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Exdirector de la CEL defiende legalidad del contrato con la Enel

Óscar Medina declaró a FGR que procesos se hicieron sobre la base técnica y legal. Desliga a Lacayo y Hawk de caso

La venta de acciones a Enel que le permitían hacerse de la mayoría accionaria en la geotérmica LaGeo es la esencia de la demanda de la FGR contra nueve personas. Foto EDH / Archivo

La venta de acciones a Enel que le permitían hacerse de la mayoría accionaria en la geotérmica LaGeo es la esencia de la demanda de la FGR contra...

La venta de acciones a Enel que le permitían hacerse de la mayoría accionaria en la geotérmica LaGeo es la esencia de la demanda de la FGR contra nueve personas. Foto EDH / Archivo

El director ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) que manejó los negocios de esa institución en los años en que se buscó socio estratégico y que terminó ganando la empresa italiana Enel Green Power S.p.A., declaró a la Fiscalía que hasta donde él fungió en el cargo, el proceso se hizo bajo toda legalidad y que todo ha quedado registrado en actas de sesiones de la Junta Directiva de la institución.

En su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 10 de diciembre, José Óscar Santiago Hernández Medina responde a una serie de interrogantes relacionadas con el juicio que se les sigue a nueve personas, entre ellos exaltos funcionarios y exdirectivos de la CEL a quienes se les señala de haber celebrado la venta de acciones a Enel Green Power S.p.A., que permitía a la empresa italiana convertirse en la accionaria mayoritaria de las acciones en el asocio LaGeo en perjuicio del Estado. Por esa razón se les lleva un juicio por el delito de peculado (apropiación indebida de bienes públicos), el cual es un delito contemplado en el Código Penal.

En la "declaración de testigo" que Medina Hernández rindió ante la Fiscalía y a la que El Diario de Hoy tuvo acceso, el exfuncionario defiende que nunca los acuerdos de la autónoma como los que llevaron a vender las acciones a la Enel, eran tomados a la ligera, sino en el seno de la Junta Directiva y que eso quedaba plasmado en las actas.

"Los acuerdos no eran preelaborados", dice, sino que eran borradores y que estos eran sometidos a consideración de la Junta Directiva de la autónoma, y que "en ningún momento se imponían los acuerdos a la Junta directiva, que esos acuerdos no eran por unanimidad, ya que incluso hubieron votos en contra y quedaba constancia en acta".

Según Hernández Medina, todos los acuerdos tenían sustentación técnica y legal para ser sometidos a Junta Directiva, y que así se hacía hasta octubre de 2005 en que dejó la dirección ejecutiva de CEL.

Hernández Medina, quien por nueve años y medio fue director ejecutivo de la autónoma, dice que a la vez él fungía como apoderado legal de la misma, pero que este cargo lo ejercía hasta donde el presidente de la autónoma se lo facultaba.

En su declaración hecha ante la Fiscal Eugenia María Castro Mayorga, el querellante Ángel Samuel Torres Rojas, seis abogados defensores y los imputados Miguel Lacayo y Thomas Hawk, Hernández Medina dejó claro que mientras estuvo en el cargo y en las sesiones de junta directiva en las que participó, "no aprobaron nada en contra de las recomendaciones, que algunas ocasiones les hicieron observaciones a lo presentado" y que en la caja fuerte de la institución quedaron archivadas las consultas hechas al respecto.

En el caso de las recomendaciones, según el exfuncionario de la CEL, las hacía la unidad correspondiente, las revisaba el gerente de área y eran presentadas a la junta directiva. Agregó que en varias ocasiones, los directivos rechazaron las propuestas que les llegaban y que incluso se modificaron por observaciones de ellos, y que siempre se cuidó la parte técnica y legal, y que eran ellos los únicos que tomaban las decisiones.

Agregó que aunque la CEL tenía su cuerpo de técnicos en diferentes especialidades, incluyendo el área financiera, cuando estos no contaban con la experiencia necesaria en algunos temas se buscaban asesores externos para ello.

Por lo tanto, declaró que cuando requerían asesoría externa en temas jurídicos, en este caso CEL-Enel, se hicieron las consultas a abogados especialistas en Constitución y "en fin se hicieron consultas por todos lados".

