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Candidatos prometen combatir la corrupción

La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es una de las principales propuestas hechas por Quijano y Sánchez Cerén

El empresario Adolfo Salume concedió préstamo de $3 millones al presidente Mauricio Funes, cuando era candidato, que luego condonó y que generó una fuerte polémica. foto edh / archivo

El empresario Adolfo Salume concedió préstamo de $3 millones al presidente Mauricio Funes, cuando era candidato, que luego condonó y que generó una fuerte polémica. foto edh /...

El empresario Adolfo Salume concedió préstamo de $3 millones al presidente Mauricio Funes, cuando era candidato, que luego condonó y que generó una fuerte polémica. foto edh / archivo

Conscientes de que no hay un efectivo combate a la corrupción en las instituciones públicas, los candidatos a la presidencia de la república ofrecen que de ganar las elecciones fortalecerán la persecución de este delito, oferta bien vista por algunos críticos, pero que alertan sobre lo parcializado de las pocas investigaciones.

En el abanico de opciones de los partidos políticos para luchar contra este mal figuran propuestas como la "imprescriptibilidad" de los delitos de corrupción y la aprobación de leyes para perseguir a los funcionarios públicos que insistan en enriquecerse a costa de los dineros del pueblo.

Los aspirantes por ARENA y el FMLN son los que, directamente, se han referido a perseguir la corrupción sin límite de tiempo y sin excepción de funcionarios que desempeñando cargos públicos comentan estos ilícitos.

"En este país que tiene tantos altos niveles de corrupción, Norman Quijano y René Portillo Cuadra estarán dispuestos a buscar de que esos delitos no prescriban, si algún día (un funcionario público) tocó un peso que lo pague aunque ya tenga 100 años, pero que lo pague", dijo Norman Quijano en diciembre pasado en un evento con líderes de iglesias evangélicas del país.

Quijano también aseveró que no está de acuerdo en que los presidentes de la república en los siguientes 5 años de su mandato se vayan como diputados al Parlamento Centroamericano "buscando la inmunidad para que pasen los 10 años" en que prescriben los delitos de corrupción.

También afirmó que ARENA va a insistir "hasta la saciedad" en que "los primeros que debemos de estar siendo fiscalizados somos nosotros, los políticos, y le voy a pedir a mi fracción también que busque una forma para que esos 10 años de prescripción (sean eliminados). El que alguna vez en su vida tuvo un peso, un dólar, y se lo robó lo deben de seguir hasta la muerte para que lo devuelva", agregó.

Previo a la firma de la carta compromiso por la transparencia y acceso a la información pública ante el IAIP, el 9 de diciembre pasado, el aspirante presidencial por el FMLN, Salvador Sánchez Cerén, adelantó que ya tiene listo un plan integral anti corrupción, que incluye la "imprescriptibilidad de los actos de corrupción" y "un intensivo programa de desburocratización y transparencia del Estado", entre otras medidas.

"Este plan... contiene medidas profundas y estructurales de la próxima gestión gubernamental como la imprescriptibilidad de los actos de corrupción, el impulso de una nueva ley de probidad contra el enriquecimiento ilícito, la incautación de los capitales ilícitos provenientes de la corrupción y la narco actividad, bajo la más rigurosa aplicación de la Ley de Extinción de Dominios", dijo.

También propone institucionalizar la auditoría "forense" para rastrear los capitales ilícitos sustraídos en cualquier tiempo, crear un sistema integrado de probidad e integridad pública que garantice, entre otras medidas la estricta aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y el pleno respaldo al IAIP para el eficaz cumplimiento de sus funciones, en caso de ganar las elecciones, comentó.

Tony Saca, del Movimiento Unidad, comentó que en su plan de gobierno, si llega a la presidencia, incluirá la promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental mediante el acceso a la información pública.

También dijo que dará impulso a un nuevo modelo de gestión gubernamental y moderno, basado en la planificación, en la coordinación, monitoreo y evaluación permanente de la gestión pública.

La subsecretaría de Transparencia se elevará a Secretaría, "con el objetivo de continuar promoviendo mecanismos de rendición de cuentas por parte de las diferentes carteras del Estado y autónomas, a fin de promover la participación ciudadana en la gestión pública participativa", externó el político.

Finalmente dijo que convertirá la Corte de Cuentas en Contraloría General de la República, con el objetivo de priorizar la evaluación de los resultados, en la calidad y cobertura de los servicios públicos, lo cual es fundamental para lograr acceso a la información pública, libertad de expresión y el combate a la corrupción.

Las críticas

Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), representante de Transparencia Internacional, critica que los casos de supuesta corrupción investigados por el gobierno se estén usando con fines electorales, mientras José Luis Benítez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), afirma que deben reforzarse las instituciones contraloras del Estado y los espacios e instrumentos de control ciudadano.

"Creo que en El Salvador se deben fortalecer las instituciones que ejercen un control dentro del mismo Estado, y sin duda, una condición fundamental para lograr esto es profesionalizar y despartidizar la conducción de estas instituciones públicas", acota Benítez.

Es necesario promover una ética sólida en la administración pública y en la sociedad para combatir la corrupción, pero también hace falta ampliar y fortalecer los espacios e instrumentos de participación y control ciudadano, tanto a nivel nacional como local, añadió.

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