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Fiscales relegaron informe favorable a acusados CEL-Enel

Un peritaje de la Corte de Cuentas no halló daños y perjuicios por subvalúo de LaGeo

Fiscales relegaron informe favorable a acusados CEL-Enel

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Fiscales relegaron informe favorable a acusados CEL-Enel

Un informe solicitado a la Corte de Cuentas de la República por la Fiscalía y que fue recibido el 31 de octubre de 2013 por el Ministerio Público, contiene valoraciones y análisis financieros que, por sí mismos, podrían ser suficientes para descargar de culpa a los exfuncionarios públicos y empresarios acusados penalmente en el notorio caso CEL-Enel.

Traspapelado entre las más de 100 mil páginas de documentos resguardados en el Juzgado Séptimo de Instrucción, el "Informe Pericial" de la Corte de Cuentas solo es muy selectivamente citado en el requerimiento acusatorio presentado el 11 de noviembre de 2013 por la Fiscalía General ante el Juzgado Séptimo de Paz.

Realizado bajo la supervisión del subdirector Financiero de la Corte de Cuentas de la República, Wilfredo Aguilar Montecinos, el informe concluye que el valúo original de la empresa generadora de energía geotérmica, LaGeo, realizado en 2001 por el Asesor Financiero de CEL, estaba en lo correcto.

En 2001 el Asesor Financiero de CEL, un consorcio formado por Ernst Young y el Deutsche Bank —firmas reconocidas mundialmente—, determinó el valor de LaGeo como empresa en marcha en $115 millones.

La Corte de Cuentas realizó su propio valúo y determinó que en el 2001 LaGeo tenía un valor como empresa en marcha en un rango de entre $113 y $134 millones de dólares. Por lo tanto, concluyó que el valúo del Asesor Financiero fue "razonable".

La consecuencia de este hallazgo pericial es que el monto total por daños y perjuicios derivados de las acciones de los acusados en el ejercicio de crear un asocio público privado entre CEL y Enel Green Power en el 2002 es $0 y no $2 mil 107 millones, como afirma la Fiscalía.

Es decir, no hay daños y perjuicios financieros derivados de un supuesto subvalúo de LaGeo, tal y como fue argumentado tantas veces por el expresidente de la República, Mauricio Funes, o por la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó el caso en el 2013.

Aunque la Corte de Cuentas hace un intento por identificar daños a razón del asocio entre CEL y Enel, las conclusiones de su peritaje acaban por debilitar y contradecir los argumentos de la Fiscalía.

Un caso débil

Lo más sorprendente de la acusación de los fiscales por peculado en contra de casi una veintena de personas en el caso CEL-Enel es que en ningún lugar del requerimiento se acusa a una persona de apropiación indebida de capital del Estado.

Es decir, la Fiscalía ha llevado a la justicia un caso por peculado sin poder determinar que uno solo de los acusados se ha beneficiado o enriquecido o apropiado indebidamente de algún tipo de capital.

Por otro lado, tampoco ha podido establecer un monto razonable de los supuestos daños y perjuicios al Estado ocasionados por el asocio público privado entre CEL y Enel Green Power.

En realidad, la documentación financiera prueba que CEL y el país obtuvieron beneficios por la llegada de un Socio Estratégico en el área de la geotermia. Por ejemplo, El Salvador casi duplicó la capacidad instalada de energía, de 108 MW a casi 200 MW, a la vez que la generación total de energía creció en un 50 %.

Estos avances de la generación de energía geotérmica, obtenidos con la ayuda de un socio estratégico, se lograron en sólo cinco años, comparados con los avances realizados hasta el 2001, logrados por CELen 27 años.

Estos avances en el desarrollo de la geotermia ocurrieron sin que el Estado tuviese que invertir un centavo a partir del 2002, dado que el único inversionista en LaGeo durante los últimos 12 años ha sido Enel Green Power.

Los mitos promovidos durante el 2013 por el gobierno Funes también han resultado ser falsos. Por ejemplo, es falso que el patrimonio estatal estaba en peligro porque una empresa extranjera se había apoderado de los campos geotérmicos del país.

En su propia investigación, una comisión de la Asamblea Legistativa constató que la concesión de los campos geotérmicos están en poder de LaGeo, una empresa salvadoreña, y no en poder del socio italiano.

También es falso que la CEL haya perdido sus acciones en LaGeo o que le haya traspasado sus dividendos al socio estratégico. Hasta la fecha, el país conserva el mismo número de acciones que tenía al momento de asociarse con Enel Green Power en 2002.

