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Gobierno no retrocede en plan de nuevo impuesto

El presidente Salvador Sánchez Cerén reconoció que afectará a todo usuario de telefonía 

Autoridades buscan que ciudadanos paguen impuesto por consumo telefónico

El Gobierno reconoció ayer, en la voz del presidente Salvador Sánchez Cerén, que “la contribución especial” del 10 % que será cargado a los servicios de telecomunicaciones se trata de un impuesto que afectará buena parte de la población, pero detalló que el mismo es “equitativo”. 

“El planteamiento que hemos hecho no es improvisado, sabemos que afecta a la mayoría de la población, a todos los usuarios de las telecomunicaciones, que es la mayoría de los salvadoreños. Pero también afecta más a los que hacen más uso del servicio de la telefonía, y hay personas que hacen menos uso. O sea que es una contribución en la que todos los salvadoreños vamos a participar”, aseveró. 

Al respecto, el mandatario indicó que está dispuesto a escuchar a todos los sectores para “construir entendimientos” que permitan mejorar la propuesta que el Gobierno presentó la semana pasada a la Asamblea Legislativa. 

“En este tema específico sobre el tributo, nuestra disposición es a construir entendimientos. Nosotros hemos hecho una propuesta, y esperamos que sobre esa propuesta podamos construir los entendimientos”, aseveró. 

Insistió en que la situación de inseguridad que vive el país requiere de un presupuesto extraordinario y que “es justo que todos contribuyamos”. 

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, insistió en que la “contribución especial” surgió del Consejo Nacional de Seguridad y recordó que ahí también está representado el partido ARENA y las otras fuerzas políticas del país.

Además, confirmó que se busca recaudar un estimado de $140 millones y que en el seno del Consejo se decidirá cómo se utilizarán estos fondos, aunque adelantó que se enfocarán en tareas de prevención a la violencia y fortalecimiento institucional, sobre todo la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

“La contribución no irá al Fondo general de la nación. Como es una cuenta especial no se modificará su destino y haremos una planeación estratégica; ojalá los partidos políticos puedan hacer un debate profundo y se puedan involucrar todos los sectores”, agregó Lara.

Mientras tanto, el secretario de Gobernabilidad y Comisionado para la Seguridad, Franzi Hato Hasbún, puntualizó en una entrevista televisiva que el plan que el gobierno tiene para mejorar la seguridad cuesta un estimado de $2,500 millones y que se revisó sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la propuesta de tributo.

“Estos son planes con instrumentos de evaluación y seguimiento. Además buscamos invertir en atención y protección a las víctimas, aunque somos claros, no podemos decirle a la población cuándo se verá una reducción de los homicidios porque es un tema bastante complicado”, puntualizó Hasbún.

Además, los funcionarios anunciaron que están por presentar una propuesta de ley para la reinserción de pandilleros a la vida productiva, para la cual se necesitan recursos. 

Aducen reducción de tarifas máximas  

El secretario Técnico y de Planificación, Roberto Lorenzana, anunció que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) ha llegado a un consenso para aprobar a partir del 1 de octubre una reducción del 13 % a las tarifas en las telecomunicaciones, lo que permitirá absorber los efectos del impuesto a la seguridad. 

No obstante, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quien tiene presencia en la Junta Directiva de la Siget, desmintió que haya habido un acuerdo. En un comunicado, la gremial afirmó que la Siget solo ha hecho una notificación de audiencia a las empresas de telefonía fija y móvil para analizar un informe técnico elaborado por la gerencia de Siget.

Señalaron que después de dichas audiencias, la Junta Directiva de la institución tomará una decisión sobre modificar las tarifas máximas. 

En tanto, diputados de distintas bancadas legislativas tienen visiones encontradas sobre el nuevo impuesto. A juicio de Milena de Escalón, de ARENA, el Gobierno ha reconocido que “ha metido la pata” al intentar reducir en 13 % el costo de la tarifa telefónica. 

En tanto, Guillermo Gallegos, de GANA, manifestó que seguirán insistiendo en que se apruebe su propuesta de gravar el 10 % las utilidades de las operadoras telefónicas y no al consumo de los usuarios.

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