevos estándares, entre otros aspectos.

"Todo esto irá en detrimento del desarrollo de la principal característica de la Web, que es su apertura, y la creación de más contenidos y productos digitales", advirtió Roque Mocán, un salvadoreño experto en tecnología.

Por ello fue que países como Costa Rica, Estados Unidos y naciones de la Unión Europea no estamparon la rúbrica, argumentando que la WCIT-12 no es el foro adecuado para abordar estos temas.

No hay que olvidar que el documento firmado por el técnico de la Siget tiene carácter vinculante o de compromiso. Pero, ¿qué significa esto para el país?

Según el RTI reformado en Dubái, se lograron acuerdos en varios puntos que introducen "la regulación de contenidos", lo cual, a juicio de los países no firmantes, "amenaza la innovación, la creación de nuevos modelos de negocios y la libertad de expresión". Pese a esto, todo el marco recomendatorio de la UIT será de carácter obligatorio desde el 1 de enero de 2015.

De los más de 140 gobiernos presentes en Dubái, solo 89 firmaron las actas finales.

Pese al alcance y el impacto social que podría tener el reglamento, el técnico de la Siget defendió su firma aprobatoria del tratado.

"La idea fue crear un marco de referencia para fomentar un entorno propicio para el mayor crecimiento del Internet, y creemos que eso se logró", acotó Mauricio Herrera.

Por ello recordó que, aunque en El Salvador el Internet está "desregulado", los operadores están obligados a colaborar con las instituciones de seguridad pública en casos específicos y deben entregar información de carácter estadístico.

"Un punto pendiente es que las tarifas por servicios de Internet no están reguladas, contrario a lo que sucede con las de telefonía", agregó el delegado de la Siget.

Frenos legales

Pero, según el abogado Francisco Bertrand Galindo, se requiere del aval del Órgano Legislativo para definir una intervención sobre estos medios o para declarar una reserva de ley (excepción), por tratarse de derechos ciudadanos (entre otros aspectos relacionados con la aplicación y el análisis de esta regulación).

"Estas son regulaciones al individuo que restringen sus derechos y las cuales debe aprobar o desaprobar la Asamblea; además, se debe verificar si el delegado portaba las credenciales para firmar (en representación de El Salvador), por parte de la Cancillería", observó el jurista.

Pero sobre este punto, dos diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, Eduardo Barrientos, de ARENA, y Blanca Coto, del FMLN, dijeron desconocer el reglamento y descartaron la creación de leyes al respecto, al menos en el corto plazo.

La red es diferente

Las RTI, el mecanismo por el cual se quiere introducir el control, fueron establecidas en un período en que las empresas de telecomunicaciones eran un monopolio estatal donde los celulares eran escasos y la Internet un simple experimento académico, explicó el programador Roque Mocán.

"Internet como red creció muy distinta a las redes de telefonía; no está basado en el concepto de calidad de servicio, sino en uno mejor, donde los acuerdos que se crearon entre operadores de redes de Internet están basados en el intercambio libre entre pares, que en el esquema de compensaciones económica de la red", indicó.

En este sentido, hay un informe del gigante electrónico Samsung que confirma que el 80 % del tráfico de Internet es intercambio entre pares. Es decir, hay un flujo dinámico entre un emisor de datos y un receptor, sin una tasa al respecto, por lo que aún se desconoce si establecer un pliego tarifario será o no beneficioso para el Internet.

Desde la perspectiva de la Internet Society, la entidad que busca el equilibrio en la red, el reglamento que surgió de las negociaciones en Dubái dista mucho de ser perfecto porque hay fuertes intereses de países autoritarios que buscan introducir en la infraestructura de Internet mecanismos que atentan contra derechos civiles: asumir la gobernanza de la Web; asignar direcciones y números IP; inspeccionar paquetes de datos. Esto redundaría en un mayor control, contrario al espíritu de la plataforma mundial.

El actual secretario general de la ITU, Hamadoun Touré, dijo en su momento que la reunión de Dubái solo buscaba ampliar el acceso a Internet, elevar su disponibilidad de la banda ancha e intensificar la lucha contra la pedofilia, el malware y el spam, entre otros fenómenos.

Pero hay propuestas (de Brasil y Rusia, por ejemplo) para que los Estados puedan asignar direcciones IP y nombres de dominio.

Dado que estas regulaciones pueden y suelen afectar las legislaciones nacionales, muchos gobiernos podrían encontrar en esto el método perfecto para arrogarse el derecho de asignar o no espacios en la Red. Es decir, gobiernos autoritarios podrían decidir cuáles espacios de Internet estarían bajo su control, y quiénes podrían usarlos.

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