Peritaje cuestionado

Por todas estas razones, cuando llegó el día de la audiencia inicial, el 11 de noviembre de 2013, la Fiscalía no estaba preparada para sustentar su acusación con un monto preciso de daños y perjuicios.

Si los peritos de la Corte de Cuentas tenían razón, los fiscales no podían solicitar más que un embargo preventivo por $20 millones, el cual es el único monto por supuestos daños y perjuicios que aparece registrado en el Requerimiento fiscal.

El 14 de noviembre, la Fiscalía sorprendió a la Nación al solicitar al Juzgado Séptimo de Paz un embargo por $2 mil 107 millones en el caso CEL- Enel, un monto tan exorbitante que el mismo fiscal del caso, Mario Huezo, admitió que representaba la mitad del presupuesto de la nación.

El "Informe Pericial" solicitado por la Fiscalía a la Corte de Cuentas no le habría permitido solicitar un embargo tan grande al Juzgado Séptimo de Paz durante los procesos de la audiencia inicial.

Es por esta razón que hay dos peritajes.

En lugar de utilizar el peritaje oficial, elaborado por auditores de la Corte de Cuentas, la Fiscalía utilizó un peritaje extrajuidicial que había sido solicitado por la parte acusadora, José Leopoldo Samour, presidente de la CEL.

Ese otro peritaje, titulado "Informe Especial", fue elaborado por una firma privada, Ochoa Benítez Asociados, con el fin de determinar "Daños y Perjuicios a CEL por la incorporación de ENEL S.p.A. como Socio Estratégico de LaGeo, SA de CV".

En un reportaje publicado el 12 de abril de 2014, "Firma fundada por titular de Agricultura hizo valúo CEL-Enel", El Diario de Hoy reveló que Ochoa Benítez Asociados, una firma fundada por el ministro de Agricultura del gobierno de Funes, Pablo Alcides Ochoa, había realizado un análisis técnicamente cuestionable.

Un reportaje posterior, publicado el 26 de mayo de 2014 por el periódico virtual El Faro, "El presidente Funes, una cadena de favores y un Spa", reveló que la firma Ochoa Benítez Asociados estaba vinculada a una red que hacía favores al círculo de amigos más cercanos al expresidente Funes y que incluso administra propiedades de alto valor en el mercado y que son vinculadas a Funes por el reportaje.

Pese a estos factores que ponen en duda la confiabilidad del peritaje, es el análisis de Ochoa Benítez el que genera la cifra de $2 mil 107 millones en daños y perjuicios que utilizó la Fiscalía para embargar a dos empresas, Enel Green Power S.p.A. y Enel Green Power El Salvador, por $2 mil millones, y al resto de los imputados individuales por 107 millones de dólares.

El análisis de Ochoa Benítez Asociados no fundamenta la cifra final de daños y perjuicios en base a pérdidas reales para la CEL, sino por medio de una fórmula arbitraria: multiplicando el valor de las acciones de las empresas por mil (996.67 %).

Ochoa Benítez hace esto a pesar de que la misma literatura especializada, que ellos citan en el peritaje para fundamentar el método utilizado, indica que con ese método en particular no se multiplica jamás con porcentajes arriba del 30 %.

Ochoa Benítez Asociados también fundamenta sus argumentos por daños y perjuicios sobre la suposición de que Enel Green Power es propietaria del 53 % de las acciones de LaGeo, lo cual no ha sucedido.

El propietario actual de la mayoría de acciones de LaGeo es Inversiones Energéticas, una sociedad anónima que posee el 64 % de las acciones de LaGeo.

La auditoría de Ochoa Benítez está fechada el día de la Audiencia Inicial, el 11 de noviembre de 2013. En realidad, el día de la audiencia, los fiscales del caso confesaron no tener todavía un monto por daños y perjuicios, y anticiparon que el peritaje de "la CEL", es decir el de Ochoa Benítez Asociados, serviría para determinar ese monto.

El pasado 10 de junio, El Diario de Hoy le envió una correspondencia a la Fiscalía con seis preguntas sobre las discrepancias entre los dos peritajes.

El 23 de junio la Fiscalía respondió: "Por el momento no se puede abordar el tema".

Pese a que los resultados del peritaje de Ochoa Benítez Asociados eran desconocidos el día de la Audiencia Inicial, en la página 316 del requerimiento se revela que éste es el primer y más importante elemento de prueba que tenía la Fiscalía.

Los hallazgos exculpatorios del peritaje de la Corte de Cuentas, ya completado pero inconveniente para la Fiscalía, fueron omitidos de la audiencia inicial.

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