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La Cel justificó pago de $108.5 Mlls. por obra inconclusa

En su momento, la Cel admitió que hizo un arreglo para liquidar una obra inconclusa

La constructora Astaldi había parado los trabajos en la presa aduciendo imprevistos y por los que pedía a la Cel más de $52.3 millones por incurrir en "costos sostenidos". foto edh / archivo

La constructora Astaldi había parado los trabajos en la presa aduciendo imprevistos y por los que pedía a la Cel más de $52.3 millones por incurrir en "costos...

La constructora Astaldi había parado los trabajos en la presa aduciendo imprevistos y por los que pedía a la Cel más de $52.3 millones por incurrir en \"costos sostenidos\". foto edh / archivo

Cinco días después de que El Diario de Hoy publicara un amplio reportaje sobre el arreglo que hubo de manera confidencial entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) y la empresa Astaldi para liquidar el contrato a cambio de $108.5 millones, la autónoma publicó un campo pagado de dos páginas justificando la operación.

En la publicación, en la que la Cel dice que se trata de una aclaración a la opinión pública sobre "La verdad sobre El Chaparral", confirma la información publicada por este medio de que optó por un "arreglo directo" con la empresa para finalizar el contrato para la edificación de la presa El Chaparral con el fin de que no demandara al país ante un tribunal internacional.

Cel dice que, en efecto, pagó a Astaldi $108.5 millones porque tenía dos caminos: ir a un arbitraje o negociar el fin del contrato llave en mano.

Optaron por finalizar el contrato CEL-4143-S y pagar ese monto cuando las obras tenían, según la Cel y basándose en un informe de supervisión, un avance del 38.7 % entre mayo y marzo del 2012.

"En la negociación se acordó liquidar el contrato por el pago de $108.5 millones. De esta suma, se dedujo al contratista lo construido, es decir $85 millones ($79.8 ya cancelados y $5.2 millones pendientes de cancelar)", explicó la autónoma en su escrito.

También expone que se le pagó a la Astaldi $23.5 millones para "reducir" los reclamos de la constructora por los costos sostenidos en que dice haber incurrido por los atrasos en la margen derecha de la presa por "imprevistos imprevisibles" y por lo que exigía $52.391,095,46.

Cel convino esa cantidad porque, según se consignó en el documento de arreglo directo, no estaba de acuerdo con la cantidad requerida por la constructora pero que ha "ponderado" que los argumentos de los costos sostenidos pueden utilizarse como parte de las reclamaciones en contra de Cel por parte de Astaldi en caso de acudir a un arbitraje internacional y resultaría en un monto mayor.

El Acuerdo para el arreglo directo de la contratación (ver documento anexo) consigna que, por su parte, "Astaldi ha modificado su posición de que no se puede continuar la Obra conforme al diseño básico ni con el diseño modificado mientras no se elabore un nuevo diseño básico y se asuman por parte de la CEL los costos sostenidos" de $52 millones debido a esos "imprevistos imprevisibles" de la margen derecha de la obra.

En el inciso (iii) de ese mismo documento manifiesta que "CEL no está de acuerdo en la elaboración de un nuevo diseño básico ni en pagar la suma requerida por Astaldi por concepto de costos sostenidos (los $52 millones)".

Según el cálculo que hace la Cel de lo que hubiera podido costar al Estado ese costo beneficio en caso de un arbitraje y el tiempo que dure el litigio es de $27 millones por año.

"CEL ha tomado en cuenta que enfrentar una demanda de arbitraje podría ser por un monto muy superior a esos costos sostenidos, por lo que este arreglo directo ha logrado que solo se considere un porcentaje reducido del monto de dichos costos", dice el considerando (iV) del arreglo directo que firmaron por la Cel, Leopoldo Samour y por Astaldi, Mario Pieragostini.

También aduce Cel en la publicación del 2 de octubre de 2013, que con este arreglo evitan "nefastas consecuencias de millonarias indemnizaciones, como , por ejemplo, el conocido caso de Nejapa (1995-2002) en el que Cel pagó más de $700 millones".

La institución se respalda en que el arreglo fue avalado por la Corte de Cuentas de la República (CCR), de la que dice: estableció el 18 de julio del 2013 que la solución consensuada a que se llegó, permite la continuidad del proyecto y evita disputas legales".

Agrega que la CCR advirtió, que, de haberse sucedido un arbitraje, éste podría haber implicado cuantiosos montos a las finanzas del Estado.

En copias de las conclusiones de los auditores que publicó la Cel, se lee que ellos calificaron de "procedentes los argumentos expuestos" por la Cel para negociar el arreglo directo, porque además del monto superior que se hubiera pagado a causa del arbitraje, la duración del juicio habría deteriorado las obras ejecutadas en El Chaparral.

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