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Fiscalía defiende la legalidad del Fiscal General Adjunto

El Ministerio Público se ampara en un fallo emitido por la Sala Constitucional

Abogado Edgar Márquez fiscal adjunto.

Édgar Márquez cuando fue juramentado el 22 de octubre como fiscal adjunto por Luis Martínez, exfiscal general. | Foto por elsalvador.com

El Ministerio Público defendió ayer a través de su cuenta de Twitter la facultad del Fiscal Adjunto, Edgar Isaías Márquez Argueta,  de asumir las riendas de la institución ante la falta de elección del nuevo titular por parte de la Asamblea Legislativa. El periodo de Luis Martínez venció el 3 de diciembre.

La Fiscalía se ampara en un fallo emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en respuesta a un recurso de amparo en contra de la suplencia del Fiscal Adjunto en caso de no haber titular.

La Sala señala, según el fallo, que el Fiscal Adjunto es “un funcionario cuyas características se enmarcan dentro de la teoría del funcionario de hecho, y por lo tanto, su ejercicio irregular del cargo de Fiscal General de la República se da en razón de preservar la seguridad jurídica y la protección de la continuidad del servicio público que brinda la Fiscalía” y de los derechos e intereses de la sociedad y del Estado.

Pero esta funcionalidad del Adjunto dentro de la Fiscalía solo tiene validez para un mes a partir de la fecha en que caduca el plazo del titular, según lo expresado ayer por el Juez Sexto de Instrucción, Roberto Antonio Arévalo Ortuño.

“La Sala de lo Constitucional resolvió que lo que tendría habilitado es como un mes más o menos para poder fungir como Fiscal General, pero yo no estoy de acuerdo, pero de todas maneras después de un mes ya no puede”, afirmó el juez.

Pasado ese tiempo, añade el juzgador, habrá implicaciones jurídicas que afectan los procesos judiciales.

“No pueden meter requerimientos fiscales y no se pueden presentar a una audiencia representando al Fiscal. Hay otras funciones del Fiscal en relación al quehacer nacional, como por ejemplo la firma de ciertos documentos como contratos que deben llevar su firma, algunos préstamos y cosas así, contrataciones de personal y toda la parte administrativa”, resumió Arévalo Ortuño.

En esto coincidieron el partido oficial FMLN y el PCN, pese a que parte de la responsabilidad de no elegir en tiempo al Fiscal la tienen los diputados por no lograr consenso antes del 3 de diciembre, y la otra parte, según los legisladores, es de la Corte por enviar atrasados los informes de los candidatos solicitados por la Asamblea.

“Ya veo venir el malestar de muchos jueces que no aceptarán llevar a juicio a un imputado porque el Fiscal Adjunto no tiene la potestad y legitimidad dada por la Constitución que debe ser electo por esta Asamblea. Algunos jueces se verán obligados a parar cualquier juicio que tengan programado dentro del tiempo que nosotros dejemos de darle el titular a la institución”, reflexionó Mario  Ponce, del PCN.

Por su parte, Santiago Flores, del FMLN, reconoce que la situación es complicada, ya que, según dijo, el Fiscal Adjunto sólo puede cumplir responsabilidades administrativas, y afirma que no es culpa del FMLN, sino de ARENA por no ponerse de acuerdo en elegir.

“El Fiscal Adjunto no lo elegimos nosotros, lo elige el Fiscal, esa es la primera implicación, y la Constitución llama que el Fiscal y toda su actuación como representante del Estado lo elige la Asamblea, es una implicación jurídica aunque tenga labores administrativas, nosotros estamos en la obligación de elegir Fiscal”, apuntó Flores.

Guillermo Gallegos, de GANA, se basó en la sentencia de la Sala de lo Constitucional, para afirmar que las actuaciones del funcionario serán válidas.

“Hace exactamente un par de años se emitió esta resolución que le da soporte jurídico a la figura del fiscal adjunto, no debería de haber por parte de ninguna autoridad que ponga en tela de duda el actuar del Fiscal Adjunto”, aseveró Gallegos.

Mientras que Ernesto Muyshondt, de ARENA, dejó entrever el pasado jueves que no hay “problema” en que no haya titular porque para eso está el Fiscal Adjunto quien asume.

La Asamblea también tiene un atraso de dos meses y medio en elegir al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), y el próximo 13 de enero de 2016 también vence el plazo de la actual Procuradora General de la República (PGR).

En cuanto al CNJ, Ponce calificó de “grave” que no hayan consejeros aún. Afirmó que es una elección clave porque a estos les tocará proponer a cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, cuyo periodo vence en 2018.

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