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Presidente retrocede en respeto a la democracia

El informe de Fusades hace un recuento de las acciones de Funes que, según ellos, deterioran la democracia.

Contrario a los años anteriores, durante el cuarto año "se registra graves actuaciones del mandatario orientadas a facilitar el control partidario de las instituciones públicas", cooperó con la Asamblea Legislativa en contra de la Sala de lo Constitucional, de la independencia judicial y de la separación de poderes, plantea Fusades como parte del observatorio sobre el compromiso del presidente Mauricio Funes con la democracia.

Pero además, dice el informe, en este cuarto años se presentan otras acciones y omisiones del mandatario "en detrimento de la democracia", particularmente "su pasividad" ante el uso partidario del proyecto Alba en perjuicio de una competencia electoral equitativa, su reiterada intolerancia a la crítica y sus actuaciones tendientes a obstaculizar la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Fusades le hace un recuento de sus respaldos a decretos legislativos orientados a afectar el trabajo de la Sala de lo Constitucional, tal es el caso del polémico decreto 743 con el que se le exigía unanimidad a la hora de votar sus sentencias, y el 43 con el que se permitía el funcionamiento de la Corte Plena sin que el presidente de la misma convocara y estuviera presente. Esto último se hizo durante la presidencia en la CSJ de Belarmino Jaime.

También le achaca la falta de voluntad al presidente y de la Asamblea para transparentar las fuentes financieras de los partidos, aún cuando hayan avalado una ley de partidos políticos. Esto lo relaciona con el hecho de que el proyecto Alba Petróleos tiene "una clara y abierta participación en las actividades proselitistas del FMLN y de su candidato oficial con los programas del Alba".

A esto se suma, según Fusades, otros hechos como la tardanza del mandatario para nombrar a los comisionados del Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP) al vetar las ternas por falta de idoneidad y luego que la Sala de lo Constitucional le ordenara hacerlo. También le achacan el haber declarado en reserva los gastos en publicidad de la Presidencia.

Otra acción presidencial en contra de la LAIP, dice el documento, fue una reforma a esa normativa que introdujo el FMLN y que ese mismo partido reveló que se elaboró en conjunto con el Ejecutivo. Estaba orientada a quitarle toda facultad al Instituto de que sus resoluciones en cuestión de conflictos fueran vinculantes, sino que lo limitaba a meras recomendaciones.

Otra acción que observa Fusades en la actuación de Funes es la reiterada ruptura con empresarios que incluso llevaron a representantes del sector a abandonar el Consejo Económico y Social (CES) bajo el argumento de que no pueden participar en una mesa de diálogo dirigido por un gobierno que atenta contra la democracia, entre otros.

Funes también logró el aval de la Asamblea para reformar las leyes orgánicas de 19 autónomas con la que expulsó al sector privado de los consejos directivos al quitarles su derecho a elegir a sus representantes y dejar eso a discreción del Presidente.

Este cúmulo de acciones con las que entró en conflicto con la empresa privada y la misma crisis institucional en la que participó, influyeron en el deterioro del clima de inversión en el país, afirma Fusades.

Añade que a eso también abona otra decisión presidencial de incumplir el laudo arbitral internacional en el caso LaGeo. "Representó un grave déficit en materia de seguridad jurídica", afirma.

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