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Profesores en alerta ante nueva propuesta de ley

Educación impulsa una nueva Ley de la Carrera Docente que elimina la revisión salarial

Mientras el Ministerio de Educación declina opinar sobre la propuesta de ley, pues "está en discusión con las gremiales", estas afirman haberla conocido por vías "no oficiales". Foto EDH

Mientras el Ministerio de Educación declina opinar sobre la propuesta de ley, pues "está en discusión con las gremiales", estas afirman haberla conocido por vías "no oficiales". Foto...

Mientras el Ministerio de Educación declina opinar sobre la propuesta de ley, pues \"está en discusión con las gremiales\", estas afirman haberla conocido por vías \"no oficiales\". Foto EDH

Los docentes ya no gozarán de aumento salarial cada tres años, los directores no podrán hablar públicamente sobre las necesidades de sus escuelas y los docentes serán despedidos al acumular tres faltas leves como la de llegar tarde.

Esos son sólo tres de los cambios radicales contemplados en una nueva propuesta de Ley de la Carrera Docente que la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación (Mined) ha preparado y que la cartera de Estado busca promover este año en la Asamblea Legislativa.

Aunque la propuesta no ha sido presentada oficialmente, al menos dos de los gremios de educadores, Bases Magisteriales y Simeduco, ya la revisaron y han encendido las luces de emergencia entorno a esta iniciativa; sobre todo porque que el ministro de Educación, Franzi Hato Hasbún, les ha propuesto discutirla en las próximas reuniones a las que convoque a todas las gremiales.

Luego de analizar detenidamente la propuesta de ley, los dirigentes de ambas gremiales están en desacuerdo y aseguran que tomarán medidas para evitar que esta sea aprobada tal y como está diseñada. Consideran que elimina o restringe varios "derechos conquistados", entre ellos el del incremento salarial y el de traslado.

¿Qué pasa con el tema salarial? En el artículo 36 del proyecto, se habla de que los docentes tendrán derecho a los incrementos que aplique el gobierno a todos los empleados públicos. No obstante, quedó fuera la revisión salarial cada tres años, como establece la Ley de la Carrera Docente emitida en 1996.

En adelante, según el artículo 37 del proyecto, los educadores tendrán un aumento de 10 % en su salario cuando suban de categoría, el cual se da por tiempo de servicio activo del docente.

En este proyecto de ley se plantean 10 categorías, en lugar de las seis existentes.

Además, los profesores podrían acceder a reconocimientos, becas y bonos (uno en julio y otro en diciembre) si pasan las evaluaciones que lleven a cabo las unidades técnicas de Educación.

De esa manera tendrán mayor peso sobre sus hombros para tomar programas de actualización pedagógica o de especialidad que sean brindados por las instituciones de educación superior, como contempla la propuesta.

Incrédulos

La entrega de bonos no es novedosa. Anteriores administraciones educativas los dieron a los docentes de escuelas cuyos alumnos obtenían buenos promedios en la Paesita y en la Paes. Pero estos bonos ya no son entregados.

Aunque las autoridades de Educación y más de un experto en la materia consideren que supeditar la entrega de incentivos a la superación profesional es lo mejor para elevar la calidad de enseñanza, los dirigentes de Bases y Simeduco tienen dudas respecto a que el gobierno cumpla con la entrega de bonos.

Según detallan, la desconfianza nació porque en los últimos dos años el gobierno ha incumplido la ley del magisterio en lo que respecta al incremento salarial.

La nueva propuesta de ley docente no establece el monto de los bonos que le entregarán a los educadores que demuestren mejoras profesionales. Eso implica que el gobierno definirá la asignación y periodicidad con la que se entregarán.

Cabe señalar que, de forma previa, las gremiales se mostraban a favor de que se creara una nueva ley docente que dejara definido el porcentaje de incremento salarial que reciben cada tres años.

Bases Magisteriales y Simeduco consideraban que esto les evitaría estar negociando cada tres años. Sin embargo, a última hora, se han visto sorprendidos porque Educación deja fuera el tema en la propuesta de ley.

Por el momento se desconoce cuál es la visión de la cartera de Estado sobre esta propuesta. Tras solicitar una entrevista para solventar dudas, por medio de correo electrónico, explicaron que "el tema de la nueva Ley de la Carrera Docente está en plena discusión interna con los gremios magisteriales".

