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Corte Suprema se contradice ante IAIP por informes de bienes de expresidentes

Presidente del Órgano Judicial asegura que las auditorías que solicita Alac-Funde no son públicas, pese a que ya se entregó declaraciones patrimoniales de exfuncionarios

Roberto Burgos es el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), que es el capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional. foto edh / Archivo

Roberto Burgos es el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), que es el capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional. foto edh / Archivo

Roberto Burgos es el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), que es el capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional. foto edh / Archivo

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) entró en contradicción al apelar la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que los obliga a entregar los informes de auditoría realizados por la sección de Probidad a las declaraciones de bienes de tres expresidentes de la República.

A través de su presidente, Óscar Armando Pineda, la Corte reitera su negativa de entregar la información solicitada por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), a través del centro de Asesoría legal anticorrupción de El Salvador (Alac), por considerar que no es pública. 

Los documentos solicitados son las auditorías a las declaraciones de bienes que presentaron los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, al inicio y final de sus respectivas administraciones. Pero estas declaraciones ya fueron divulgadas públicamente a solicitud de El Diario de Hoy y de otros ciudadanos.

Previamente, Probidad argumentó que no podía entregar dicha información porque estaba ligada a las declaraciones de bienes y que, por ley, esta información no era del acceso público.

“Entregar las copias de los exámenes o análisis solicitados implica divulgar el contenido de las declaraciones de patrimonio”, había expresado la CSJ.

Pero en el escrito enviado por  el presidente de la Corte al IAIP asevera que los exámenes, dictámenes o análisis que realiza Probidad no son partes de las declaraciones patrimoniales.

Ante ello, Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, fue el primero en manifestarse sobre la contradicción de la Corte, lo cual califica de restrictiva del derecho constitucional de libertad de expresión.

Burgos considera que con esta nueva posición del presidente de la CSJ lo que están intentando hacer es restar poder a los ciudadanos de saber si realmente se están realizando evaluaciones a las declaraciones patrimoniales o si, en el caso de haber indicios de posible enriquecimiento ilícito, se traslada esa información a la Fiscalía General de la República.

“Quiero decir que quien se inventó que eran un solo cuerpo fue la sección de Probidad de la CSJ. Cuando nosotros formulamos nuestra petición de acceso a la información pública intentaron mantener en secreto tanto el examen de las declaraciones patrimoniales como las declaraciones mismas diciendo que eran un solo cuerpo”, explicó.

El comisionado del IAIP, Jaime Campos, secundó a Burgos en los planteamientos contradictorios expresados por la CSJ.

“Alegaron justamente lo contrario. Habían dicho que tanto la declaración como el examen eran parte de un mismo cuerpo y que no podían divulgar la información del examen porque eso significaría divulgar el contenido de la declaración patrimonial”, aseveró.

Campos, quien por ley ya no podrá conocer de la apelación porque él elaboró el proyecto de resolución del caso, afirma que desde el momento que el IAIP ordenó que se entregara la información sobre la declaración de bienes del actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, en adelante, el resto de solicitudes de otros funcionarios también son de acceso público.

Pero el comisionado asevera que el presidente de la CSJ planteó un argumento nuevo: que el examen que realiza Probidad se hace con los fines de determinar o no presunto enriquecimiento ilícito y que, en todo caso, la única persona que tenga acceso a dicha información sería la autoridad judicial competente o incluso el mismo Fiscal General de la República.

También asegura que este punto será analizado por sus otros cuatro colegas, quienes tendrán que tomar en cuenta la opinión de Funde-Alac, que desde hoy tiene tres días hábiles para presentarla. La resolución del IAIP se conocerá hasta la otra semana.

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