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Los buseros acusan al VMT de atropellar al sector con amenazas

Transportistas de varias gremiales exponen una serie de irregularidades de tipo legal en torno al Sitramss, las cuales piden se investigue

Los buseros agremiados en Rutas Unidas Salvadoreñas, ATP y AEAS declararon estar preocupados debido a la serie de irregularidades e ilegalidades que han cometido las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) para echar a andar su proyecto estrella, Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).

Según sus declaraciones, los transportistas que no están de acuerdo en cómo se ha ejecutado la obra viven entre las amenazas, la prepotencia y la "matonería" del vicetitular del ramo, Nelson García.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS), Genaro Ramírez, ha pedido al Cuerpo Diplomático en el país, especialmente a la Embajada de los Estados Unidos, a que esté "atento a los sucesos" entorno a la puesta en marcha del sistema.

"El VMT comienza a decir que el que no instale el sistema de cobro electrónico, iba a comenzar a tener problemas, y comienza a no matricular las unidades de los empresarios que no cumplían las exigencias de una empresa privada, Subes. Obligaron a los empresarios, después obligaron a los usuarios a pagar con tarjeta ", es el ejemplo de Roberto Soriano, dirigente de ATP, sobre algunas irregularidades.

Él se refiere a la disposición del VMT, a través de una "resolución razonada", publicada en el Diario Oficial el 16 de octubre de 2012, de instalar un sistema de cobro electrónico en la zona de Santa Tecla, Ciudad Merliot y la zona nor-poniente y sur de San Salvador. Un servicio tecnológico que hasta la fecha solo ofrece la empresa Subes.

Aunque ellos esperan que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admita la demanda interpuesta el pasado 12 de mayo, en donde solicitan se declare ilegal el Sitramss y se detenga el cobro electrónico, ellos siguen denunciando que el VMT ha violado la Constitución de la República.

"Es un tema muy complicado, hay demasiadas irregularidades. Nosotros hemos denunciado lo que se está pretendiendo hacer (con el transporte). (Quieren) hacer una toma del transporte", dijo Ramírez.

El transportista denuncia, entre otras cosas, que el VMT da beneficios al Sitramss, en detrimento del resto del sector. Él menciona que tiene cerca de 400 personas, entre agentes de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), gestores de tráfico del VMT y el Ejército para dar seguridad a 35 unidades que prestan servicio actualmente los buses tipo padrón y articulados.

"Es una de las rutas más pequeñas, tiene 35 unidades (el Sitramss) y (por eso) no despliegan un policía para ir a cuidar otra ruta", denunció.

Ramírez, también, refutó que el Gobierno le ha entregado una carretera de uso público a la empresa Sistema Integrado Prepago (Sipago). Él se refiere a los carriles exclusivos que construyó el gobierno con un préstamo del BID de $45 millones, desde los centros comerciales en Soyapango, hasta la 33a. Avenida Norte, en la alameda Juan Pablo II.

"(Ellos) argumentan que son concesiones dadas. Que yo sepa, ni la Juan Pablo ni el bulevar del Ejército se le ha concesionado a nadie. Los permisos que él (VMT) está utilizando, son permisos para autobuses, que eso es diferente a una concesión, que él diga dónde está la autorización para el uso exclusivo de esa calle. Lo que necesita concesión es la calle", exclamó Ramírez.

El transportista también denunció que los empresarios de Soyapango están siendo coaccionados para que firmen contratos con la empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes), y que sea ésta la que instale los aparatos lectores de tarjeta que necesitan para que se les pague la compensación por pasajero transportado de $0.02 centavos para los microbuses y $0.04 para buses.

Denuncian ilegalidades

Con documentos en mano, el representante legal de Rutas Unidas Salvadoreñas, Juan Pablo Álvarez, manifestó que muchas de las ilegalidades que comete el Gobierno están explícitas en algunos documentos. Entre ellos el acuerdo 358, el cual aprueba el pliego tarifario del Sitramss de $0.33 centavos ; y el decreto 84, sobre las reformas al Reglamento General de Transporte Terrestre.

Según Álvarez, el VMT creó la nueva ruta y los recorridos de los buses padrón y articulados del Sitramss el 23 de junio de 2014, cinco meses antes de que las denominadas rutas troncales y pretroncales fueran legalmente establecidas en el Reglamento.

"Las rutas troncales y las pretroncales aparecieron en el limbo jurídico hasta el 1 de diciembre de 2014, en las reformas al reglamento. Jurídicamente no existían este tipo de líneas. Pero estas rutas las creó el 23 de junio de 2014", mencionó.

Los transportistas denunciaron que a los buses del Sitramss le fueron "traspasados" permisos de líneas de otras rutas, como Acopatt y de Acostes S.A. de C.V.

De acuerdo a documentos del VMT proporcionados a través de la OIR, algunas placas de las rutas de buses 29-H, 29-D, 29-E, 29-F y 152-XOLL fueron trasladadas a los 37 buses que tiene actualmente el Sitramss.

"Han sido trasladadas en virtud de la modificación a las condiciones de línea concesionadas autorizadas, al nuevo sistema Integrado de Transporte", dijo el oficial de información. Además, acotó que el dueño de las 37 líneas de transporte corresponden a una sola concesionaria, que es la sociedad Unión de Empresas Sipago-Sitramss.

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional, ya la situación de violación a la Constitución y a las leyes es increíble. Que pidan información, que estén observantes de lo que está pasando en el tema de transporte, principalmente porque es de los sectores más estratégicos para un país", dijo Álvarez. Ellos acotan que si es necesario, se apliquen las sanciones al Gobierno por las violaciones cometidas.

De acuerdo con los buseros, desde diciembre de 2012 hasta la fecha el Gobierno les adeuda en concepto de compensación cerca de $19 millones.

No pagarles la ayuda económica es una estrategia para llevarlos a quiebra, denunciaron.

Respecto a la denuncia que interpusieron los buseros ante la Sala, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, dijo ayer, en el marco de la rendición de cuentas de dicha cartera ante la Asamblea Legislativa, que espera que la CSJ resuelva conforme a derecho y no contra el Sitramss. "Quiero expresar mi confianza que se va a fallar conforme a derecho", dijo. Los buseros piden que se declare ilegal el sistema y que se suspenda el cobro de $0.33 centavos.

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