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CSJ admite demanda contra el Sitramss

La demanda fue puesta por un grupo de  buseros  por las modificaciones al Reglamento de Tránsito

Genaro Ramírez en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Juan Pablo Alvarez, Roberto Soriano y Genaro Ramírez presentaron recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.  | Foto por Douglas Urquilla

 Juan Pablo Alvarez, Roberto Soriano y Genaro Ramírez presentaron recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.  

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió, ayer, una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de  buseros en contra de las modificaciones al Reglamento de Tránsito, las cuales  ha tenido como propósito darle legalidad al  Sitramss. 
La CSJ admite la demanda en lo que se refiere “a fin de enjuiciar la constitucionalidad del artículo 5 números 2, 8, 25 y 57, y del artículo 156 del Reglamento General de Transporte Terrestre, por la supuesta vulneración del artículo 120 de la Constitución”. Este artículo se refiere a  que “toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación”.
Juan Pablo Álvarez, uno de los promotores de la demanda, explicó que  ellos hicieron varios planteamientos a la CSJ sobre que hubo varias atribuciones  con “ extrapoderes”  tomadas por la Presidencia de la República al momento  de firmar esas reformas;las cuales no necesitan el aval de la Asamblea Legislativa. Otros de los promotores de la demanda son los transportistas Genaro Ramírez, José  Barrera, Martín Mejía y Roberto Pérez Soriano.
Álvarez expuso que a raíz de esas reformas al Reglamento se vulneraron preceptos obligatorios, como el proceso de licitación y concesión, por los cuales debía pasar el Sitramss   ya que tiene  inversiones públicas.
 Para construir la infraestructura del Sitramss, el Gobierno adquirió un préstamos con el BID por  45 millones de dólares, y además hay “50 millones de  titularización  de Fovial”, dijo el transportistas.
“Tenia que pasar por un proceso de licitación, obviamente por medio de un proceso de concesión mediante su respectiva ley a través de la asamblea legislativa, lo cual no ocurrió”, comentó Álvarez.
Las modificaciones a nueve artículos al Reglamento de Transporte fueron publicadas en el Diario Oficial el 1 de  diciembre de 2014. 
Algunos de los  artículos modificados fueron  5, 11, 12, 48, 74, 75, 77 y 156;los cuales hacen referencia al pliego tarifario, a los años de antigüedad de las unidades y a las nuevas características que deben cumplir los vehículos para prestar ese servicio.
Entre las modificaciones está la del artículo 5, el cual tiene al menos 12 nuevos conceptos. Uno de ellos es el de autobús articulado y padrón.
Según el documento, un bus articulado es aquel automotor de dos secciones o cuerpos con una capacidad promedio de 160 pasajeros.
“(El articulado) puede variar según modelo y marca del fabricante; y que disponen de puertas de acceso al lado y izquierdo y derecho, con piso alto (de 90 centímetros aproximadamente). Los autobuses articulados podrán disponer de rampas de acceso y espacios reservados para las personas con movilidad reducida”, describe el artículo 5.
También se incluyeron los tipos de rutas que tendrá el Sitramss: troncales, pretroncales y alimentadoras. 
Otro concepto que se incluyó describe la función de las “estaciones de transbordo”, que es donde llegarán las diferentes rutas, ya sea troncales, pretroncales, alimentadoras e interdepartamentales.
El artículo 11, en los numerales 10 y 12, se incluyó la función de las terminales, la regulación de la publicidad en estas infraestructuras y el control de las unidades.
“Un reglamento no puede vulnerar proceso establecido en la Constitución, ya con esto (admisión de la demanda) estaríamos confirmando que nosotros teníamos razón en que se revisar esos procesos que señala ese articulo 120 de la Constitución”, dijo Álvarez.
Quien añadió que lo medular de su demanda es que se debe “respetar el proceso de licitación y concesión que debe pasar por  la Asamblea Legislativa. Lo único que estamos haciendo es defender el proceso de adjudicación de una inversión publica desarrollada en el tema de transporte colectivo de pasajeros”, expuso.

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