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Cuestionan concesión de rayos X en aduanas

Concesión no fue discutida en la Asamblea pese a que se entregó un servicio para 10 años. De $18, Estado sólo recibe 2 centavos según diputados, hay una falla de origen: Hacienda la adjudicó antes que se aprobaran reformas a ley aduanera para la ope

Cuestionan concesión de rayos X en aduanas

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Cuestionan concesión de rayos X en aduanas

A nueve meses de que el asocio suizo-alemán Cotecna-Smith iniciara las inspecciones de rayos X en las principales aduanas del país, las dudas sobre su incursión en este servicio y las facilidades que tuvo para ganar un negocio millonario siguen en el tapete.

El proyecto de inversión de $35 millones que se dio en concesión para un periodo de 10 años nunca pasó por el ojo de los diputados y la reforma a la Ley de Simplificación Aduanera que permitió su uso fue aprobada meses después de que la licitación se adjudicara a la empresa ganadora.

Además la tarifa de $18 que la empresa cobra a los importadores y exportadores solo le retribuye en $0.02 al Estado, lo que le permite grandes ganancias a la compañía.

Estos tres puntos son para el diputado de ARENA Roberto d'Aubuisson motivos suficientes para que la Asamblea Legislativa investigue qué ocurrió detrás de este proyecto, que prometió agilizar los procesos en aduanas, pero solo logró complicarlos más.

"Todo esto lo manejaron de una forma expedita y poco transparente", afirmó.

El legislador ve la ilegalidad del asunto en que la normativa que ampara ese servicio fue aprobada a la medida, meses después de que se adjudicó. Por tanto, la adjudicación "es ilegal". Primero, dice, tuvo que haber pasado la ley y no la concesión, y que entiende eso sucedió al revés, por lo que, si así fue, hay un problema de ilegalidad muy serio.

El diputado Edwin Zamora también cree que hay que revisar esta concesión, pues se corre el riesgo de enfrentarse a un caso similar al de CEL-LaGeo, en el que el Gobierno otorgó a una empresa privada (INE) atribuciones públicas para administrar la explotación del subsuelo y con ello le dio un amplio margen de ganancias, sin que pudiera ser auditada periódicamente por la Corte de Cuentas.

De acuerdo con el contrato firmado entre Hacienda y la empresa concesionaria, el precio para la revisión de la mercadería se estableció en $17.98 por cada operación de importación y exportación, cargada a los empresarios salvadoreños e incluso, a los internacionales bajo la figura de "tasa por servicio".

Un simple cálculo matemático revela que, solo en un año, la empresa obtendría ganancias por $14.3 millones, por lo que habría recuperado su inversión en menos de tres años, mientras que a Hacienda le correspondería un ingreso anual de $16,000 por los $0.02 restantes de la tarifa.

Ofrecimiento

El proceso para adjudicar este proyecto comenzó entre 2009 y 2010, cuando la empresa suiza propuso al Gobierno utilizar este mecanismo como una herramienta para modernizar el comercio aduanal en la región. Inmediatamente Hacienda inició un proceso de licitación en mayo de 2011 y, sin ningún tipo de objeciones, la concesión fue otorgada a la compañía en noviembre de ese mismo año y su resultado fue publicado en los principales periódicos del país.

El acta de apertura de la licitación abierta el 2 de septiembre de 2011 demuestra que el único ofertante fue el asocio UDP Cotecna-Smith, que presentó una propuesta económica de inversión por $33.5 millones y una garantía de mantenimiento por $320,000. Ninguna otra empresa presentó su opción.

En Panamá, un proceso similar otorgó este proyecto a la firma McMillan, Ebco y Nuctech por una inversión de $16.9 millones. Cotecna participó en ese proyecto y su oferta fue de $15.7 millones.

Según fuentes allegadas al proceso, en El Salvador fueron altos ejecutivos de Cotecna quienes acudieron al Gobierno para presentarles este proyecto y aplicarlo al país.

Ofrecer sus servicios y participar no era problema, pues la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Públicas (LACAP) permite que una licitación sea promovida por un privado y que éste participe posteriormente.

Pero lo que no tenía el país era una ley que avalara el uso de los equipos no intrusivos en las aduanas, por lo que Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa incorporar en la Ley de Simplificación Aduanera un artículo en el que se permitiera el uso de estos aparatos.

Lo lógico hubiera sido que el Gobierno gestionara el cambio de ley y solo después de tener la aprobación de la ley, echaran a andar la licitación.

Pero Hacienda hizo lo contrario: pidió el cambio de ley dos meses después de que diera como ganador al asocio UDP Cotecna-Smiths.

El artículo 12 que Hacienda pidió incorporar en la ley solicitaba el aval para el uso equipos de inspección no intrusiva o invasiva (rayos X), así como la creación de una tasa de $18 ajustable cada dos años y la posibilidad de que el servicio se concesionara.

"Si la prestación del servicio de inspección no intrusiva fuere concesionada, también se deberán considerar los requerimientos técnicos de la administración aduanera y los rendimientos de la infraestructura a utilizar", expresa uno de los apartados del artículo agregado a la ley.

Cuatro meses después de solicitado, las reformas a la ley se aprobaron en junio de 2012 con 49 votos a favor y 32 votos de ARENA en contra. Legisladores como Zamora alegaron que el tema no fue discutido a profundidad y que la aplicación de la tasa de $18 podría afectar el comercio regional.

Sin embargo, hubo mayoría de votos y con la ley aprobada, Hacienda tuvo luz verde para la firma del contrato.

"No está claro cómo es que se hizo todo este proceso para aprobar la concesión. Hay un problema de legalidad muy seria", dijo D'Aubuisson.

Confusa concesión

El debate por la concesión de este servicio es aún mayor que la creación de una ley a la medida. Zamora está convencido de que este caso tuvo que haber pasado por el conocimiento de los diputados, pues se le dio a una empresa privada atribuciones enmarcadas en la seguridad pública.

Pero el actual director de Aduanas, Carlos Cativo, no cree que fuera necesario recurrir a los diputados. "Hemos ocupado las reglas de la Ley LACAP", dijo. De hecho, se mostró orgulloso de que el Ministerio de Hacienda fuera una de las primeras instituciones que utilizaran la LACAP para concesionar un servicio como este. "Revisamos toda la legislación y esta fue la modalidad más idónea", dijo Cativo.

Sin embargo, la ley no es clara. La Constitución de la República, en su artículo 120 estipula que "toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público... deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación".

Sin embargo, la LACAP hace una diferencia de las concesiones por bienes públicos y por servicios públicos y cuáles deben ser aprobadas con el aval de la Asamblea.

Según esta legislación la Asamblea solo verá las concesiones relacionadas a los bienes públicos, pero no las de los servicios, dentro de los cuales se enmarcaría el trabajo de Cotecna. La ley de Asocios Públicos Privados, aprobada en 2013, también habla de las concesiones.

Y el tema se vuelve más difícil de interpretar desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que se detalla que si el servicio público está asociado a un bien público, esta concesión sí tendría que ir a discusión de la Asamblea.

Al respecto, el experto legal Francisco Bertrand Galindo dijo que sobre este tema se requiere de un análisis muy profundo, pues aún sin contar con la resolución de la CSJ muchas leyes secundarias excluyen del conocimiento de la Asamblea concesiones que deberían haberse aprobado previamente en el parlamento y por lo cual han ocurrido casos como el de La Geo.

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