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Buseros sin permisos para circular por no firmar contratos

En enero dos unidades de la ruta 42C autobús fueron sancionadas por el VMT por, supuestamente, suspender el servicio de transporte público y aumentar el costo del pasaje.

En enero dos unidades de la ruta 42C autobús fueron sancionadas por el VMT por, supuestamente, suspender el servicio de transporte público y aumentar el costo del pasaje.

En enero dos unidades de la ruta 42C autobús fueron sancionadas por el VMT por, supuestamente, suspender el servicio de transporte público y aumentar el costo del pasaje.

"La línea posee restricciones activas", así dice el documento que Sertracen le entregó el pasado 25 de septiembre a un transportista de la ruta la 42C autobús, que hace su recorrido desde Santa Tecla hasta el centro de San Salvador, a quien solo se identificará como Barrera, por su seguridad.

Esta medida no tomó por sorpresa al transportista. Según cuenta, en agosto el director general de Transporte del Viceministerio de Transporte (VMT) le advirtió a un grupo de buseros de la misma ruta que si no firmaban contratos con la empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes), el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y el nuevo contrato de concesión del VMT, sus unidades saldrían de circulación en septiembre.

Barrera dijo que desde septiembre los permisos de línea de las unidades que no tienen instalados los validadores de Subes aparecen con "restricciones" en Sertracen.

Denunció que las autoridades buscan coaccionar con "todo tipo de amenazas" para que los transportistas de Santa Tecla, Ciudad Merliot y áreas de La Libertad sean parte del nuevo sistema de recaudación electrónica.

El cobro electrónico iniciaría en los sectores antes mencionadas, en sus 33 rutas que representan alrededor de 750 unidades.

Son cuatro unidades propiedad de Barrera, de la ruta 42C autobús, las que actualmente tienen restricciones en los permisos de línea. Esta medida no les permite matricular las unidades.

"En la ruta 42C fueron convenciendo a varios con la campaña de terror de que ya no iban a tener permisos de línea; (ellos) comenzaron a firmar", explicó.

En los documentos entregados por Sertracen a Barrera, el 25 de julio de 2013, respecto a tres de las cuatro unidades se expone: "Usuario consulta por restricción de vehículo, se le indica: que la línea posee restricciones activadas, por lo que debe acudir al Viceministerio de Transporte".

Mientras que en la notificación de la cuarta unidad se lee en la observación: "Usuario consulta por restricción de vehículo, se le indica: que debe acudir al Viceministerio de Transporte a fin de verificar estado de línea, la cual se encuentra iniciada".

"Así nos habló el director de Transporte en agosto, nos explicó bien claro que (la medida fue) porque nosotros no habíamos firmado los contratos", dijo.

El transportista agremiado en la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) aseguró que la justificación de las autoridades para hacerles firmar los contratos es la "resolución razonada" emitida por el VMT.

"Un reglamento (de Tránsito) dice bien claro que ustedes tienen que firmar", dijo el transportista que fue la respuesta que le dio en agosto el director general de Transporte cuando ellos cuestionaron las represalias por rechazar el proyecto.

La resolución razonada del VMT establece las disposiciones para ejecutar e implementar el nuevo sistema de cobro electrónico a través de una tarjeta prepago.

Otros transportistas afectados

Barrera aseguró que otros empresarios están pasando por la misma situación. Explicó que al no poder refrendar la tarjeta de circulación o actualizar los permisos de línea decidieron "rendirse".

"Muchos buseros no pudieron matricular y anduvieron con los papeles vencidos. Por ejemplo un empresario que al no poner a trabajar el bus porque tenía que renovar la documentación decidió prácticamente rendirse y terminó firmando. Supongamos que firmó un día lunes, le pusieron los validadores el martes, y el miércoles ya podía matricular sus unidades en Sertracen", comentó.

Según estimaciones de la operadora del sistema de cobro electrónico, la empresa Subes, actualmente tiene firmados 1,100 contratos y han instalado 803 validadores.

Basado en la Constitución de la República y en otras leyes, Barrera aseguró que el VMT está violando los derechos de los transportistas a través de una "resolución razonada" que no constituye una ley.

"La resolución razonada, pero no sabemos razonada de qué, a favor de aniquilarnos como sector", denunció.

En noviembre, Subes inició con la instalación de validadores en la zona sur y norponiente de la capital.

No obstante el cobro electrónico en la primera fase del proyecto, en Santa Tecla y Ciudad Merliot, aún no despega. Los usuarios prefieren continuar pagando en efectivo.

Pero la no obligatoriedad del cobro electrónico pone en aprietos a los transportistas agremiados en la empresa Sipago.

El pasado 12 de noviembre dijeron que no usar la tarjeta pone en riesgo la compra de los 130 buses articulados y 60 padrones para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).

Sipago ha gestionado un millonario préstamo con el Banco de Desarrollo de Brasil (Bandesal) por $48 millones. Uno de los requisitos que exige el banco es que en el país exista un sistema de cobro electrónico en el transporte público.

El transportista de la ruta 42C aseguró que con una "campaña de terror y de amenazas contra el sector transporte, de cancelarles los permisos" quieren echar a andar el proyecto de cobro electrónico y el Sitramss "a como dé lugar".

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