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CICIG fue detonante de la “primavera guatemalteca” contra la corrupción

Las investigaciones de la Comisión contra la Impunidad fueron clave para el despertar ciudadano. La indignación de la sociedad ante la corrupción fue el factor que los cohesionó para protestar sin un lider.

El 27 de agosto pasado, unas 130 mil personas pidieron la renuncia de Pérez.

El 27 de agosto pasado, unas 130 mil personas pidieron la renuncia de Otto Pérez. | Foto por Archivo

El 27 de agosto pasado, unas 130 mil personas pidieron la renuncia de Otto Pérez.

La primavera árabe, esa emblemática lucha de calle en países como Libia, Egipto, Túnez y otros que lograron tumbar a gobiernos autoritarios o fraudulentos, tuvo sus réplicas en Asia y hasta en Latinoamérica. 

En Centroamérica, puede hablarse sobre todo de los casos de Honduras, donde miles han aclamado por una comisión contra la impunidad, pero más específicamente de Guatemala, cuyas protestas pacíficas de miles de ciudadanos en las calles dieron pie a la renuncia de la vicepresidenta (Roxana Baldetti) primero, y del presidente Otto Pérez Molina, después, acusados de dirigir tramas de corrupción estatal.

Si estas multitudinarias protestas de calle fueron clave para poner de cabeza al sistema político guatemalteco, no menos fueron las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un “experimento”, como llaman algunos, de las Naciones Unidas para investigar estructuras paralelas en el Estado. El proyecto CICIG, cuyos orígenes se remontan a 2002, fue cuestionado y lo sigue siendo, pese al respaldo que ha tenido de la población guatemalteca y de las mismas instituciones como el Ministerio Público, que ha retomado y judicializado sus investigaciones y que ahora tienen tras las rejas a decenas de políticos por el caso de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.

Si bien analistas como el nicaragüense Arturo Cruz consideran que las “primaveras” tanto en los países árabes como en Centroamérica no han mejorado las democracias de esos países, en Guatemala, la sociedad civil y algunos politólogos como Phillip Chicola, de reciente visita en El Salvador, reinvindican tanto las movilizaciones civiles como el papel de la CICIG, pese a sus críticas e inclusive errores de concepción.

El experto guatemalteco es de la idea de que la CICIG debe mantenerse en Guatemala por un tiempo, pero que luego la propia institucionalidad del país deberá responder si continúan los grupos paralelos de poder enquistados en el Estado o cualquier manifestación de corrupción en el aparato estatal.

Además, Chicola piensa que algo ha cambiado en Guatemala con las protestas de este año, que surgieron cuando la indignación de miles de ciudadanos rebalsó al punto de tener algo en común -el repudio a los políticos tradicionales- que los llevó a la calle sin más motivación de querer construir un país mejor.

Por eso el experto cree que al ser manifestaciones espontáneas, la revolución 2.0 le llama, pues fue convocada por diferentes personas a través de las redes sociales, como ocurrió en los países árabes, podrá reactivarse cuando algo vaya mal en el futuro gobierno. Las principales características que definen a esta “revolución de los memes”.

Precisamente, el presidente electo el domingo pasado en segunda vuelta, el excomediante Jimmy Morales, tiene sobre él la vigilancia de los miles de guatemaltecos que hicieron renunciar a Otto Pérez y ya han avisado: “Si lo hacés mal, saldremos a la calle a pedir tu renuncia”. Esta es una de las frases que más han repetido a los periodistas los guatemaltecos que protestaron durante todos los sábados desde marzo pasado.

El largo camino de CICIG

Chicola explicó cómo la CICIG ha tenido un largo camino hasta desembocar en las investigaciones de este año contra “La Línea” y terminó con el presidente en la cárcel y siendo procesado por delito de corrupción.

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Lo primero que hay que saber es que en los últimos años del conflicto armado en el vecino país, allá por los años 90, se comenzaron a enquistar en las instituciones del Estado estructuras paralelas de poder, emanadas del conflicto armado (militares y grupos internos) además de participación de personal de instituciones de seguridad en crimen organizado (contrabando, robo de vehículos, secuestros, sicariato, limpieza social), persecución contra periodistas, activistas de Derechos Humanos y operadores de justicia, la penetración del narcotráfico en los sistemas de seguridad y justicia y la cooptación de las instituciones del Estado para acceder a corrupción.

Todas estas manifestaciones fueron nominadas en Guatemala como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

Ante esa situación, en 2002 Guatemala solicita ayuda a la Organización de Naciones Unidas (ONU) un convenio para combatir los CIACS y se crea el CICIACS, el cual fue un primer organismo con funciones parecidas a las de la CICIG actual. Pero entonces, la Corte de Constitucionalidad declara inconstitucional el CICIACS al delegar la función de la investigación en una instancia internacional.

Luego, en un segundo intento, ya en 2007, Guatemala solicita de nuevo el apoyo de la ONU ante el deterioro de las instituciones de justicia y logran la creación de la actual CICIG. Chicola explica que lograron sortear la inconstitucionalidad al centrar el espíritu del ente en la defensa de los derechos humanos atajando la impunidad. 

En 2007 la Corte de Constitucionalidad, emite opinión consultiva en la que declara que CICIG no interfiere con ninguna función constitucional. 

Tres comisionados

De esa fecha hasta hoy, la CICIG ha tenido tres comisionados, quienes son nombrados por el Secretario General de la ONU y reportan directamente a él. Debido a que cada uno de los comisionados ha tenido un perfil y líneas de acción diferentes, Chicola considera que el mecanismo de nombramiento puede ser mejorable, en el sentido que el accionar de la CICIG dependerá de si acierta o no el secretario de la ONU en turno a la hora de elegirlo. Además, que no existe un mecanismo de rendición de cuentas ante ninguna comisión u organismo colegiado que permita tener una fiscalización sobre los casos que investiga CICIG.

Así lo consideró de hecho en una entrevista con El Diario de Hoy Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que aglutina a más de 100 mil empresarios de Guatemala. 

A su juicio, el actual titular, el colombiano Iván Velásquez, sí ha puesto énfasis en los temas más trascendentes.

Chicola explicó cómo el primer titular de CICIG, el español Carlos Castresana, le apostó a combatir el concepto tradicional de los CIACS, es decir los grupos enquistados en el aparato estatal que provenían de los antiguos cuerpos de seguridad. A su juicio, el español tuvo un manejo “político y mediático” de los casos que luego no documentaba y las acusaciones quedaban en nada. 

Su sucesor, nombrado por el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el costarricense Francisco J. Dall’Anese continuó con casos abiertos por Castresana pero su “error”, de acuerdo a Chicola, fue investigar casos de la guerra y “abrir heridas”.

Fue hasta 2013 que llega al cargo el actual titular, Iván Velásquez, con una credencial importante al haber llevado a la cárcel en Colombia a 62 diputados, toma el control de CICIG y adopta, de acuerdo a Chicola, una visión más amplia de los CIACS y es cuando la CICIG comienza a tener el respaldo no sólo de las instituciones del Ministerio Público, sino de la población en general. 

Fue hasta inicios de este año que sus investigaciones se solidificaron con el caso de estructura delictiva La Línea.

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