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Capres oculta pagos a firma brasileña de publicidad Polistepeque

Presidencia aduce su negativa a dar esa información en que está bajo reserva desde 2012 y ha sido prorrogada

Capres oculta pagos a firma brasileña de publicidad Polistepeque

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Capres oculta pagos a firma brasileña de publicidad Polistepeque

Lo que la administración Funes pagó a la empresa Polistepeque Comunicación y Marketing S.A. de C.V., propiedad de Joao Filho de Santana, actualmente investigado en Brasil por supuesta evasión fiscal, sigue siendo un secreto bien guardado tras los muros de Casa Presidencial.

El Diario de Hoy envió el pasado 7 de mayo al Oficial de Información de la Presidencia de la República una solicitud de información sobre el dinero público con el que se liquidó sus servicios a Santana, un amigo personal del exmandatario que se hizo de los contratos de publicidad de la Presidencia en su gestión y de otras instituciones públicas.

Se solicitó a Capres copias de los contratos otorgados desde 2009 a 2014, el monto pagado por servicios de publicidad a tal firma y copia del acuerdo ejecutivo mediante el cual se avaló su contratación directa.

La fundamentación de la negativa del oficial Benjamín Pavel ha sido la misma que ha dado cada vez que se le han pedido datos relacionados a lo que Funes gastó en publicidad oficial, pese a que se trata de dinero de los contribuyentes y a que ya es historia pasada. Además, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) dice claramente que debe ser publicada de oficio.

En su resolución, argumenta su negativa en que se trata de información reservada desde el 7 de mayo de 2012 y que entre lo que dio pie a declarar esa reserva está que la interacción gubernamental entre competidores debe propiciar la libre competencia y que en vista de una "eventual contratación estatal por medio de licitación o contratación directa de servicios de publicidad para la Presidencia de la República, la divulgación de la información relacionada los servicios a proveer, anteriores oferentes, costos, términos de la contratación gubernamental, y demás documentación que se incorpora a los archivos de adquisición institucional" podría tener repercusiones.

Entre esas repercusiones menciona una posible distorsión en los precios de los servicios de publicidad en perjuicio de la Presidencia.

Se escudan en una declaración del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de que "proporcionar dicha información traería como consecuencia una ventaja indebida entre los propios medios de comunicación", entre otros puntos.

En resumen, dicen que reservar esta información es "en aras de preservar el bien jurídico de la libre competencia, evitar un perjuicio directo a la Presidencia por el aumento de los precios en las ofertas de contratación gubernamental de este rubro y la posibilidad de generar una ventaja indebida a un competidor o grupo de competidores frente a otros".

En diciembre del año pasado, se la negaron a Transparencia Internacional Capítulo El Salvador. El caso llegó hasta el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y este respaldó los argumentos de Capres. Con esta decisión avaló el secretismo que impuso Funes y que ratificó Salvador Sánchez Cerén.

Exasesor es investigado

Aunque es una información de contratos pasados, la veda impide saber cuánto se benefició la empresa Polistepeque de los contratos del Estado salvadoreño, cuyas "hermanas" y su propietario, el exasesor de Funes, están bajo la mira de la policía brasileña, que indaga si se utilizó un millonario pago en Angola para lavar dinero en Brasil y beneficiar al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Según medios brasileños, las autoridades sospechan que constructoras brasileñas que operan en Angola destinaron, en 2012, $16 millones a Santana para que de manera indirecta el PT pudiera saldar las deudas que tenía con su empresa Polis Propaganda & Marketing.

La sospecha surgió cuando una sucursal de la empresa de Santana, Polis Caribe, transfirió $16 millones desde República Dominicana, y pagó impuestos de 3 millones por esa transacción. Según las autoridades, no es común que alguien con negocios en el exterior asuma tan elevada carga fiscal para ingresar el dinero a Brasil, de allí que abrieran una investigación ante la versión de que constructoras brasileñas en Angola serían en realidad la fuente de este dinero.

Santana se ha defendido diciendo que se trata de una operación totalmente legal y transparente de recursos que ganó en la campaña presidencial de 2012 en Angola.

En el país, también habría ganado mucho dinero gracias, en parte, a las contrataciones avaladas por el expresidente Funes en Casa Presidencial y varias instituciones estatales.

En enero de 2012, el periódico digital El Faro publicó cómo la empresa del exasesor de Funes había ganado $8.5 millones por servicios de publicidad

La publicación aclaraba que no logró determinar cuánto de esa cantidad se lo había pagado la Casa Presidencial, pero coincidía el tiempo en el que la había ganado con el inicio de la presidencia del excomunicador, fue entre junio de 2009 y diciembre de 2010.

También reveló que las ventas netas de Polistepeque crecieron en seis meses de $117 mil a $578 mil 345 según lo indicaban documentos del Registro de Comercio.

El Faro también había publicado en enero de 2010 cómo Polistepeque se había hecho de los contratos de publicidad en la presidencia de Funes: fue a través de un acuerdo ejecutivo del 19 de noviembre de 2009 en el que se ordenaba, sin licitación pública de por medio, la contratación directa de servicios de agencia de publicidad para el diseño, producción e implementación de campaña para 27 instituciones del Ejecutivo.

De esa manera, Funes se habría saltado la ley de licitaciones públicas que establece que la contratación directa aplica solo cuando el servicio lo brinda una sola fuente o si la especialidad profesional técnica o artística no permite promover una licitación.

Funes admitió su decisión y la justificó en que había hecho una investigación de mercado y no encontraron agencias de publicidad y productoras en el país en calidad y experiencia necesaria para asumir la propaganda o de la publicidad gubernamental.

La Superintendencia de Competencia se declaró incompetente en la denuncia que promovió sobre esa decisión la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad, según publicó El Faro.

Además destacó que la oficina de la Presidencia que compraba publicidad multiplicó su presupuesto entre 2002 y 2012: de $1.3 a $12.6 millones.

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