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Sala pide a Asamblea, explique como va reforma a ley pensiones

El parlamento tiene hasta el 10 de junio para entregar el informe respectivo

Ya han transcurrido más de cinco meses desde que la Sala ordenó a la Asamblea realizar las adecuaciones a las leyes.

Ya han transcurrido más de cinco meses desde que la Sala ordenó a la Asamblea realizar las adecuaciones a las leyes.

Ya han transcurrido más de cinco meses desde que la Sala ordenó a la Asamblea realizar las adecuaciones a las leyes.

La Sala de lo Constitucional solicitó a la Asamblea Legislativa que presente un informe del estado del cumplimiento de la resolución que la Sala emitió el 23 de diciembre de 2014, en el que se ordenaba al Órgano Legislativo realizar adecuaciones ordenadas a la Ley del Sistema Financiero de Ahorro para Pensiones.

La Sala reitera que de acuerdo con lo establecido en la resolución inicial, que se emitió en diciembre de 2014, la Asamblea Legislativa tiene la obligación de realizar las adecuaciones de ley necesarias a Ley del Sistema Financiero de Ahorro para Pensiones y a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales para que no se inviertan los fondos de pensiones en compras de certificados de inversión a bajo interés.

Lo anterior en beneficio de los cotizantes, quienes resultan afectados con la baja rentabilidad de las inversiones y que los fondos de pensiones puedan utilizarse con tasas de interés más justas que permitan un equilibrio entre la rentabilidad de los fondos de pensiones y la capacidad estatal de pago de los mismos.

La Sala en el fallo, emitido el pasado miércoles 27 de mayo, brinda 10 días hábiles para que la Asamblea presente un informe de lo que se está haciendo al respecto.

Dicho tribunal considera que es un periodo de tiempo razonable que el Órgano Legislativo requiere para debatir el asunto, analizar las ventajas y desventajas que presentan las diferentes opciones de tasas internacionales de interés de referencia.

Además les permite realizar consultas y proyecciones para darle los alcances que considere pertinentes, tomando en cuenta el beneficio de los cotizantes y jubilados.

La actual resolución de la Sala se emite tras la denuncia que el ciudadano Enrique Anaya presentó en marzo de este año. En la denuncia expresaba que a tres meses del anterior fallo de la Sala, la Asamblea no había realizado adecuaciones ordenadas a la Ley de Ahorro para Pensiones y a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.

Las adecuaciones ordenadas por la Sala se dieron procurando el beneficio de los cotizantes, ya que la no ejecución de la orden, afecta la rentabilidad de los ahorros de pensiones, dice la resolución.

"La ausencia de una debida rentabilidad de las inversiones obligatorias de sus ahorros previsionales imposibilita una adecuada tasa de retorno para su pensión para la vejez, aunado al costo de inversión que implica la inversión de Certificados de Inversión Previsionales (CIP)", detalla el documento que el ciudadano presentó a la Sala.

En el escrito, el demandante además explica que los más de $4,615.65 millones invertidos en CIP (Certificados de Inversión Previsional) continúan generando una escasa rentabilidad, con apenas el 3 % de interés anual que supuestamente dispuso el Consejo de Administración del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales como tasa de interés para la emisión del CIP, en una inversión de $111 millones que se realizó en enero de 2015, irrespetando la anterior resolución de la Sala de lo Constitucional.

Lo pondrán en agenda

El diputado Rodolfo Parker, miembro de la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, comentó que esta semana el punto no se trató en la comisión y considera que en la reunión del próximo lunes se agregaría a la agenda.

"Esta resolución estaría vinculada con una orden que dio la Sala, que no se ha cumplido todavía en lo relacionado a los intereses que estarían devengando los CIP que son adquiridos obligatoriamente por las AFP", explicó Parker.

El legislador considera que las adecuaciones que inicialmente ordenó la Sala no se han dado por falta de voluntad de las diferentes fracciones legislativas.

La Sala anteriormente dijo que no se podían continuar obligando a las AFP a comprar certificados (del gobierno) de inversión a bajas tasas de interés, y ordenó que se hiciera en base a tasas competitivas de mercado.

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