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Prevén que vía ley se vulnere el acceso a información pública

Abogados critican que proyecto de ley de delitos informáticos viola varios derechos

El FMLN tiene previsto que el anteproyecto sea aprobado hoy durante la sesión plenaria. Necesita de 43 votos para su aval. Foto EDH

El FMLN tiene previsto que el anteproyecto sea aprobado hoy durante la sesión plenaria. Necesita de 43 votos para su aval. Foto EDH

El FMLN tiene previsto que el anteproyecto sea aprobado hoy durante la sesión plenaria. Necesita de 43 votos para su aval. Foto EDH

El anteproyecto de ley que penaliza los delitos informáticos, a criterio de abogados consultados por este Periódico, es una normativa con una redacción ambigua que puede dar pie a interpretaciones distintas al espíritu con el que fue creada y convertirse en una especie de ley mordaza que facilite al Gobierno no brindar información pública, así como atentar contra la libertad de expresión.

Algunos artículos que contiene el anteproyecto, a juicio del abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, están mal redactados y recomienda a diputados afinar la ley antes de aprobarla, ya que se prevé que la Asamblea Legislativa la avale hoy.

Bertrand Galindo ejemplifica que se establece en el proyecto lo que es información reservada y confidencial, pero que lo anterior no queda claro, lo cual puede ser "peligroso" a la hora de aplicarla.

Los diputados y también abogados Rodolfo Parker (PDC) y René Portillo Cuadra (ARENA) van más allá, creen que este proyecto puede coartar el acceso a la información pública y la libre expresión.

Bertrand Galindo dice, por ejemplo: "Porque yo puedo tener en un programa normal información que yo la considero confidencial, pero no la he declarado así, el tema es en qué momento se considera información confidencial".

La ambigüedad de la ley es otro de los cuestionamientos que Bertrand Galindo observa y que cree podría ocasionar sanciones severas para un delito que no está establecido debidamente.

Y es que en algunos artículos, como el 12, el anteproyecto menciona que quien obtenga datos o información reservada o confidencial a través de las tecnologías de la información será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

Esta discrecionalidad que se detalla en la ley también podría violar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), tal como lo define el abogado y diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.

"Este proyecto de ley vulnera derechos fundamentales de las personas como el derecho a la búsqueda de información y el derecho a obtener información, choca frontalmente con estos dos derechos que son fundamentales, son figuras jurídicas bien vagas, yo le pudiera casi asegurar que es bien difícil que pase mañana (hoy), ARENA no votaría", afirmó Portillo Cuadra.

Aunque el país cuenta con una Ley de acceso a la Información Pública, el Gobierno ha puesto candados a información que, según la ley, debería ser pública, en especial la referida a los gastos en viajes y publicidad del Presidente de la República, impuesta por la administración Funes y ratificada por Sánchez Cerén.

El legislador tricolor dice que ha encontrado en el proyecto de ley 17 observaciones y que una de las más importantes es que no se está protegiendo el bien jurídico que es la imagen, la identidad y el patrimonio, y que lo único que se está regulando es el uso de las redes sociales o telecomunicaciones.

Coincide con Bertrand Galindo en que la ley necesita ser ajustada, ya que la redacción no es clara para tipificar los delitos, y que lo más grave es que impone sanciones incluso más duras que las contempladas para los conductores peligrosos.

"Ese proyecto es un desastre, tiene una redacción muy mala, tiene figuras jurídicas indeterminadas que al final no se sabe qué penaliza", argumentó Portillo Cuadra.

Al diputado Parker también le preocupa artículos como el 12 en el que se define que si una persona obtiene información "reservada o confidencial", será penado con cárcel de cinco a ocho años.

"Hay que leer despacio la letra fina porque no podemos arriesgar que por vía de esta ley se ponga en riesgo la libertad de expresión que los medios divulguen lo que tengan que divulgar y la gente tenga conocimiento", aseveró.

A su juicio, pone en riesgo la labor periodística, ya que este podría no actuar de forma indebida al buscar información, pero la interpretación que se le pueda dar al artículo 12 puede resultar siempre que "uno salga amolado", valoró.

Hay otro artículo, el 4, en que según Bertrand Galindo la pena es excesiva, pues por la falta de claridad en catalogar los delitos se puede caer en la arbitrariedad.

El referido artículo dice que la persona que "intencionalmente y sin autorización o excediendo la que se le hubiera concedido acceda, intercepte o utilice parcial o totalmente" un sistema informático será sancionado con prisión de uno a cuatro años.

"Probablemente el cuatro debería de tener una pena un poco menor, no hace ningún daño con entrar, simplemente entrar y sacarle la lengua a la gente, hay que leerla con más detalle", argumentó.

Portillo Cuadra también visualiza una "desproporción en las penas" y lo ejemplifica así: "Si ingreso a una computadora para tratar de ingresar a esa base de datos, ese delito tiene una pena mayor que para el que maneja en estado de ebriedad", comparó.

El anteproyecto de ley de delitos informáticos fue acordado anteayer por la Comisión de Seguridad, sin embargo, el diputado del FMLN, Misael Mejía, aseveró que hoy, antes de someterla a votación, podrían hacer modificaciones, ya que el partido aún tiene dudas en los primeros artículos referidos al ámbito de aplicación de la ley.

Mientras que ARENA, según lo dicho ayer por Portillo Cuadra, no estaría votando por la normativa. El proyecto requiere de 43 votos para su aval.

Antonio Almendáriz, del PCN, no puso reparos en la ley. Según dijo, esta determina penas para delitos como la suplantación de identidad, la pornografía infantil, difamación, daño a la imagen y el honor de una persona a través del Internet y las redes sociales, así como el hurto de datos y contraseñas para usar indebidamente tarjetas de crédito, entre otros aspectos.

En el caso de GANA, el diputado Guillermo Gallegos publicó en su cuenta de Twitter que él es parte de la comisión que analizó el anteproyecto y que al menos hasta ayer el partido no había firmado el dictamen para su aprobación. La comisión se reunirá hoy.

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