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Repartición de tierras en ley alimentaria genera polémica

Está en estudio en la Asamblea y pide al ISTA otorgar tierras ociosas a los campesinos

El ISTA deberá entregar tierras ociosas a los campesinos que no tienen propiedades. Foto edh

El ISTA deberá entregar tierras ociosas a los campesinos que no tienen propiedades. Foto edh

El ISTA deberá entregar tierras ociosas a los campesinos que no tienen propiedades. Foto edh

Una ley de buenas intenciones, de lenguaje fino, pero con varios componentes que generarían mayor burocracia, que apela al trueque y consagra que el Estado tiene la obligación de alimentar y de distribuir los recursos disponibles a los que no tienen, entre ellos, la tierra.

Así se plantea el anteproyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa para su análisis.

Lo anterior ya es objeto de crítica por parte de los diputados de ARENA, GANA y del PCN, porque, según ellos, el repartir las tierras y entregar alimentos gratuitos a la población, podría prestarse al beneficio sólo de un sector de la sociedad que sea afín a un determinado partido político.

Pero Orestes Ortez, ministro de Agricultura, defiende que el Estado está obligado a garantizar a la población sus alimentos por los medios que sean, incluso subsidiarles parte de la canasta básica. (Ver nota aparte).

La propuesta del Ejecutivo llega luego de que urgió a los diputados para que aprobaran aplicar más impuestos para pagar deuda y seguir con los programas sociales, ya que no tiene fondos a raíz del déficit fiscal.

Pero propone esta normativa mediante la cual obliga al Gobierno a asegurar la alimentación a las comunidades o personas que no tengan la capacidad de hacerlo por sí solos, según lo establece el inciso cuarto del artículo 7.

"El Estado adoptará las medidas para satisfacer las necesidades mínimas de las personas, grupos o colectivos a una alimentación adecuada, cuando no puedan cubrirlas por su cuenta", reza ese apartado y añade que son "obligaciones del Estado" y de "realización inmediata", para garantizar el "derecho a una alimentación adecuada".

Asimismo, establece en el inciso tercero del artículo 7, que el Gobierno deberá adoptar las medidas pertinentes, sean estas económicas, sociales, técnicas o de otro tipo, con el fin de priorizar la "adecuada distribución de los recursos disponibles", sin especificar si se trata de tierras, alimentos o infraestructura.

Pero en el artículo 40 sobre el "acceso a la tierra", se contempla que el Conassan (Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional), que sería el ente rector de la ley, solicitará al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), "la entrega inmediata de tierras ociosas del Estado, con el fin de volverlas productivas, mediante una distribución equitativa y con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres".

En ese mismo apartado dice que el ISTA deberá llevar un inventario de tierras debidamente detallado e informar al Conassan de la "intervención de los bienes inmuebles que excedan de las 245 hectáreas y las entregará a los campesinos y campesinas que a la entrada en vigencia de esta ley, carezcan de tierras para que procedan a cultivarlas", siempre y cuando no sean beneficiarios de otro programa de "Reforma Agraria".

Diputados critican ley

Vicente Menjívar, de ARENA, afirmó que el Gobierno lo que trata es de implementar medidas "populistas" con la repartición de tierras y diciendo que le dará de comer a la gente que necesita a través de una ley que también se apropia de atribuciones que ya le competen a otras carteras de Estado, como por ejemplo, al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

"El Estado debe buscar los medios para que esta gente se alimente, darle las herramientas como, en este caso, semilla mejorada para sectores campesinos de subsistencia. Te voy a dar pescado pero también te voy a enseñar a pescar. Cómo debés de hacer las cosas para alimentarte", recomendó.

Para Guillermo Gallegos, de GANA, la distribución de tierras estatales puede ser dañina para el país, como lo fue la Reforma Agraria que impulsó el expresidente Napoleón Duarte. "No me parece como muy conveniente estar distribuyendo la tierra del Estado. Esto de comenzar a repartir la tierra puede ser que sea como una reforma agraria que trajo al país bastante fricción", reflexionó.

Recomendó que pueden existir alternativas, como entregar en comodatos las propiedades. Añadió que lo mejor es analizarlo con detalle, antes de que sea aprobada la ley.

Que el Gobierno se obligue a brindar alimentos, dijo que "es una carga muy grande. Lo mejor es que el Estado genere condiciones para que cada quien pueda mantenerse y poderse subsidiar, eso puede generar una situación que nadie en el mundo lo puede hacer, es mejor generar condiciones económicas para que exista dinamismo económico y esta se desarrolle", aseveró.

Reynaldo Cardoza del PCN, expuso el riesgo de que la repartición de tierras se haga con un "tinte político partidario", de hecho, recalcó que a la fecha, la Asamblea ya aprobó varias donaciones de los terrenos anexos a las líneas férreas y parcelas a familias que no tenían donde vivir.

"Eso no es garantizar la seguridad alimentaria, es una repartición que se está tratando de hacer y poner de pretexto una ley, se tendría que hacer de diferente manera, pero no repartiendo las tierras", argumentó Cardoza.

En cuanto al planteamiento de regalar alimentos, Cardoza es de la idea que se debe hacer un estudio detenido de quiénes en realidad lo necesitan, porque critica que se "puede promover a que la gente no trabaje, habría que tener mucho cuidado", sin embargo, no descartó que esto, al igual que la repartición de tierras, puede prestarse a un interés "político partidario".

Otro de los mecanismos que impulsa el proyecto de ley es tener acceso "de manera regular, permanente y libre, ya sea directamente, mediante compra en dinero, trueque o intercambio de alimentos por otros productos, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente".

Además de todas las obligaciones que el Estado se impone, incluso hasta se autosanciona si incumple con lo dispuesto en la ley. Se hace una distribución burocrática de sistemas, consejos y un Tribunal sancionador que serán liderados desde el Ejecutivo a las comunidades y cantones.

Estos se desglosan por orden de jerarquía de la siguiente manera: el Conassan; que es el ente rector, que sería presidido por el presidente de la República y únicamente podría ser sustituido por el vicepresidente; así como la Dirección Ejecutiva del Conassan, denominada (Deconassan) y el Comité Técnico Intersectorial de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Coteissan).

Además de los Comités Departamentales para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Codessan), los Comités Municipales para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Comussan), y el Consejo Ciudadano de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cocissan).

En el anteproyecto se propone la instalación del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinassan), una entidad cuya función sería velar por el derecho a "estar protegido contra el hambre".

Este, a su vez, tendría seis instancias subordinadas que trabajarían desde el nivel más alto hasta los comités municipales y un Consejo Ciudadano de Soberanía.

"Es una ley que se contradice, es inconstitucional, porque le quita potestades a otros ministerios", aseveró Menjívar. Añadió que estos comités se atribuyen responsabilidades de carteras de Estado como Salud y Agricultura. (Ver más detalles en nota aparte).

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