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Gobierno asegura que participación en la marcha es voluntaria

El mandatario sostiene que es un símbolo de la unión en el país

La copia de una nota girada por un director departamental de Educación circuló ayer en las redes. Foto EDH / redes sociales

La copia de una nota girada por un director departamental de Educación circuló ayer en las redes. Foto EDH / redes sociales

La copia de una nota girada por un director departamental de Educación circuló ayer en las redes. Foto EDH / redes sociales

El Presidente Salvador Sánchez Cerén afirmó ayer por la mañana que la asistencia a la Marcha por la vida, la paz y la justicia, programada para el 26 de marzo próximo, es de carácter voluntario.

De esa manera el mandatario salió al paso ante la inquietud que los profesores del sector público han expresado desde el fin de semana, con respecto a si es o no obligatorio que ellos y los estudiantes participen en el evento.

La actividad, que es impulsada por el gobierno y organizada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), saldrá a las 7:00 de la mañana de cuatro puntos de la capital con destino a la plaza al Divino Salvador de El Mundo, en donde se desarrollará una ceremonia a eso de las 11:00 de la mañana.

La duda de los maestros surgió luego que en el transcurso de la semana anterior los directores de varias instituciones de educación básica y media, tanto de San Salvador como de la Libertad, fueron convocados por las respectivas direcciones departamentales de Educación para informarles, entre otras cosas, cuál sería la cuota de estudiantes con la que está previsto que se sumen a la marcha.

Incluso ayer circuló en las redes sociales la copia de una nota que el director departamental de educación de Ahuachapán envió a un centro educativo de esa jurisdicción, y en la cual le estableció la cifra de alumnos que tiene que aportar.

Sin embargo, el Presidente Sánchez Cerén no solo advirtió que la marcha "es totalmente voluntaria", sino que también exhortó a toda la población a participar.

El mandatario insistió en que "la marcha es para decirle al mundo que El Salvador está unido y que queremos paz".

Mientras, la oficina de Comunicaciones del Ministerio de Educación (Mined) también dijo ayer a un medio local que la asistencia no es obligatoria. Sin embargo, los profesores están preocupados ante el hecho de que si convocan a los estudiantes, sobre ellos recae la responsabilidad de movilizarlos, lo cual ven arriesgado debido a las situaciones de inseguridad que día a día enfrentan los alumnos cuando se movilizan hacia los centros de estudio y de estos a su casa.

Los directores de algunos centros que han sido invitados, como el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), de la capital, estiman que los alumnos tendrán que madrugar para evitar los congestionamientos y lograr estar en las instalaciones como mínimo a las 6:30 de la mañana.

Tal como la gremial docente Bases Magisteriales lo hizo el fin de semana, ayer el Simeduco también cuestionó que se esté convocando para pronunciarse por la inseguridad que existe en el país.

"Nos preocupa por el hecho de que los maestros y muchos estudiantes no están convencidos de que se va a resolver el problema de criminalidad con la marcha. Lo otro es que no hay dinero (en las escuelas) para el pago de transporte y refrigerio para los estudiantes que participen", explicó ayer Francisco Zelada, secretario general del Simeduco.

Zelada insiste en que les preocupa que en la marcha coincidirán estudiantes de distintos puntos del país.

"Entonces en lugar de generar un ambiente de encuentro por la no violencia podemos poner en riesgo a nuestros estudiantes que vayan de lugares diferentes, controlados por pandillas diferentes", expuso el dirigente sindical.

De acuerdo con lo externado por el director del INTI, Óscar Melara, a ellos les han explicado que como mínimo el gobierno y los organizadores de la Marcha por la vida, la paz y la justicia buscan concentrar como mínimo 200 mil personas y como máximo 500 mil.

El personal del Seguro Social también recibió un memo en el que les decían que su asistencia era de carácter obligatorio; pero luego la medida fue suspendida. Cuando la Asamblea Legislativa aprobó el decreto, excluyó al Seguro Social, Ministerio de Salud y PNC.

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