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Las operadoras telefónicas previenen impacto por impuestos

Casatel afirma que se reducirá capacidad de consumo de los usuarios y se coarta el acceso de desarrollo de un país al frenar uso de la tecnología

Firma electrónica

La Ley de Firma Electrónica permite hacer contratos y trámites en línea. | Foto por Archivo

La Ley de Firma Electrónica permite hacer contratos y trámites en línea.

El impuesto afectará directamente a los usuarios de las telecomunicaciones y no distingue clase social ni económica. Esta es la principal preocupación expresada por la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel) y los empresarios ante la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa el jueves pasado de gravar con el 5 % a los usuarios de todos los servicios y productos que ofrece el sector de la telefonía.

Johanna Hill, directora ejecutiva de Casatel, explicó que la gremial ya está analizando las posibles “repercusiones del impuesto en el consumo o acceso que puedan tener nuestros usuarios”. 

La gremial, conformada por los cuatro principales operadores de servicios de telefonía móvil y fija del país, hizo hincapié en que las mejores prácticas internacionales están enfocadas en eliminar o reducir impuestos a las telecomunicaciones, no en imponer un tributo por la utilización de los medios tecnológicos como lo ha hecho el Gobierno del FMLN, con el apoyo de GANA, PCN y el PDC.

Hill justifica que se debe a que es este rubro el que “fomenta la innovación, desarrollo económico y social, la conectividad y la educación tecnológica”. 

Según dijo, una de las principales repercusiones es que en otros países se ha visto una reducción en el consumo que hacen los usuarios. 

Y no es para menos, pues según el dictamen 60 aprobado en el pleno el jueves pasado, se detalla que en el impuesto a los usuarios de las telefonías no hay escapatoria, pues el gravamen involucra todo lo que una persona pueda utilizar como medio tecnológico de comunicación.

“La contribución especial recaerá sobre la adquisición y/o utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades, independientemente de los medios tecnológicos, terminales, aparatos, o dispositivos que se empleen para su consumo...”.

El cargo se hará a todos los servicios de telecomunicaciones que se ofrezcan al público en general “en todas sus modalidades, ya sea que se transmita por medios alámbricos o inalámbricos o por cualquier otro medio físico, incluidos, pero sin limitarse, a telefonía fija y móvil, televisión por suscripción, transmisión de datos y servicios satelitales”.

Los arrendamientos, las transferencias, la importación, el retiro o la desafectación de los dispositivos tecnológicos, sean estos terminales, aparatos o accesorios y hasta el autoconsumo producidos por los mismos proveedores serán gravados también.

A raíz de esta medida, la gremial e individualmente las empresas involucradas, están analizando no sólo el impacto que cada uno podría experimentar en sus operaciones, sino también cómo se verá afectado el ecosistema de las telecomunicaciones y los proveedores involucrados. 

“Estamos bien interesados como sector en asegurar de dar un servicio de calidad, ser competitivos y tener nuestro ojo puesto en qué medidas tomar para traer nuevas tecnologías, dar mejores servicios y ampliar la cobertura”, apuntó Hill. 

El inconveniente que ven en este caso es que el Gobierno no consultó a las compañías antes de tomar una decisión como esta. 

“Lamentamos realmente que la Asamblea haya tomado esta decisión de aprobar un impuesto a los servicios y dispositivos sin haber hecho un análisis profundo de las implicaciones de esta medida para los usuarios de los servicios y para el país en general”, destacó la directiva de la gremial. 

Casatel asegura que ha mantenido la disposición de “contribuir con información técnica y detallada para que (los diputados) contaran con todas las herramientas para evaluar el impacto de estas medidas en el mediano y largo plazo”, pero nunca se les dio la oportunidad de brindar su aporte, y tampoco fueron consultados. 

Este tipo de iniciativas, aseguran, ponen al país en contracorriente, ya que la tendencia internacional es permitir el crecimiento de esta industria para facilitar el acceso a telecomunicaciones y lograr mayor conectividad entre las personas. 

En cuanto a la naturaleza del impuesto, Hill mencionó que “en temas de seguridad estamos dispuestos a contribuir pero pensamos que esta aprobación debió darse como resultado de un diálogo más extenso y abierto con todos los involucrados para constituir las medidas que fueran las más adecuadas y que implicaran el menor impacto para la economía de los salvadoreños”. 

En septiembre de este año El Diario de Hoy realizó una entrevista a Sebastián Cabello, director de la oficina del Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) en América Latina, y a Pablo Bello, secretario general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), quienes apuntaron que este tipo de impuesto viene a afectar la competitividad de la nación. 

En aquel momento, Bello destacó que “el arma para enfrentar la delincuencia es la comunicación, la telefonía móvil es el poder disponer de una población conectada y que pueda apoyarse mutuamente”, es por esto que consideró que gravar a esta industria es solo poner freno al desarrollo social y económico del país. 

Cabello indicó además que dicho impuesto solo demuestra “la incapacidad (del Gobierno) de ver formas más genuinas para financiar actividades de este tipo”. 

El temor que los directivos como los representantes de las telefonías tienen, es que la competitividad de El Salvador ante la región latinoamericana se vea amenazada. 

El tema central ronda alrededor de la idea del impacto que podría tener el impuesto en el ecosistema de la industria. 

En su momento, Bello y Cabello establecieron también que este tipo de impuestos viene a frenar a las empresas para continuar creciendo en un país, lo cual es preocupante puesto a que El Salvador  posee una penetración baja de acceso a internet móvil (motivo por el cual las telefonías buscan seguir invirtiendo para ampliar redes).

Se aleja inversión

Por su parte, representantes del sector empresarial señalaron que los dos nuevos impuestos por el Gobierno continúa dejando de lado el crecimiento económico del país, alejando la inversión extranjera y principalmente golpeando el bolsillo de todos los salvadoreños.

Para ellos, en materia económica el Gobierno debería buscar nuevas alternativas de desarrollo, crear políticas que acerquen a empresarios extranjeros y dejar de cargar al pueblo con gravámenes que no están siendo administrados de manera eficaz.

Los empresarios coinciden en señalar que independientemente de los cargos que se sigan haciendo, si el Gobierno no toma medidas serias, el país continuará sin un rumbo definido. (Ver más en siguiente página).

Diputados: no afectará

Los partidos que votaron en la Asamblea el jueves pasado por este impuesto, así como para gravar con el 5 % a quienes obtienen ganancias superiores al medio millón de dólares, reiteraron que el tributo del 5 % a los usuarios de la telefonía no será tan grave como lo describe Casatel y el sector empresarial.

En principio, el FMLN había propuesto aplicar el 10 % a todos los servicios y productos de las telecomunicaciones;  sin embargo, este plan no lograba recoger los votos del resto de partidos.

ARENA fue el único que desde un inicio rechazó la aprobación de más impuestos,  porque, según dicen, la afectación no contempla el nivel de ingresos de la población, es decir, que será un tributo que pagarán todos los salvadoreños, incluidos los más pobres.

Ayer, el diputado Mauricio Vargas calificó de “IVA disfrazado” el impuesto a la telefonía y cuestionó que el gobierno le rebaja a las tarifas pero por otro le quita ese beneficio.

Los economistas Rafael Lemus y Claudio de Rosa, aseguran que ambos impuestos podrían ser declarados “inconstitucionales” porque implicaría una doble y hasta triple tributación. (Ver nota aparte).

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