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Piden fiscalizar empresas que tienen dinero público

ARENA propone reformas a la Lacap y Ley de la Corte de Cuentas para que empresas como Alba se sometan a auditorías; en el FMLN dicen que no han evitado que fiscalicen Alba 

Plenaria Presupuesto

San Salvador, jueves 26 de noviembre de 2015. | Foto por Jorge Reyes

San Salvador, jueves 26 de noviembre de 2015.

La Asamblea Legislativa conoció ayer dos propuestas de reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) y a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, con miras que las empresas que tienen capital accionario del Estado deban hacer licitaciones para contratar obras y servicios, además de ser fiscalizadas por el ente contralor. 

La primera de las medidas, presentadas por la bancada de ARENA, pretende reformar el artículo 2 de la Lacap, con miras a incluir a aquellas sociedades que sean o hayan sido constituidas con fondos públicos, donde el Estado tenga o haya tenido por lo menos el 25% del capital accionario de la misma, ya sean autónomas o municipales. 

La segunda media busca reformar el artículo 3 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República para que se le provea de herramientas que le permitan fiscalizar a aquellas sociedades que hayan sido fundadas con fondo públicos. 

El proyecto también señala que la Corte de Cuentas tendrá jurisdicción sobre aquellas entidades u organizaciones “que reciban asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos”.

Para el diputado y proponente de las reformas, el arenero Ernesto Muyshondt, hay empresas que por el hecho de ser sociedades anónimas, siendo propiedad del Estado en su mayoría, no están sujetas a la fiscalización ni a la Lacap.

Entre ellas, señaló que están la empresa Alba, integrada por una sociedad formada por alcaldías del FMLN y Enepasa; así como las compañías que son subsidiarias de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), tales como la INE y LaGeo, entre otras.

En el caso de las empresas Alba, el tricolor sostuvo que deben ser fiscalizadas en vista de que “son utilizadas con fines políticos, para financiar partidos políticos, para pagar altos sueldos de dirigentes políticos”. Y agregó que dichas compañías “han sido burda y descaradamente utilizadas para financiar el proyecto político del FMLN”. 

“Nosotros esperamos que en aras de las transparencia y del buen manejo de los fondos públicos esas empresas sean reguladas y controladas en aras de la transparencia”, agregó. 

Según dijo, el porcentaje del 25 por ciento propuesto está basado en la legislación mercantil, en lo relativo al derecho de las minorías. “El derecho de las minorías es que, cuando se tiene al menos el 25 por ciento de participación accionaria, pues tiene derecho el accionista a tener una representación en la Junta Directiva”, explicó el arenero.

Por su parte, la diputada del FMLN, Nidia Díaz, consideró que están de acuerdo que se hagan reformas para darle más potestades a la Corte de Cuentas, pero aseguró que nunca han evitado que se controle a las empresas con capital estatal. 

“A esas ideas de mejores mecanismos de más control no nos oponemos. Tampoco hemos huido nunca a las auditorías, de lo de Alba, Petrocaribe, de las empresas del Estado. Toda vez que se jueguen fondos del Estado, hay apertura”, sostuvo la legisladora.

Asimismo, señaló que en la actualidad hay mejores controles y transparencia. “Nunca antes en el país se ha vivido tanto período de transparencia como hoy”, acotó. 

Por su parte, Mario Ponce, jefe de bancada del PCN, consideró que hasta el momento no han analizado las propuestas del partido tricolor, pero señaló que cualquier reforma a la Lacap debe ser analizada con detenimiento. 

“No he leído la iniciativa. Simple y sencillamente nosotros quisiéramos analizar al detalle para ver si la decisión de hacer una reforma a la Lacap es lo más pertinente. El problema de trastocar una ley tan importante es que le puede estar abriendo la puerta a un uso inadecuado de los recursos”, aseveró.

Uno de los peligros, a su juicio, es que algún funcionario pueda reorientar recursos y que “se salten los mecanismos que la Lacap que ordena, o que se reorienten a cosas que no son para la parte institucional”, consideró.

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