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Niegan información sobre El Chaparral a diputados de ARENA

CEL dice que informes son reservados porque FGR tiene proceso abierto en el caso El Chaparral

Diputados de ARENA

Diputados de ARENA llegaron a la CEL a preguntar sobre la solicitud de información del caso El Chaparral. | Foto por EDH/ Edmee Velásquez

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) negó el acceso a la información relacionada con la presa El Chaparral, solicitada por diputados de ARENA.

Los tricolores solicitaron toda la documentación relacionada con el proyecto, principalmente aquella que justificó el pago de $108.5 millones a la constructora italiana Astaldi S.p.A. como parte de un proceso de arreglo directo con CEL, en el gobierno de Mauricio Funes. 

La autónoma aseveró que esos documentos son “reservados” debido a que forman parte de una investigación vigente de la unidad especializada de delitos de corrupción, de la Fiscalía General.

Además, manifestaron que la Junta Directiva de CEL recibió de parte del Juzgado de Paz pertinente (sin precisar cuál) una imposición judicial de guardar reserva de la información, producto de la solicitud realizada por la Fiscalía dentro del desarrollo de las actividades extrajudiciales que está realizando.

“Si bien es cierto CEL, mediante su oficial de información, resolvió negar el acceso a la información por estar comprendida una reserva de ley es porque dentro del proyecto El Chaparral existe un proceso de investigación fiscal, el cual inició en el 2013 y que dentro de la misma hay ciertas diligencias de carácter judicial”, explicó Claudia Asunción, asesora jurídica de CEL.

La abogada aseguró que por este motivo pidieron ayer al Fiscal General que se pronuncie sobre las peticiones que se le están haciendo a la autónoma sobre este tema, porque afirma no “tener parámetros” para establecer si con la entrega de la información causarían perjuicio al proceso que se está realizando.

 La resolución les fue notificada a los diputados Carlos Reyes, Alberto Romero, Ana Vilma de Escobar, Ernesto Muyshondt y Rodrigo Ávila, luego que se presentaran en las oficinas de la institución, tras no recibir respuesta de su solicitud interpuesta el 19 de agosto pasado.

El diputado Reyes aseguró que preguntaron a los empleados que les informaron sobre la resolución, que si la negativa tenía que ver con el documento que firmó el presidente de CEL con Astaldi, donde había una cláusula de confidencialidad, pero ellos solo hicieron referencia a los argumentos planteados en la resolución.

Antes de determinar que otras acciones legales tomarán, Reyes aseguró que analizarán la resolución, aunque aseguró que apelarán ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

“No vamos a parar de pedir esta información ni de transparentarla. Vamos a ocupar todas las instancias. Aquí nos han dicho que no, pero vamos a ir al Instituto de Acceso a la Información a pedir que se le ordene al oficial de información de CEL que se nos de toda la información que es necesaria que el pueblo salvadoreño conozca, ya que el pueblo ha gastado 108.5 millones de dólares por un hoyo que está abandonado”, apuntó.

Alberto Romero, jefe de fracción de ARENA, expresó que de todo el pliego de documentos que solicitaron hay licitaciones y fueron públicas.

“Entonces ¿cómo explicarle al pueblo salvadoreño que hacen una licitación pública y niegan la información? Se contradicen ellos solos”, dijo.

Los diputados tricolores llegaron a las oficinas de CEL ante la falta de noticias sobre la solicitud hecha.

La Oficina de Información y Respuesta (OIR) de CEL les aseguró que les notificaron el 1 de septiembre pasado a la dirección de correo electrónico que ellos dejaron consignado para recibir la información. Reyes le explicó que dicha dirección había sido ‘hackeada’ y no sabían de la notificación.

Entre la información solicitada por los areneros está el respaldo técnico y financiero para pagar a la constructora italiana, el respectivo contrato, los estudios de preinversión y factibilidad y las actas de junta directiva de CEL que están relacionadas con la obra, entre otros aspectos. 

De Escobar cuestionó que si el IAIP ordenó a la Corte de Cuentas entregar un informe de auditoría del proyecto por ser público, por qué CEL decía que información es privada. 

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