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David López Villafuerte:

La CEL era feudo de intereses particulares en anterior gobierno

El actual presidente de la autónoma dice que dichos grupos de interés influían hasta en las licitaciones y contrataciones

El presidente de CEL, David López Villafuerte y Maurizio Bezzecceri, representante de Enel, celebran el fin del litigio. foto edh

El presidente de CEL, David López Villafuerte y Maurizio Bezzecceri, representante de Enel, celebran el fin del litigio. foto edh

El presidente de CEL, David López Villafuerte y Maurizio Bezzecceri, representante de Enel, celebran el fin del litigio. foto edh

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, reveló que la anterior administración de la autónoma era similar a “un feudo” y que había “intereses particulares” que frenaban la marcha de proyectos estratégicos como la represa El Chaparral y la expansión de la central 5 de Noviembre.

Además señaló que se tomaron malas decisiones en el proyecto de El Chaparral, sobre todo aquellas relacionadas con la elección del sitio y el pago de dos diseños que se desecharon a la consultora brasileña Intertechne por un monto de $9.2 millones.

“En la anterior administración de CEL se perdió por completo el perfil técnico. Había muchas cuestiones individuales y grupales, parecía un feudo. Incluso no había relaciones ni con subsidiarias importantes como LaGeo, no se tenía unido a todo el equipo”, explicó López a El Diario de Hoy.

En este sentido, inclusive dijo que les tomó dos meses “desmontar” todas las relaciones de interés que había en CEL y que se habían creado malas prácticas que no correspondían a la misión de la institución.

“Sabíamos lo que había adentro, que era difícil enfrentarlos, pero pusimos gente de Junta Directiva con nueva visión. En dos meses nos habíamos tomado la CEL, quitamos los feudos que respondían a intereses externos, creamos nuevos equipos de trabajo y eliminamos todas las malas prácticas. Con eso ya teníamos un poder positivo y línea clara a seguir”, agregó el funcionario.

López no quiso confirmar de dónde eran los grupos de interés, pero dijo que existían un caudillismo “que favorecía a particulares hasta en las licitaciones y contrataciones”, lo cual, desde  su punto de vista, afectó el desarrollo de obras estratégicas de la autónoma.

“Cada administración tenía su visión, no era un equipo sólido, no era compartido, el pastel estaba bien repartido, no prevalecía el interés público y eso sin duda retrasó todos los proyectos que tenía que ejecutar la CEL”, reflexionó el presidente.

Por ello, el titular de la autónoma recordó que en la CEL y en todas sus subsidiarias había esquemas administrativos aislados y que existían lineamientos de otras instancias para el manejo de esta empresa estatal.

“Antes las inversiones y decisiones de CEL eran cuestionadas porque quizá había instrucciones desde afuera para hacer o no hacer algo ”, valoró.

En este sentido el funcionario dijo que el primer objetivo de la institución fue el de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en entregar toda la documentación relacionada con El Chaparral, una obra que fue abandonada en la gestión del ex presidente de CEL, Leopoldo Samour, y por la que se pagó $108.5 millones como parte de un “arreglo directo” con la firma italiana Astaldi.

Pese a que las obras quedaron inconclusas, el entonces presidente Funes defendió el pago multimillonario, alegando que era mejor pagar que irse a un arbitraje con Astaldi.

“En toda la parte legal hemos colaborado con la Fiscalía y con el juzgado del municipio de San Luis de la Reina. Nosotros nos bajamos de cualquier interés privado para que nos entregaran el sitio y por ello el miércoles (hoy) vamos a oficializar el reinicio de obras en el proyecto”, enfatizó López (ver nota aparte).

El presidente de CEL  recordó que el “arreglo directo” entre la autónoma y  Astaldi fue una decisión de la anterior administración en el gobierno Funes y que hubo “una negociación” para llegar al pago entre las partes.

Además indicó que en las discusiones entre la autónoma y Astaldi se plantearon diferentes montos para dar salida al conflicto y que al final fue Samour el que firmó el arreglo directo.

“Ahí se llegó a ese monto, para algunas personas puede ser mucho y para otras poco, pero al final es una negociación,  es un arreglo y así queda, así se firma, más allá de críticas o cuestiones mediáticas al respecto”, acentuó López, que no quiso entrar en detalles sobre este punto porque existe una investigación de la FGR en curso.

Lo cierto es que el pago a Astaldi ha incidido en el presupuesto global de El Chaparral y que hará que la obra cueste $71 millones más, reconoció. 

Así justifica la apuesta a contratar empresas nacionales, agremiadas a la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) y a un crédito que todavía está vigente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Compleja relación con Intertechne, de Brasil

Otro de los puntos que tuvo que abordar la CEL fueron los contratos que la gestión Samour y la anterior junta directiva dejó con la firma brasileña Intertechne, tanto en El Chaparral como en la supervisión de la Expansión de la presa 5 de Noviembre.

En el caso del proyecto sobre el río Torola el rediseño no era una alternativa viable para seguir con la obra, ya que no corregía, según López, los problemas en la margen derecha de la montaña.

“Intertechne, cuando nos planteó su rediseño, no nos dijo que Astaldi había encargado una turbina a la empresa rusa Tyazhmash, lo estaba descartando y nosotros le cuestionamos porque aumentaba costos. Ellos querían que abandonáramos esto e iniciáramos un nuevo proceso que nos iba a significar 18 meses de retrasos, fue una decisión complicada pero que favoreció continuar el proyecto”, afirmó López. 

Mientras tanto en obras sobre el río Lempa, en la central más antigua del país, los brasileños tenían un desfase en la ejecución, ya que no tenían suficiente personal técnico en el país y no habían ajustado el cronograma de trabajos.

“En la 5 (de Noviembre) vimos en ellos mucho incumplimiento, les dimos tiempo, les metimos presión, les pedimos más gente, pero no mejoraron y les finiquitamos. Por eso hemos contratado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que nos ayude con estas tareas de supervisión a un monto menor”, puntualizó.

López también consideró que en El Chaparral las anteriores dos gestiones de CEL pudieron tomar mejores decisiones, sobre todo relacionadas con el lugar de la represa y los estudios complementarios para “anticiparse” a las fallas encontradas en la montaña.

Acciones en INE

Por otra parte, López Villafuerte anunció que CEL está en el proceso de recuperar el ciento por ciento de las acciones de LaGeo en Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE) a través de un proceso en el que esperan la “no objeción” del BCIE debido a que este organismo aportó $48.8 millones para la segunda fase de la Central Térmica Talquine, en el departamento de La Libertad.

“Queremos cerrar esto porque ya no hay razón de ser de que la INE sea la propietaria de LaGeo, vamos a devolver todas las acciones de esta empresa para que dependa directamente de la CEL, sobre todo porque sus utilidades ayudan a pagar más de $140 millones en subsidios a la energía eléctrica”, finalizó López.

Las acciones de CEL en LaGeo separaron a la INE para darle un respaldo financiero y no afectará la titularización que hizo la autónoma para pagar $286 millones a Enel Green Power, anterior socio y propietario de una parte de las acciones.

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