Según la respuesta de la oficina de Comunicaciones, el proyecto "es un borrador y hay propuestas y contrapropuestas y por lo tanto no se puede dar una opinión oficial a un tema que está en discusión en la Mesa Permanente de diálogo con los gremios".

Esas palabras llamaron la atención, pues las gremiales, incluyendo Andes 21 de Junio, expresaron que ellos tuvieron acceso al documento de propuesta por otros medios, pero no los oficiales.

Poder

El salario no es lo único que preocupa a Manuel Molina, secretario general de Simeduco, y a Paz Cetino Gutiérrez, su similar de Bases Magisteriales. Ambos subrayan que la nueva ley pondrá a directores y docentes a merced de la discrecionalidad de los directores departamentales.

Estos son cargos que suelen ocupar personas cercanas al partido gobernante.

El artículo 50 de la propuesta afirma que el director departamental tendrá la facultad de organizar territorialmente los centros educativos y creará los organismos consultivos de administración.

Estas son instancias formadas por los directores de centros que trabajarán bajo el modelo de "nuclearización" impulsado por Educación, el cual busca profundizar en los últimos dos años de gobierno.

Los directores departamentales también estarán encargados de hacer reconocimientos públicos a maestros.

"Imagínese cómo se va a utilizar esto políticamente", subraya Paz Cetino Gutiérrez, secretario general de Bases Magisteriales, tras señalar que quienes usualmente reciben la medalla magisterial, con motivo del Día del Maestro, son afiliados a la gremial Andes 21 de Junio.

Bases y otras gremiales se abstienen de participar en el proceso porque desde las direcciones departamentales de educación le piden a los profesores que voten por los candidatos de dicha gremial.

Jueces y parte

El proyecto inspira temor porque asigna a las Juntas de la Carrera Docente la potestad de iniciar procesos de oficio, procesar y resolver con rapidez en contra de los profesores y otros miembros de las comunidades educativas cuando se sepa que han cometido una falta.

En la actualidad, las juntas solo proceden cuando hay una denuncia de parte del Mined y otros actores del sistema educativo, porque fueron creadas para dirimir problemas que se dan entre los miembros de las comunidades educativas.

Jorge Villegas, dirigente sindical que participó en la elaboración de una anterior propuesta que al final fue desestimada por Educación, señaló que dar a las juntas la potestad de iniciar un proceso de oficio es convertir a esas instancias en juez y parte.

Ellos ven complicada la situación, sobre todo porque Educación ha incrementado el nivel de gravedad de las faltas y la severidad de las mismas. La propuesta de ley no solo contempla faltas menos graves, graves, muy graves, como hasta hoy, sino también "faltas gravísimas".

En adelante el docente que incurra tres veces en la misma falta, de cualquier nivel de gravedad, será despedido.

Entre las falta menos graves están la impuntualidad injustificada durante tres días en el mes y llevar a cabo actividades distintas de la labor educativa durante su jornada de trabajo, entre otras.

Las faltas graves incluyen la desobediencia a los superiores jerárquicos en asuntos relacionados con el quehacer educativo o con el desempeño laboral. También la falta de respeto a dichos superiores, a sus compañeros de trabajo, a los educandos y a los padres de familia, sea en su presencia, por escrito o a través de publicidad.

Hoy también será considerado una falta grave "negar sin justa causa la toma de posesión a cualquier docente que haya sido seleccionado por el Tribunal Calificador para ocupar una plaza vacante".

Se trata de una situación que ha sido recurrente en el sistema educativo. La experiencia indica que la resistencia al cambio es mayor cuando la persona que llega a ocupar una plaza tiene el respaldo del director departamental.

Entre las faltas gravísimas están no solo la de acosar sexualmente a miembros de la comunidad educativa, sino también no liquidar los fondos transferidos por el Mined en los plazos establecidos.

Los docentes se preguntan ¿qué pasará cuando la propia cartera de Estado se retrase mucho para asignarles a las escuelas los fondos para pagar las cuentas?, como ha ocurrido en los últimos años. Razón por la que ellos no alcanzan a entregar las cuentas en las fechas establecidas.

A los miembros del magisterio les preocupa que optar a una plaza será más complicado, porque ahora tendrá más peso la especialidad y no la antigüedad de graduación del docente, como antes ocurría.

