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FUNDE respalda a Fiscal General por casos de Probidad

La organización llamó al Fiscal a seguir adelante en lucha contra la corrupción tras denuncias sobre presiones y conspiraciones en su contra.

Funde-Alac en IAIP

La FUNDE llamó a las instituciones a continuar su compromiso en la lucha contra la corrupción. | Foto por Archivo

Por medio de un comunicado, el capítulo local de Transparencia Internacional, adscrito a la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), expresó su respaldo al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, luego de que este denunciara presiones y conspiraciones en su contra por las investigaciones sobre temas de Probidad.

FUNDE calificó de "inaceptable la existencia de estas amenazas o presiones de personas o de grupos que pretendan impedir u obstaculizar la persecución penal del delito de corrupción, así como poner en duda la necesaria independencia y autonomía de las instituciones públicas".

Además, en su comunicado la organización sostiene que las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en las que se ordena el inicio de juicio civil al diputado Reynaldo López Cardoza, al exdirector del ISSS Leonel Flores Sosa y al expresidente Mauricio Funes están apegadas a derecho y su legitimidad se enmarca en lo estipulado en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos y el artículo 240 de la Constitución de la República.

"Dichos instrumentos normativos asignan al Fiscal General de la República la importante tarea de realizar las diligencias iniciales de investigación correspondientes ante la posible existencia de actos de corrupción", agrega FUNDE y señala que el Fiscal debe contar con la colaboración del resto de instituciones públicas.

Por ello, hacen un llamado al Ministerio Público y al Órgano Judicial a cumplir con las atribuciones legalmente conferidas y "asumir un renovado compromiso" en la lucha contra la impunidad en los delitos relacionados a corrupción.

Finalmente, instan a la sociedad civil a hacer contraloría sobre el resto de casos y no renunciar a su derecho de acceso a la información pública.

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