El exfuncionario no da detalles de los procesos de consultoría antes de elegir al socio estratégico, tales como los resultados de la precalificación de firmas para la consultoría para la reestructuración de la CEL y los pasos que se siguieron para tal fin como la venta de acciones de las distribuidoras, la venta de las térmicas y el inicio de la búsqueda del socio estratégico; no obstante, defiende que "todos los procesos fueron transparentes" y que se trató de "cubrir todos los aspectos legales" y que todo ello quedó documentado.

En este testimonio de declaración, quedó plasmado además que la búsqueda del socio estratégico no era un asunto nuevo, que lo venían abordando desde 1996 y que eso no obedeció a una cuestión económica ni técnica, sino a una política gubernamental, y que el país necesita energía eléctrica para seguirla desarrollando.

Lo anterior, según le dijo a la Fiscalía, obedecía a que "el Estado a través de la CEL no podía obtener préstamos a raíz de la deuda versus Producto Interno Bruto (PIB)".

Caso Lacayo y Hawk

El exfuncionario también dejó en claro que no hubo ninguna intervención del exministro de Economía, Miguel Lacayo Argüello, a quien se le acusa de coautor de peculado en el juicio que se sigue en el Juzgado Séptimo de Instrucción. Niega que haya recibido de él alguna "instrucción" al respecto como tampoco del exdirectivo de la autónoma Tom Hawk Baker.

El exdirector de CEL aseguró a la Fiscalía que "no recibió ninguna instrucción del Ingeniero Miguel Ernesto Lacayo Argüello respecto a ENEL" y explica que con el exministro se limitaron a ver otros temas relacionados a tarifa, generación de energía eléctrica del país y la incidencia de los precios de la energía".

Pero respecto al tema de LaGeo, afirmó que supo que existieron análisis sobre la administración del contrato de asesoría financiera y que no recordaba que alguna carta suscrita por Lacayo llegara a su oficina.

A Lacayo se le acusó en un primer momento de instigador de peculado en este proceso, pero luego le cambiaron a coautor, algo que él niega, como también ha argumentado ante el juez que no incidió en la toma de decisiones en CEL.

La Fiscalía ha presentado como supuestas pruebas, una carta de cuando él era titular de Economía dirigida a la presidencia de la CEL en 2001, en la que solicita se traslade la administración del contrato suscrito con un banco alemán a la junta directiva de Gesal (hoy LaGeo), pero según la defensa de Lacayo, lo que se hizo al final fue una cesión de derechos y obligaciones

De Hawk, Hernández Medina dice que si bien era directivo y hacía observaciones a la junta directiva, "no tuvo participación directa en las unidades que elaboraban las recomendaciones que se sometían a la junta directiva".

También afirmó que mientras él participó de las reuniones de junta directiva, no se aprobó "nada en contra de las recomendaciones, aunque sí hubo observaciones a lo presentado y "que los directores siempre sustentaron los acuerdos en las recomendaciones técnicas y legales".

El exfuncionario enfatiza luego que el exministro Lacayo "no participó" en el proceso de selección del socio estratégico", pues ese fue un proceso interno de la CEL.

El mismo exministro Lacayo ha insistido en que en ningún momento se le ha podido probar su incidencia en la escogitación de LaGeo como socio estratégico porque no tuvo participación en ello.

Aparte de Lacayo y Hawk, se les sigue juicio en calidad de "coautores" al expresidente de la CEL, Guillermo Sol Bang, y los exdirectivos de la autónoma Pedro José Escalón, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría y Jorge José Simán Zablah.

Mientras que a los empresarios José Ricardo Palomo Beneke y José Vicente Machado Calderón se les procesa como "cómplices necesarios".

La Fiscalía mantiene la acusación penal contra estas personas, solo pidió que se les elimine la responsabilidad civil tras celebrar un acuerdo con Enel en diciembre de 2014 en Washington, con el cual se dio por finiquitado el contrato y en el que el Estado le compró las acciones por valor de $287 millones.

Los abogados defensores de los imputados han dicho que el acuerdo los exonera de todos los cargos, y una prueba de que el contrato fue legal es que el mismo gobierno ha adquirido tales acciones a la empresa italiana porque fueron negociadas de forma legal.

Pero la Fiscalía ha dicho que responsabilidad civil y penal son cuestiones distintas y que por eso mantiene la acusación de tipo penal.

El juez séptimo de Instrucción, Miguel Ángel Argüello, le había pedido a la CEL antes de las vacaciones que le aclarara ese punto, aunque ya el presidente de la autónoma David López Villafuerte anticipó su posición en una entrevista televisiva de que se debe seguir con el juicio por cargos penales.

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