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Piden a CSJ suspender cobro de impuesto a usuarios de telefonía

Abogado señala que es una medida previa a la demanda, mientras se indaga si cobro es constitucional 

Penciones Comtradefop

El abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya se presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte para interponer su petición de suspender el impuesto a la telefonía. | Foto por Archivo

El abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya se presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte para interponer su petición de suspender el impuesto a la telefonía.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió el martes una solicitud para que se suspenda la entrada en vigencia del nuevo impuesto del 5 por ciento a las telecomunicaciones, como medida previa a una demanda de inconstitucionalidad que determinará la legalidad o no de dicho tributo.

El escrito fue presentado por el abogado constitucionalista Enrique Anaya, para quien este tipo de solicitudes son una novedad en materia constitucional, pero asegura que el mismo es procedente en vista de que el cobro del nuevo tributo vendría a afectar gravemente al bolsillo de los salvadoreños.  

“En el derecho constitucional históricamente en El Salvador no se ha dado, pero modernamente se entiende que se puede solicitar cuando el daño es inminente, y para evitarlo se hace la petición”, detalló el abogado.

Según explicó, este tipo de solicitudes son habituales en materia penal, civil y de familia. “Es muy común que antes de evitar un juicio, para evitar el daño, alguien antes de presentar la demanda puede pedir esto que se llama medida cautelar (o medida de protección)”,  dijo.

Anaya argumentó que la urgencia de que la Sala conozca esta petición se debe a que el cobro del impuesto entraría en vigencia mañana, según el proceso de formación de ley. 

Dicho tributo, denominado Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 29 de octubre. 

El decreto sería publicado en el ejemplar del Diario Oficial del 5 de noviembre, por lo que entraría en vigencia el 13 de noviembre. Pero, según Anaya, la publicación saldrá en “los primeros días de diciembre”, tal como consta en un escrito enviado al abogado por parte de autoridades del Diario Oficial.

“Como el gobierno está entendiendo que el mal llamado tributo entre en vigencia el viernes, yo posiblemente me tardaría más días en hacer la demanda (de inconstitucionalidad). Entonces le he pedido a la Sala, como diligencia previa a la demanda, que nos otorgue a todos los ciudadanos una medida cautelar que consiste en impedir que entre en vigencia el impuesto mientras yo presento la demanda y se discute si es constitucional o inconstitucional el nuevo tributo”, explicó.

Según dijo, la Sala de lo Constitucional tiene cinco días hábiles para responder si acepta o no la solicitud del abogado, quien tiene 30 días para entregar una demanda de inconstitucionalidad en caso de que la Sala acepte suspender la entrada en vigencia del impuesto. 

Hay antecedentes
Según el constitucionalista, existen antecedentes en la Sala de lo Constitucional sobre medidas de protección cuando hay un daño a la ciudadanía, entre ellos citó la suspensión del cobro del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).

Según Anaya, se trata de un antecedente no como acto previo, sino junto con una demanda de inconstitucionalidad presentada por una ciudadana contra dicho cobro.

“Se ordenó que el Fonat no se siguiera cobrando, pero había gente que ya lo había pagado, pero lo que quiero evitar es que no entre en vigencia porque a partir del viernes nos comenzarían a cobrar a todos cinco por ciento más en nuestros servicios de telecomunicaciones”, señaló.

El impuesto del 5%  a las telecomunicaciones fue aprobado por todas las bancadas, a excepción de ARENA. Consiste en un recargo para los usuarios de servicios de telefonía, de televisión por suscripción y transmisión de datos, así como la adquisición de dispositivos tecnológicos, terminales o aparatos vinculados al servicio de telefonía.

En un inicio, el Gobierno pretendía que dicho tributo fuera del 10 %, pero aceptaron reducir el porcentaje .

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