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Fusades: Petrocaribe es deuda que salvadoreños pagarán

El informe dice que acuerdo debe pasar por el aval de la Asamblea Legislativa Advierte además que Petrocaribe inclusive dictará la política energética del país Denuncia también los vínculos entre el partido oficial, FMLN y la empresa Albapetróleos

Óscar Pineda, Javier Castro, Luis Mario Rodríguez, de Fusades, presentaron el informe sobre Petrocaribe: Una mirada legal y política. Sus efectos en El Salvador. Fotos EDH /claudia castillo

Óscar Pineda, Javier Castro, Luis Mario Rodríguez, de Fusades, presentaron el informe sobre Petrocaribe: Una mirada legal y política. Sus efectos en El Salvador. Fotos EDH /claudia castillo

Óscar Pineda, Javier Castro, Luis Mario Rodríguez, de Fusades, presentaron el informe sobre Petrocaribe: Una mirada legal y política. Sus efectos en El Salvador. Fotos EDH /claudia castillo

Petrocaribe, de la misma forma que Alba Petróleos, no ofrecerá almuerzos gratis para los salvadoreños sino una deuda más que las presentes y futuras generaciones tendrán que pagar, advirtió la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en un informe especial.

"Aunque en lugar de recibir directamente fondos, el Estado de El Salvador recibirá hidrocarburos, no hay duda de que el endeudamiento público a largo plazo que se generará comprometerá a las generaciones futuras que deberán pagar las obligaciones contraídas", dice el documento que fue divulgado ayer por el tanque de pensamiento.

En el mismo, Fusades cuestiona la vinculación abierta del partido oficial FMLN con Alba Petróleos, con el agravante de que ninguna institución fiscaliza a la empresa pese a que su constitución implicó el uso de fondos públicos (ver página 4).

Aunque en dicho informe Fusades menciona que algunos funcionarios del FMLN han asegurado que Petrocaribe no genera automáticamente deuda, sino que "se puede ir apartando un porcentaje para hacer pagos antes de los plazos, "esto no se considera viable, pues pagar antes del plazo de vencimiento evita la mora, no la deuda", concluye el informe elaborado por los departamentos de estudios Políticos y Legales de Fusades.

Incluso el presidente Salvador Sánchez Cerén hizo cuentas alegres con los supuestos "beneficios" y dijo le permitiría contar con $640 millones anuales para invertirlos en programas sociales.

Actualmente los gobiernos de Venezuela y El Salvador se encuentran negociando los detalles del acuerdo bilateral, en el cual se definirán elementos importantes como la tasa de interés, el plazo y condiciones de pago de la deuda.

La incertidumbre alrededor de aspectos básicos del convenio dificultan un análisis sobre las implicaciones de la incorporación del país a Petrocaribe, apunta Fusades.

No obstante esas partes oscuras del acuerdo que aún está en proceso, para el tanque de pensamiento una cosa queda bastante clara: la adquisición de más deuda para el Estado salvadoreño implicará pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa, si es que la intención es hacerlo con total transparencia y ateniéndose a las leyes del país.

"No es posible evadir los procesos legales ya establecidos en la Constitución de la República cuando se trata de los requisitos que deben cumplirse cuando el Estado adquiere un compromiso crediticio. La búsqueda de figuras alternas para disfrazar la deuda contraída y evitar la aprobación de la Asamblea Legislativa, provocaría que el tratado fuera inconstitucional", sostiene el informe de Fusades, el que también se analiza, los vínculos entre Alba petróleos y el partido oficial.

Los personeros del gobierno intentan disfrazar que la importación de combustible con el país venezolano se hará en condiciones preferenciales y facilidades de pago. Inclusive han asegurado que el pago del combustible no se hará en efectivo, sino, en especies, como productos agrícolas y medicinas, entre otros.

Sin embargo, Fusades insiste en que implica la adquisición de más deuda, al igual como se adquiere con los organismos financieros internacionales.

