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FGR investigaría por denuncia en sospechas lavado de dinero

Diputados sacaron de la ley a jueces y fiscales, pero no a los medios de comunicación

El Fiscal de la República, Luis Martínez, se reunió ayer con los diputados de la Comisión de Seguridad. Foto EDH / Jorge reyes

El Fiscal de la República, Luis Martínez, se reunió ayer con los diputados de la Comisión de Seguridad. Foto EDH / Jorge reyes

El Fiscal de la República, Luis Martínez, se reunió ayer con los diputados de la Comisión de Seguridad. Foto EDH / Jorge reyes

Los diputados hicieron más cambios a las reformas que ya habían realizado a la ley contra el Lavado de Dinero y Activos, una de ellas es que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República (FGR), podrá inspeccionar de oficio a personas o empresas que hayan sido denunciadas ante la Fiscalía por sospechas de lavado de dinero.

Los legisladores incluyeron en el artículo 9-A de la ley, que "la UIF podrá efectuar inspecciones, análisis o auditorías a los sujetos obligados, periódicamente o cuando existieren indicios fundados sobre actuaciones irregulares...".

Los diputados Antonio Almendáriz, del PCN, y Antonio Echeverría, del FMLN, explicaron que la UIF actuará de oficio ante la denuncia ciudadana que existe la sospecha de que una persona o cualquiera de los mencionados en el artículo 2 de la ley, denominados como "sujetos de aplicación y obligados", pudiesen estar cometiendo el delito de lavado de dinero.

"De repente uno ve que una persona vive una vida que es no de acuerdo a sus ingresos, eso es suficiente para que la Fiscalía actúe de oficio. Pero si usted tiene tres carros de su esfuerzo, y se sacó la lotería, lo demuestra, pero sino lo puede demostrar, quedaría más complicado", aseveró Echeverría.

Es más, dijo que la negativa del partido a dar sus votos para aprobar las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero se debe a que no se había incorporado ese apartado.

El atraso de los diputados mantiene en suspenso la firma del Fomilenio II que involucra la erogación de $277 millones de los EE. UU. para desarrollar la costas del país.

Pese a esto la Embajadora de los EE. UU., Mari Carmen Aponte, dijo ayer estar esperanzada de que la Asamblea Legislativa aprobará pronto las reformas a la ley. (Ver más detalles en página siguiente).

Almendáriz asintió con la observación propuesta por el FMLN, y les dio la razón en el sentido de que la UIF no puede solo apoyarse con los reportes que les mande el Oficial de Cumplimiento que deberán contratar todos los "sujetos obligados" en la ley.

"El FMLN decía que quedaba en manos del Oficial de Cumplimiento que en un momento dado que estas personas puedan fallar, si un oficial no informaba de las anomalías de una institución, no se iba a descubrir el delito...", afirmó Almendáriz.

Añadió que por eso agregaron también a la ley sanciones fuertes contempladas en el Código Penal para los Oficiales de Cumplimiento que no informen de las transacciones sospechosas a la UIF.

Ernesto Angulo, de ARENA, rechazó totalmente el planteamiento del FMLN. "Esas son las cosas que no se deben hacer en una ley, el Frente no quiere Fomilenio", dijo.

A su criterio son pretextos del FMLN para justificar la adhesión a Petrocaribe y contar con esos fondos que no tendrían mayor control como los del Fomilenio con EE. UU.

Angulo intentó ayer que el pleno aprobara solo la inclusión de los PEP, pero la moción no tuvo mayor respaldo.

Otra de las reformas es que sacaron a jueces y fiscales. Echeverría y Almendáriz justifican que están contemplados en los Arts. 236 y 239 de la Constitución como PEP y en la Convención contra la Corrupción de Las Naciones Unidas, pero los medios de comunicación sí quedaron como "sujetos obligados".

El Fiscal General, Luis Martínez, dijo que algunas de las reformas cumplen con los estándares del Grupo de Acción Financiera (Gafic).

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