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Defensa: venta acciones debilita caso CEL-Enel

Contradice el valúo realizado para acusar a procesados y calcular monto de embargo

Varios de los acusados del caso en la audiencia inicial en noviembre de 2013. Esperan resolución del juzgado. FOTO EDH / archivo

Varios de los acusados del caso en la audiencia inicial en noviembre de 2013. Esperan resolución del juzgado. FOTO EDH / archivo

Varios de los acusados del caso en la audiencia inicial en noviembre de 2013. Esperan resolución del juzgado. FOTO EDH / archivo

Luego de que el Estado, a través de Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE) comprara por $287.6 millones las acciones que tenía Enel Green Power en LaGeo, los abogados de varios de los acusados de peculado (malversación de fondos públicos) consideran que el caso se ha debilitado y que no existen otras pruebas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para respaldar la imputación. Incluso consideran que con la transacción accionaria realizada "ya no existe caso que perseguir".

Aunque se desconocen los términos que se utilizaron para valuar las acciones de Enel en la LaGeo, este proceso contrasta con el cálculo que realizó por encargo de CEL la firma de auditores Ochoa Benítez Asociados, fundada por el exministro de Agricultura, Pablo Ochoa, bajo la administración del expresidente Funes, el cual permitió tasar "la totalidad del perjuicio patrimonial" con el valor nominal de las acciones de la empresa estatal de geotérmica.

Así fue como se obtuvo un monto calificado por la defensa como especulativo porque se multiplicó casi por 1,000 % el valor nominal de las acciones de LaGeo, lo cual dio un total de $1,824,092,929.05 como una "prima por control" que justifica las pérdidas por $2,107 millones planteadas por la FGR como parte del embargo y el proceso penal por "daños y perjuicios" contra nueve personas, incluyendo el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang y el exministro de Economía, Miguel Lacayo.

Por estos aspectos, y aunque de momento el proceso penal sigue su curso, abogados como Edgard Morales Joya consideran que luego de que Enel vendiera sus acciones a INE el mismo Estado ha legitimado que no hubo acto delictivo porque pagó un monto menor a la cifra embargada que se calculó con una sobreestimación de las acciones.

"El principal actor (Enel) ya está fuera del proceso y han definido un plazo máximo de seis meses para que se desactiven todos los procesos judiciales. Esta es una clara señal de que nunca existió un caso sólido y que las acusaciones tenían otra intención, otra naturaleza, y son débiles", valoró Morales, abogado de Sol Bang.

En su momento Arturo Muyshondt, defensor de Lacayo y de Thomas Hawk (exdirectivo de CEL), calificó de "descabellado" el método que se utilizó para obtener la cifra del embargo y recordó que el valor nominal de una empresa no se relaciona con el valor contable o comercial.

Hoy el abogado también considera que CEL e INE han reconocido, al cerrar la negociación con ENEL, que siempre existió legalidad en el tema accionario y que los $287.6 millones reflejan que las actuales autoridades de las empresas estatales realizaron un cálculo ajustado a la realidad de LaGeo, contrario al estudio de Ochoa Benítez.

"Con la compra de acciones se comprueba que todo fue sobredimensionado. El Estado no puede adquirir una parte de una empresa fraudulentamente dividida, eso sería receptación, se acepta que todo fue legal, que no existió ningún delito" , agregó Muyshondt.

Mientras tanto Mario Machado, jurista que defiende a Vicente Machado, exdirectivo de LaGeo en representación de Enel, agregó que en la reciente negociación accionaria no existieron sesgos, aunque confirmó que a la fecha en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador (dónde se lleva el caso) no se han modificado los tiempos y procesos legales.

"Cuando se valuaron todas las acciones de LaGeo a un monto que se aproximara con el valor que solicitó la Fiscalía como embargo quedó claro que nunca existió un criterio técnico o jurídico: la intención era política. Hoy el caso está más debilitado porque la venta (de Enel) demuestra que el 100 % de la empresa vale menos que lo estimado. Eso modifica el supuesto perjuicio contra el Estado", sustentó Machado.

Debido a los puntos de la compraventa entre las partes — y que se mantendrán en reserva por seis meses — aún se desconoce en cuánto y cómo se valoró cada acción del 36.2 % que correspondía a Enel, pagaderos con flujos futuros de LaGeo a la firma italiana.

Pese a esto los tres defensores consultados coinciden en que la FGR no ha logrado conseguir pruebas jurídicas sólidas y convincentes para demostrar ante el juzgado los delitos y que existió influencias para elegir a Enel como el socio estratégico de LaGeo.

Se buscó la posición de la FGR sobre la presentación de la querella ante el juzgado pero al cierre de esta nota se informó que hoy tendrían una posición al respecto.

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