"Que El Salvador pague parte de su deuda con bienes implica que el Estado tendría que adquirir primero dichos bienes de empresas o proveedores locales, para posteriormente venderlos a Venezuela. Esto significa que El Salvador o entrega dinero a Venezuela para pagar su obligación en una de las modalidades posibles, o lo entrega a los productores locales para adquirir los bienes para cumplir con su obligación en la otra modalidad posible. En todo caso, la modalidad de pago no hace ninguna diferencia en la calidad de empréstito de esta deuda pública y, por lo tanto, tampoco afecta el quórum de decisión requerido para aprobarla", recalca Fusades.

El tanque de pensamiento trae a colación para reforzar su tesis dos sentencias de la Sala de lo Constitucional. En ellas, según Fusades, se establece que "la suma de las obligaciones financieras del Estado, que se originan de relaciones económicas con sujetos públicos o privados, es lo que se conoce como deuda pública".

Dictará política energética del país

Otra consecuencia que acarreará consigo la adhesión a Petrocaribe, según Fusades, es que será este mecanismo quien dicte en el futuro las políticas energéticas del país.

"Petrocaribe no solo es un acuerdo de cooperación energética, es un ente coordinador de las políticas públicas en materia energética de los Estados miembros. Es decir, que la pertenencia a esta agrupación, de alguna forma, concede un espacio de poder para el Organismo al interior de las decisiones del sector energético de cada uno de los países", advierte Fusades.

"El entonces candidato presidencial Salvador Sánchez Cerén anunció que "el ingreso de El Salvador a Petrocaribe va a garantizar que nuestro país pague inmediatamente solo un 60 % en la factura petrolera anual. Actualmente esa factura es de 1,600 millones de dólares. Eso significa que el Estado salvadoreño va a tener 640 millones de dólares más para invertir cada año", recuerda Fusades.

Pero el tanque de pensamiento le advierte que para lograr ese monto, es necesario que el Gobierno asuma la totalidad de la importación de los hidrocarburos que el país consume, lo que implica dejar por fuera al resto de actores del mercado petrolero.

"Para alcanzar ese flujo la importación total de combustibles debería concentrarse en el gobierno, es decir que el Estado tendría el monopolio de la importación. De acuerdo con cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), para 2013 las importaciones de hidrocarburos y petróleo crudo alcanzaron los $1965.9 millones. La única forma para que el Gobierno obtenga un flujo de efectivo mayor a $600 millones anuales, es que concentre la compra del petróleo y sus derivados, de otra forma el aporte proveniente de Petrocaribe será menor al proyectado", se advierte.

Además, advierten la posibilidad de que Alba Petróleos asuma la importación de combustible o el pago por el producto, como lo han anunciado dirigentes del FMLN.

No debe fomentar clientelismo político

En las consideraciones finales, Fusades exige que la aprobación del Acuerdo con Petrocaribe debe ser discutida por todos los sectores involucrados para otorgarle "el máximo grado de transparencia posible".

"El Gobierno ha expresado que el Acuerdo con Petrocaribe "se inicia con mesa limpia y que no asumirán la deuda de Alba Petróleos". No obstante, es necesario vigilar que efectivamente el Estado salvadoreño no adquiera los compromisos asumidos por Alba Petróleos y que esta situación no afecte los posibles beneficios del Convenio", sostiene el documento.

Fusades también insiste en que los funcionarios del Gobierno y del partido FMLN deben garantizar que este acuerdo de importación de combustible venezolano no implique adhesiones en foros internacionales por parte de El Salvador a Venezuela, ni mucho menos se convierta en una herramienta para pagar favores electorales.

"Si bien es cierto que el Gobierno de El Salvador ha expresado que los flujos provenientes de Petrocaribe se usarán para darle sostenibilidad y ampliar los programas sociales, también es importante que el uso de estos fondos sea transparente y no se convierta en un instrumento para fomentar el clientelismo político sobre los beneficiarios", plantea Fusades un su informe de más de 60 páginas, que ayer hizo público.

Para los creadores del informe, este es uno de los casos que ha sucedido en Nicaragua, donde los fondos que el gobierno recibe de Petrocaribe no han sido sometidos al escrutinio público.

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