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12 razones por las cuales los buseros presentarán amparo en Corte Suprema de Justicia

Las asociaciones de transportistas consideran que el VMT y el MOP han cometido "arbitrariedades" para echar a andar su proyecto estrella, Sitramss

12 razones por las cuales los buseros presentarán amparo en Corte Suprema de Justicia

12 razones por las cuales los buseros presentarán amparo en Corte Suprema de Justicia

12 razones por las cuales los buseros presentarán amparo en Corte Suprema de Justicia

Las asociaciones Aeas, ATP y Rutas Unidas Salvadoreñas interpondrán el viernes un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por las supuestas "arbitrariedades" del VMT y el MOP para echar a andar su proyecto estrella, Sitramss.

1. Obligación de asociarse a Sipago

Una de los principales acciones que reclamarían los transportistas es la obligación de asociarse a la empresa de buseros Sistema Integrado Prepago (Sipago), que nació de la Mesa Nacional de Transporte.

Según los buseros, para ser parte del nuevo sistema de recaudación del pasaje, a través de una tarjeta prepago, y del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) deben asociarse a Sipago.

Las gremiales AEAS, ATP y Rutas Unidas Salvadoreñas han denunciado que Sipago no representa a las actuales rutas de la zona oriental del área metropolitana de San Salvador.

La sociedad Sipago fue constituida en diciembre de 2010 con un capital social de dos mil dólares, para administrar y explotar el sistema prepago, brindar asesoría en materia de transporte de personas, y administrar empresas dedicadas al transporte, entre otras, según escritura de constitución del Registro de Comercio.

2. Cobro electrónico sin marco legal

Las reglas del juego en el tema de transporte público de pasajeros debe estar bajo una cobija legal, así lo estiman los transportistas.

Pero el Gobierno no ha creado un marco regulatorio que justifique el cobro electrónico de la tarifa del transporte público de pasajeros.

Los transportistas argumentan que el proyecto debe incluirse en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o crear una nueva ley especial.

Mediante una "resolución razonada", el VMT le dio luz verde a la empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes) para instalar las primeras máquinas lectoras de tarjeta en la zona de Santa Tecla, Ciudad Merliot, parte de la Libertad y en el norponiente del área metropolitana de San Salvador.

Desde que en julio de 2013 se anunció la obligatoriedad de pagar con tarjeta en esas zonas, hasta la fecha los usuarios continúan pagando en efectivo y rechazan utilizar el plástico. Pese a que la medida ha tenido más críticas que usuarios, Subes es quien dará el servicio de cobro electrónico en los buses del Sitramss.

3. Gobierno no licitó proyecto Sitramss

Entregar a empresas privadas "la explotación" de varias obras construidas con fondos públicos sin hacer una licitación, podría ser otro argumento de los buseros para que la Sala de lo Constitucional de la CSJ detenga el proyecto Sitramss.

Ellos infieren que han entregado los carriles exclusivos del Sitramss, que van desde los centros comerciales de Soyapango y bulevar del Ejército, hasta la 33a. av. Norte, por el hospital Médico Quirúrgico; el paso a desnivel que conecta el bulevar del Ejército con el Arturo Castellanos; seis estaciones de abordaje para el Sitramss y una terminal de Integración. El Gobierno construyó la infraestructura con un préstamo de $45 millones del BID.

4. "Resolución razonada"

Dicho documento, emitido el 20 de agosto de 2013, contiene las disposiciones para implementar el sistema de cobro con tarjeta prepago.

La disposición no es una ley, pero le allanó el camino a Subes para comenzar a instalar los aparatos en rutas de Santa Tecla, Ciudad Merliot, La Libertad y el norponiente de San Salvador. El artículo 7, literal "C", señala que todas las unidades deberán contar con el equipo y el sistema correspondiente para utilizar el mecanismo de cobro electrónico.

El negocio está en manos actualmente de la empresa Subes, ya que el VMT no le ha dado el "visto bueno" a otras empresas que quieren entrar en el negocio, como la sociedad Rutas Unidas Salvadoreñas de Soyapango y Trade Internacional.

5. Sin licitar nuevas líneas para el Sitramss

Durante todo el proceso de modernización, los transportistas afirman que el Gobierno "ha omitido" licitar las nuevas líneas de buses que serán parte del Sitramss. El VMT dijo que no otorgaría nuevas concesiones, sino que los buses que estén por cumplir su vida útil (independientemente cual sea su recorrido) podrían "traspasar" la placa y el permiso de línea a una unidad del nuevo sistema.

Los buseros alegarían ante la Sala que el VMT autorizó el uso de concesiones existentes a favor de la sociedad Unión de empresas Sipago-Subes. Actualmente, los buses articulados y tipo padrón que realizan la prueba piloto del Sitramss portan placas de la ruta 29D y 29H.

6. VMT y MOP ha incumplido importantes convenios

La municipalidad de Soyapango y el VMT firmaron convenios interinstitucionales para ejecutar la primera fase del Sitramss, un proyecto de parque municipal y uno habitacional prometido a las familias de la comunidad Jardines del Bulevar.

