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Quieren que jueces vean medidas cautelares

Abogado Luis Parada dice que cada fase puede estar sujeta a varias rondas de escritos que presentan las partes en controversia.

Planta geotérmica de Ahuachapán del asocio LaGeo, asocio que está en conflicto que se resolverá en el CIADI. foto edh/

Planta geotérmica de Ahuachapán del asocio LaGeo, asocio que está en conflicto que se resolverá en el CIADI. foto edh/

Planta geotérmica de Ahuachapán del asocio LaGeo, asocio que está en conflicto que se resolverá en el CIADI. foto edh/

El abogado por el Estado salvadoreño en el litigio que se sigue en el CIADI, Luis Parada, explicó que no existe límite de tiempo de plazo máximo plazo para avanzar en el proceso en cada etapa una vez iniciada la disputa.

Sólo se tiene un tiempo de no más de 60 días para instaurar la primera audiencia después de constituir el tribunal.

El resto de pasos puede ajustarse los tiempos a la disposición de los miembros del tribunal y de las partes mismas, explicó.

"En el presente arbitraje se está intentando que coincidan la primera sesión del tribunal con la audiencia sobre la solicitud de medidas provisionales. La fecha va a depender de la disponibilidad de los miembros del tribunal", agregó el abogado.

La compañía de producción de energía limpia ha pedido medidas cautelares, es decir, una declaratoria urgente para que el tribunal obligue al Estado salvadoreño a cesar el millonario embargo impuesto que le impide a la empresa movilizar activos e incluso capitalizar dividendos propios de sus inversiones.

El especialista dice que esta demanda, al igual que otras que se ventilan en el organismo multilateral, la primera audiencia suele ocuparse para establecer el calendario procesal del caso.

El presidente y los árbitros, en acuerdo con la demandante y la defensa, ponen sobre el calendario las citas al tribunal para revisar cada una de las etapas de la discordia.

Cada fase, ha explicado el abogado Parada, puede estar sujeta a varias rondas de escritos, que funcionan como respuestas y contra respuestas a algún argumento de las partes en controversia.

Este caso, que está amparado bajo la Ley de Inversiones de El Salvador con el Capítulo 15 de esta normativa legal, y que faculta al Convenio CIADI, creado en 1966 para dirimir conflictos entre inversionistas y Estados.

La demanda de la empresa Enel Green Power contra El Salvador que fue admitida por el CIADI en agosto del año pasado y estuvo inactiva hasta finales de abril de este año, cuando la compañía demandante hizo propuesta para el árbitro para instalar el tribunal.

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