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Frenan cuestionada ley de delitos informáticos

Ante las críticas ciudadanas, los diputados no la aprobaron ayer y la estudiarán más ARENA y el PDC observan que la normativa podría chocar con algunas leyes vigentes

La Asamblea tenía previsto avalar el anteproyecto de ley ayer, pero los diputados retrocedieron para analizarla con más detalle. Foto EDH / JORGE REYES

La Asamblea tenía previsto avalar el anteproyecto de ley ayer, pero los diputados retrocedieron para analizarla con más detalle. Foto EDH / JORGE REYES

La Asamblea tenía previsto avalar el anteproyecto de ley ayer, pero los diputados retrocedieron para analizarla con más detalle. Foto EDH / JORGE REYES

Los diputados retrocedieron ayer y no aprobaron la ley contra los delitos informáticos al darse cuenta de que contiene aspectos que podrían vulnerar la libertad de expresión, de que plantea sanciones severas, de que hay ambigüedad en la clasificación de las figuras delictivas y que en cuanto a las penas por la pornografía infantil hay cierta contradicción con lo establecido en el Código Procesal Penal.

Estos elementos llevaron a los diputados de todas las fracciones políticas a reconsiderar que el proyecto de ley requiere de un mayor análisis y que también deben cumplir con lo que establece el Reglamento Interno de la Asamblea, de que antes de aprobar una ley esta debe ser entregada con 15 días de anticipación a las fracciones legislativas.

El anteproyecto fue acordado el pasado martes en la Comisión de Seguridad y ese día la normativa contó con el respaldo del PCN, FMLN y ARENA; sin embargo, ayer el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, reconsideró su posición y dijo que la ley debe ser analizada con detalle, pese a que antes había afirmado que era un proyecto consensuado.

¿Cómo surgió esta ley? Al respecto, el exdiputado de CD, Douglas Avilés, confirmó que la propuesta fue de su iniciativa, pero que originalmente la idea no era crear una ley completa, sino de hacer reformas al Código Procesal Penal, pero en la Comisión de Seguridad decidieron que era mejor diseñar una normativa especial.

Para ello, los diputados de la Comisión de Seguridad de la legislatura pasada decidieron contratar a un consultor extranjero con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quien fue el responsable de elaborarla.

Avilés defiende que su propuesta nunca pretendió violentar la libertad de expresión y dice desconocer cómo quedó el proyecto que pretendían avalar ayer los diputados.

"Lo que yo presenté era castigar conductas delictivas que hay en el ciberespacio, sabotear sitios web, hackear cuentas con propósito malsanos, ya que por un lado tenemos el avance de la tecnología que nos ha dado tanto, pero en manos de delincuentes produce daños", afirmó.

Las críticas al proyecto no tardaron, tanto de parte de abogados como de la ciudadanía en general quienes criticaron en Twitter, que ven en la ley una especie de "mordaza" al derecho de expresarse libremente en las redes sociales y otros sitios de Internet.

Esto porque algunos artículos de la ley prácticamente inhiben a cualquier persona, ya sea natural o jurídica a expresarse libremente en el Internet, ya que en algunos artículos establece que cuando se publique información o se divulguen fotos o videos que se considere dañen el honor o la integridad moral de otra persona podrá ser encarcelado por un máximo de cinco años.

"El que haciendo uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación difunda información, imágenes, audios, videos o cualquier medio cuyo contenido cause perjuicio o dañe la dignidad, el honor, ponga en peligro la integridad física y moral de una persona, será sancionado con prisión de tres a cinco años", reza el artículo 24 de la ley.

El analista político Paolo Lüers afirma que el anteproyecto lo que en realidad debe buscar es proteger a los ciudadanos de abusos estatales como por ejemplo el "espionaje de nuestros datos, su almacenamiento por razones de control policial, pero también contra ataques cibernéticos, hackers malignos, fraude cibernético". Refiere además que es un campo nuevo, por lo tanto necesita ser regulado pero no en la manera como está redactado el proyecto.

Añade que los delitos que se contemplan en la ley como el "daño a la integridad" y "difusión de información perjudicial", entiéndase esta como "difamación, calumnia, e injuria" o la divulgación de datos personales y pornografía a través de las redes sociales, están regulados en otras leyes, por lo que recomienda que se redacte una normativa que busque la "seguridad y libertad informática".

"En pleno siglo 21, que es siglo de la informática, se necesita una ley, pero no cualquier ley. Mucho menos una ley represiva, con vocación restrictiva. Comencemos con el nombre: ¿Porqué piensan en una ley de delitos informáticos y no en una ley de Seguridad y Libertad Informática?", reflexiona Lüers.

El diputado del FMLN, Misael Mejía, reconoció que la ley amerita más estudio, pero porque considera que las penas son excesivas, no así el punto en discordia de que la normativa podría violentar la libertad de expresión.

"Lo que no es correcto es que a través de redes sociales o a través de los grandes medios de comunicación se difame, se calumnie o se vierta información falsa de las personas, eso sucede no solo en redes sociales, sino en la televisión y en medios escritos, se vierte información que no se comprueba", aseguró Mejía.

Mientras que el diputado Rodolfo Parker, del PDC, advirtió que de aprobarse la normativa tal cual está, se pone en riesgo la labor que desempeñan los periodistas en su búsqueda por obtener información.

Además, indicó que las sanciones que se detallan por divulgar pornografía infantil son menos graves que las que ya se definen en la ley de Trata de Personas.

"La utilización de niños en pornografía, son 20 años de cárcel y aquí se habla (ley de delitos informáticos) de penas de ocho años, estarían disminuyendo las previstas en la legislación actual", acotó.

El diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, es de la opinión que existen otras leyes vinculadas a la ley de delitos informáticos, tales como el Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley de Telecomunicaciones, el Código Penal, la Ley Lepina, la Ley de Propiedad Intelectual, la de tarjetas de crédito y la que está en estudio actualmente de firma electrónica. A su juicio, todas ellas están relacionadas con los delitos informáticos.

Guillermo Gallegos, de GANA, dijo que no estarían respaldándola ya que se limita la "válvula de escape" que tienen los salvadoreños en las redes sociales para expresarse.

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