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Carta expone propuesta

Funes rehusó negociar con Enel en 2011

Misiva de Enel proponía poner un techo a sus acciones en LaGeo

Funes rehusó negociar con Enel en 2011

Funes rehusó negociar con Enel en 2011

Funes rehusó negociar con Enel en 2011

El presidente Mauricio Funes rechazó una oportunidad para negociar un límite accionario para el socio estratégico de LaGeo, Enel Green Power, revela una carta cuya historia fue discutida ayer por el abogado Francisco Bertrand Galindo en el programa de televisión Frente a Frente.

La misiva, aseguró Bertrand Galindo, también ayuda a explicar la súbita separación de Irving Tóchez de su cargo como presidente de Inversiones Energéticas, S.A. de C.V. (INE), en diciembre de 2011, debido a que Tóchez había recomendado al presidente de la República, a través de una carta enviada al secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, que aceptara esta invitación de Enel para resolver por mutuo acuerdo las diferencias entre el Estado y el socio estratégico de LaGeo.

Enel, una empresa especializada en energía limpia, no necesitaba negociar con INE, la empresa privada que administra las acciones del Estado en LaGeo y que es controlada en un 99.9 % por la Cel, la entidad estatal que administra los recursos hidroeléctricos del país.

El 30 de mayo de 2011, Enel había ganado un arbitraje internacional que obligaba a INE a aceptar los derechos de su socio de invertir $127.4 millones en LaGeo y de capitalizar sus acciones.

El Gobierno de El Salvador se había opuesto a esta inversión desde 2005 porque convertiría a la empresa italiana en el accionista mayoritario de LaGeo, la única generadora de energía geotérmica del país. En este conflicto se haya la raíz del litigio internacional entre los dos socios propietarios de LaGeo, INE y Enel.

Enel comenzó el proceso de arbitraje en 2008 para reclamar sus derechos tal y como están descritos en el acuerdo de accionistas, y lo ganó con una decisión unánime por parte de un tribunal amparado por el International Chamber of Commerce.

El tribunal también rechazó, por completo, una contrademanda por violación de los términos del contrato de accionistas interpuesta por INE y Cel.

La carta de Enel al presidente de INE y la posterior recomendación positiva de Tóchez a la presidencia de la República demuestran un nivel de apertura por parte de los dos socios de LaGeo para resolver sus diferencias y obtener beneficios ventajosos para El Salvador.

Una oportunidad perdida

La carta de Enel a Irving Tóchez, presidente de INE, está firmada por Maurizio Bezzechieri en representación de Enel Green Power (EGP) y está fechada el 25 de noviembre de 2001, es decir, seis meses después del fallo.

Esto indica que el gobierno salvadoreño no había acatado, hasta entonces, ninguna de las obligaciones del fallo internacional. Al contrario, había ya iniciado un proceso de nulidad del fallo del arbitraje internacional, el cual llevaría ante la Corte de Apelaciones de París y que perdería el 9 de enero de 2013.

Bertrand Galindo, asesor y vocero de Enel en El Salvador y no el "apoderado legal" se consignó en el programa de televisión, indicó que había sido él quien recomendó esta línea de acción. Se trataba, afirmó, de "una resolución del conflicto por una vía no judicial", motivada porque había que "pensar estratégicamente".

Por medio de esta carta, Enel ponía sobre la mesa de negociación los principales puntos del conflicto y aseguraba que estaba "en la mejor disposición de iniciar con INE un proceso de conversaciones formales".

El representante de Enel, Bezzeccheri, proponía la designación de un equipo que discutiría y acordara los puntos principales, entre los que incorporaba algunos que le darían una gran ventaja al socio minoritario, es decir, a INE, a Cel y al gobierno salvadoreño.

Entre estos puntos se encontraba un "límite accionario máximo para EGP", lo que significa que el porcentaje del accionista mayoritario era negociable.

En su carta, Bezzeccheri también ofrecía como tema de discusión la "definición de una política de precios".

En la actualidad, argumentó Bertrand Galindo, LaGeo genera menos energía pero gana más y esto sólo es posible con precios más altos en la venta de energía geotérmica.

Esta carta le ofreció al gobierno una oportunidad única de negociar la división de poder en LaGeo, al mismo tiempo que reforzaría los intereses nacionales en el sector eléctrico tal y como estos fueron definidos por la Asamblea Legislativa en 1999: más energía limpia y al menor precio posible para toda la sociedad.

Según Bertrand Galindo, la respuesta de la presidencia a esta carta fue castigar a Tóchez por el solo hecho de sugerir que esta propuesta era sensata a principios de diciembre de 2011. Dos semanas después, Tóchez fue destituido como presidente de INE, aunque la presidencia sólo informó que había aceptado su "renuncia irrevocable".

"El señor Tóchez", explicó Bertrand Galindo, "le informa a Casa Presidencial vía el secretario técnico y le dice: 'Señor, he revisado esta cláusula, me parece sensata, y le pido autorización para sentarnos a conversar sobre estos temas, agregándole un punto', le dice él, 'cobrémosle a la LaGeo un impuesto por la sacada del vapor, que hace sentido. Es decir, si (LaGeo) va a pasar a manos privadas, el Estado es lo menos que puede hacer... así como yo taso el agua y taso tal otra le puedo poner un cobro al vapor, esto hace toda la lógica del mundo'. Dos semanas después lo destituyen".

Sorprendido por esta declaración, Moisés Urbina, el entrevistador del programa preguntó: "¿Esto es real, doctor?"

"Esto es real, es real", reiteró Bertrand Galindo. Urbina insistió: "¿Usted lo escuchó en pláticas entre pasillos o es algo que realmente puede decir: 'Así fue'?"

La fuente de información de este hecho, subrayó Bertrand Galindo, "no es don Irving (Tóchez), que conste, pero no puedo contar la fuente. De que vi esa carta que se mandó, la ví, tuve conocimiento y también es un hecho público que dos semanas después (Tóchez) ya no era presidente de la Cel".

Tóchez era presidente de la Cel y de INE, un hecho que había atraído críticas debido a que la Ley de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones prohíbe la duplicación de cargos en el sector.

Un año después de este incidente, Cel perdería el caso en la Corte de Apelaciones de París a un costo de $12.7 millones de dólares.

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