De acuerdo con las gremiales, los funcionarios no han honrado los compromisos adquiridos. La alcaldía aceptó el terreno en donde actualmente habitan 160 familias, a cambio de haber donado otro inmueble para que el MOP construyera la megaterminal del Sitramss , ubicado en el bulevar del Ejército y la Av. Rosario Sur, en Soyapango. Los habitantes de esa comunidad temen un desalojo sin que el Gobierno les haya dado alternativas para irse a otro lugar.

7. Subes y el negocio de la prepago

Debido a que el VMT solo le ha dado el "visto bueno" a la empresa Subes para instalar los aparatos lectores de tarjetas prepago, un grupo de buseros expondría a la CSJ que se está realizando una "práctica monopólica" a favor de esa sociedad. Dicha empresa fue fundada en abril de 2011 como Subes Uruguay, después llega a El Salvador y es contratada por Sipago en diciembre de ese mismo año, para que provea la tecnología para el cobro electrónico del pasaje y todos los servicios relacionados con el transporte público que necesiten tanto los dueños de autobuses como los usuarios y el gobierno.

Los transportistas advierten que el Gobierno obliga a utilizar el plástico tanto a los dueños de unidades como a los usuarios. Ellos manifiestan que Subes y Sipago obtendrán millonarias ganancias con el cobro electrónico de la tarifa y con la ejecución del Sitramss.

8. Plan de modernización

Los transportistas que destacan irregularidades en el proceso de implementación del proyecto, exponen que la primera pieza del plan fue crear la Mesa Nacional de Transporte en julio de 2009, porque de ahí surgió la sociedad Sipago, a la cual el gobierno anterior y el actual le ha dado "total apoyo".

Los buseros consideran que ahí se "identificó a las personas idóneas, obedientes y leales al gobierno de turno". Además, señalan que el Gobierno dejó en manos de Sipago la misión clave de establecer las especificaciones técnicas para seleccionar y contratar a la empresa que brindaría la plataforma tecnológica.

En 2011, Sipago contrató a Subes con el "visto bueno" del VMT; pero fue en septiembre de 2013 que se fusionaron como Unión de Empresas Sipago-Subes, S.A. de C.V., para comprar buses y desarrollar el negocio de transporte.

9. Alegan violación a derechos constitucionales

Los buseros afectados aseguran que el VMT y el MOP está violando los derechos de los usuarios y de los concesionarios del servicio de transporte.

Entre esos derechos está el de la libertad de asociación, contemplado en el artículo 7 de la Constitución, el cual señala que nadie puede ser obligado a pertenecer a una sociedad.

Ellos se refieren a que el VMT no puede sancionarlos o prohibirles continuar prestando sus servicios de transporte, por no pertenecer a Sipago.

También apelarán al derecho a que el Estado concesiones las obras de uso público, previsto en el artículo 120; como sería el caso del Sitramss.

Además dice que las concesiones deben ser sometidas al conocimiento de la Asamblea para su aprobación. Mientras que el art. 110 prohibe los monopolios, sino es a favor del Estado o de municipios.

10. Fracaso del proceso de modernización del transporte

De acuerdo con las gremiales que interpondrían el amparo ante la Sala de la CSJ, debido a la violación de varios derechos constitucionales tanto de los usuarios como de transportistas, el proyecto de modernización no avanza de la mejor manera, pese a que los trabajos de infraestructura iniciaron el primer trimestre de 2013.

Actualmente, aseguran que solo se tienen obras públicas construidas a medias y una población inconforme debido a los atascos viales que ha causado la construcción de primero y segundo tramo del Sitramss, de las estaciones de transbordo, del paso a desnivel de la 50a. avenida Norte y del que conecta al bulevar del Ejército con el Arturo Castellanos.

11. No pago de compensación

Las gremiales denuncian que son objeto de una serie de sanciones que está llevando a la "quiebra técnica" a los transportistas que no son afines al gobierno.

Una de ellas es el no pago de la compensación desde 2012, que según Rutas Unidas Salvadoreñas podría ascender a la fecha $9 millones.

Denuncian que el VMT ha pagado el subsidio solo a los integrantes de la Mesa Nacional de Transporte; señalan que se les impone esquelas hasta por faltas mínimas, como no cumplir los tiempos de recorrido, cuando debido al Sitramss el tráfico es más pesado en la capital.

12. Reformas a reglamentos y a ley transitoria

La Asamblea Legislativa ha aprobado dos reformas: una al Reglamento General de Transporte Terrestre, el cual ya fue publicado en el Diario Oficial en diciembre del año pasado. Ahí se incluyó nueva terminología para darle vida al Sitramss, como buses articulados, padrón, carriles exclusivos, terminal de Integración y otros.

La otra reforma es la ley transitoria para la estabilización de las tarifas, el pasado jueves, todavía no ha sido firmada por el Ejecutivo. También busca regular el cobro de forma electrónica.

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