En segundo lugar, se tomará en cuenta el derecho a traslado, seguido por la antigüedad de graduación, el lugar de residencia y el reingreso por cualquier causa que no sea la jubilación. Esto último impide que los maestros retirados vuelvan a las aulas como lo han acostumbrado debido a que las pensiones son bajas.

De igual forma se cuestiona que el Tribunal Calificador, a la hora de dar la plaza, tendrá que tomar en cuenta la afinidad religiosa del aspirante cuando la vacante es para instituciones administradas por religiosos. Los miembros del magisterio ven en ello una violación a la igualdad de los salvadoreños.

Piden una consulta

¿Qué opina Andes 21 de junio? Israel Montano, secretario general de la gremial cercana al gobierno, explicó que conoce un proyecto de ley al que tuvieron acceso "por otras fuentes", pero que aún no pueden brindar opinión porque están discutiéndolo en el Consejo Ejecutivo y con apoyo de sus jurídicos.

Montano confirmó que se trata de una propuesta distinta a la que los representantes de varios gremios elaboraron meses atrás junto a los técnicos del Mined.

"Tiene un 50 por ciento del que se trabajó y algo adicional. Como que le han metido algo que hizo Picardo, pero eso se tiene que someter a discusión de todo el magisterio, de lo contrario no aceptaríamos", añadió el dirigente sindical cercano al FMLN.

Por el momento, subraya que la intención del borrador es positiva. "Lleva cosas buenas, pero también cosas que no aceptamos, pero no puedo aventurarme a dar más detalles hasta que lo analicemos completamente", afirmó sin dejar de precisar que como gremial lo someterán a consulta con las bases.

"Es un remiendo"

El especialista educativo, Oscar Picardo Joao, considera el anteproyecto de ley como "un remiendo". Pero ¿porqué? Según él, "no aborda los temas sustantivos de calidad, formación, especialización, evaluación ni dignificación de la carrera docente".

A Picardo, quien años atrás fue contratado por la Asamblea Legislativa para diseñar un anteproyecto de ley docente que terminó engavetado, le extraña que la nueva propuesta de ley que impulsa Educación hable de que hacen falta cometer tres faltas para despedir a un docente y además no marque una diferencia entre el concepto de faltas muy graves y gravísimas.

"Mantiene esa burda tónica administrativa que rebasa con creces lo pedagógico", subrayó al ser consultado al respecto. El experto cuestiona que en la ley no se dé mucha relevancia a la Escuela Superior de Formación de Maestros, que no se defina el proceso que un profesional graduado, por ejemplo, en Biología de universidades de prestigio como el MIT, Harvard o Yale deberá seguir para ser maestro en el país. "¿Deberá tomar 32 cursos para ejercer acá?", se pregunta.

De igual manera destaca que la nueva propuesta de Ley de la Carrera Docente no establece claramente si las universidades seguirán dando formación inicial docente, pese a que en uno de los artículos cita que los docentes tienen que someterse a cursos que estas impartan.

"El resto, sólo es administrativo, jurídico y político. En síntesis, con esta Ley nada va a cambiar ni a mejorar; no hay preescrito un sistema de evaluación concreto que establezca consecuencias, como las tienen los propios alumnos, de aprobar o reprobar", agregó Picardo Joao.

No los toman en cuenta

El sector privado tiene su propia visión entorno a la propuesta de ley. Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados (Acpes), reconoció que les asusta el hecho de que el proceso de formación de la ley no ha sido participativo.

Un ejemplo de eso, indicó, es que ellos no han sido convocados en ningún momento para discutirla.

"El tema de la educación privada en la Ley (de la Carrera Docente) siempre lo han aplicado como que si fuéramos del sector público. Los requisitos que les piden a los directores del sector privado son los mismos que se le piden a los del público", aseveró Hernández.

En efecto, la propuesta deja fuera a los miembros del sector educativo privado.

Según indica Hernández, otra parte de la ley actual que sería modificada es la que se refiere a la administración escolar, puesto que se les exige como si ellos, al igual que las escuelas, estuvieran administrados por Consejos Directivos Escolares (CDE).

"Prácticamente no nos incluye y después, cuando quieren aplicarla, lo hacen de una vez", detalla el dirigente.

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