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EE. UU. menciona a Armando Flores en informe por no dar información pública

El reporte anual sobre Derechos Humanos de Estados Unidos lo menciona por haber violado la Ley de Acceso a la Información

El extitular de Economía se rehusó a dar datos financieros de Alba Petróleos, una empresa en la que hay fondos públicos. foto EDH

El extitular de Economía se rehusó a dar datos financieros de Alba Petróleos, una empresa en la que hay fondos públicos. foto EDH

El extitular de Economía se rehusó a dar datos financieros de Alba Petróleos, una empresa en la que hay fondos públicos. foto EDH

El Salvador no pasó inadvertido en el informe anual de 2014 sobre violaciones a los Derechos Humanos en América Latina publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El caso del exministro de Economía y excandidato a alcalde de Santa Tecla, Armando Flores, del FMLN, ocupó una parte del informe.

"Aunque la ley (de Acceso a la Información Pública) establece mecanismos para apelar la denegación de información, las autoridades no han aplicado de manera efectiva la ley. Algunos funcionarios públicos se negaron a publicar la información. Por ejemplo, el ex ministro de Economía, Armando Flores, se negó a revelar la información financiera sobre Alba Petróleos al Instituto de Acceso a la Información Pública el 19 de mayo", reza parte del informe.

Y es que Flores fue condenado en mayo del año pasado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a pagar una multa de $6,060 por haber cometido una "falta grave" a la ley, al haberse negado a brindar información de los movimientos financieros de venta y compra de combustible de la Sociedad Alba Petróleos cuando Flores era ministro de Economía, así como a facilitar de inmediato la información denegada.

Flores negó información que según la ley es pública y que fue solicitada el 23 de septiembre de 2013 al ministerio de Economía por José Guillermo Miranda Cuestas, sobre detalles económicos de la sociedad de capital mixto Alba Petróleos, empresa creada en 2006 por PDV Caribe, subsidiaria de la venezolana Pdvsa y 25 alcaldías del FMLN que usaron dinero del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (Fodes), para constituirse en sociedad (Enepasa).

Miranda Cuestas pedía a Flores en su calidad de titular de Economía que le brindara detalles de inventarios de importación, producción y consumo de forma anual del mercado de combustibles entre diciembre de 2007 y agosto de 2013.

Así como participación en porcentaje, en importaciones y ventas, en el mercado de combustibles de forma anual en ese mismo periodo, tanto en galones como en valor monetario efectuadas por Alba Petróleos a estaciones de servicio de bandera blanca y al resto de competidores.

Pero ante la negativa de Flores el ciudadano acudió al IAIP para hacer valer su derecho, a lo que el Instituto resolvió a su favor, pero el extitular de Economía en vez de acatar la resolución interpuso un recurso de revocatoria y el IAIP revisó el caso hasta el 28 de julio del año pasado, cuando estableció que su resolución era la correcta.

No conforme con esto, Flores se amparó en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), institución que admitió su demanda el 26 de agosto del año pasado y suspendió el acto reclamado, por lo que mientras no resuelva, el exfuncionario no pagará ni brindará los datos solicitados.

"Quedó sin efecto la resolución del Instituto que le ordenó al ministro (Flores) dar la información y pagar la multa, quedó paralizado a raíz de la medida cautelar dictada por la Sala de lo Contencioso", afirmó ayer el Comisionado Jaime Campos al consultarle del caso.

Desde que la Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia el 8 de mayo de 2012, dos casos de funcionarios públicos han llegado hasta instancias judiciales: el de Flores y el del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del FMLN.

Reyes también fue condenado a pagar una multa, primero de $666 por no revelar el listado de asesores del Congreso, esto a petición de un periodista de La Prensa Gráfica, pero Reyes se negó, al igual que diez de los diputados directivos de la legislatura 2012-2015. Solo los cuatro directivos de ARENA la cancelaron.

Ante la reincidencia de Reyes de no acatar, el IAPI elevó la sanción a "muy grave" y le impuso una multa de $9,324. En ambos casos la Sala de lo Contencioso no ha resuelto aún. Reyes ahora es presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Proesa).

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