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Fusades y Funde ven oportuno discutir nueva Ley de Probidad

Ambas organizaciones aplauden decisión de la CSJ porque sienta un precedente contra el enriquecimiento ilícito en el Estado

La investigación y el proceso judicial sobre el diputado Reynaldo López Cardoza es, desde el punto de vista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), una oportunidad y un precedente para crear una Ley de Probidad que permita investigar y sancionar el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos bajo estándares internacionales.

Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación, reconoció que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sienta un precedente, ya que se utilizó un marco legal vigente (Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos) que data de 1959 y que pone en la discusión política la necesidad de su actualización.

“Aunque esta es una Ley que tiene debilidades sancionatorias y que tiene ciertas deficiencias hay una base legal y constitucional que se empleó en el caso del diputado y que, según nuestros archivos, no tiene precedente. Por ello este es un buen momento para seguir la discusión del anteproyecto y de profundizar en el tema patrimonial por una cuestión de transparencia y de Estado de derecho”, analizó Castro.

Por su parte la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), que representa a Transparencia Internacional, considera que la resolución es un paso importante para fortalecer la Sección de Probidad de la CSJ, la cual en los últimos años ha pasado inadvertida y sin cumplir el rol que tiene asignada. 

“La medida no puede ser más oportuna, puesto que al seno de la Asamblea Legislativa se discute actualmente el Proyecto de Ley de Probidad para funcionarios públicos. Pedimos que este caso recién iniciado se desarrolle de forma transparente, respetando el debido proceso, libre de presiones político partidarias y de intereses de otros actores”, agregó Funde, a través de un comunicado.

Castro recordó que en la propuesta hecha como parte del grupo promotor se definen el fortalecimiento de la institucionalidad de probidad, una mayor multa y más herramientas (cambio en plazos y veces para presentar declaraciones) y más entes obligados.

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