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Buseros inconformes con contratos para Sitramss

Los transportistas tienen que asumir los compromisos con Subes y Bandesal

Juan Pablo Álvarez, de Acopatt, ha expresado la protesta de su gremio contra las condiciones del Sitramss. Foto EDH / Archivo

Juan Pablo Álvarez, de Acopatt, ha expresado la protesta de su gremio contra las condiciones del Sitramss. Foto EDH / Archivo

Juan Pablo Álvarez, de Acopatt, ha expresado la protesta de su gremio contra las condiciones del Sitramss. Foto EDH / Archivo

Al menos tres gremiales de transportistas expresaron que la firma de los nuevos contratos de concesión del Viceministerio de Transporte (VMT) les genera desconfianza e inconformidad.

El escepticismo de ATP, Acopatt y AEAS se enfoca en la cláusula séptima del contrato, la cual estipula que los "concesionarios" o transportistas se sujetarán a las tarifas autorizadas y que deberán acatar cualquier modificación que el VMT disponga en "los sistemas de percepción tarifaria", como se refieren a la forma de cobrar el pasaje.

En el país hay 11 mil buses y microbuses que prestan el servicio de transporte público de pasajeros. De ese total, 4 mil 400 ofrecen el servicio solo con permisos de línea y el resto con contratos, según el VMT.

Roberto Soriano, dirigente de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATP), dijo que los dueños de buses y microbuses que cuentan solo con permisos de línea están firmando los nuevos contratos.

Según el VMT, con los nuevos convenios se da cumplimiento al decreto legislativo 244, que reformó la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo Público de Transporte.

Soriano afirma que esta "resolución razonada" del VMT, firmada el 16 de octubre de 2012, busca darle vida al nuevo sistema de cobro electrónico de pasajes, a través de la firma de nuevos contratos de concesión.

El representante legal de la Asociación Cooperativa de Pilotos Automovilistas y Trabajadores del Transporte (Acopatt), Juan Pablo Álvarez, dijo que los cambios en el contrato de concesión del VMT pretenden "imponer el uso de la tarjeta prepago".

"El gobierno, por medio del VMT, emitió una resolución razonada en cuanto a darle vida a ese sistema de recaudo vigente", dijo Álvarez.

En 400 unidades de transporte público de la zona de Santa Tecla se empezó a implementar el cobro electrónico del pasaje el 16 de julio. Pero desde ayer el cobro con tarjeta sería obligatorio, según disposición del VMT.

Álvarez se pregunta ¿por qué el contrato de concesión obliga a los transportistas a firmar convenios con Subes y Bandesal? Según él, las autoridades del VMT no han querido explicarlo.

Temores

Sin especificar cuánto, el dirigente de ATP señaló que desde hace meses el VMT no se reúne con la Mesa Nacional del Transporte, sino que únicamente con la empresa Sistema Prepago (Sipago). Esta fue fundada por un grupo de transportistas y sobre la que Soriano asegura que "no representa al sector".

Añadió que en las reuniones con Sipago solamente se aborda lo relacionado con la tarjeta prepago del transporte público y se dejan de lado temas como: la tarifa del pasaje, los contratos, la competencia ilegal y la delincuencia.

El representante de la asociación que aglutina a los buses de la Ruta 29, que conecta municipios como Soyapango e Ilopango con San Salvador, aseguró que algunos buseros y microbuseros de Santa Tecla han externado su descontento porque a la hora de firmar el contrato con el VMT, también tienen que plasmar su rúbrica en otros dos.

Uno es con Subes, la empresa que instalará los aparatos o validadores para realizar el cobro electrónico. El otro es un fideicomiso con el Bandesal, institución que administrará los flujos de efectivo provenientes del sistema prepago.

Para Catalino Miranda, accionista de Sipago, la firma de los nuevos contratos no debe significar un problema para los transportistas.

Como presidente de la Asociación Cooperativa de Transportes de El Salvador (Acostes), que agrupa a las rutas 42-C, 42-A y 42-E microbús, aseguró que han firmado tres nuevos contratos con rutas de microbuses que prestan servicio en Santa Tecla y que no han sido "coaccionados" para hacerlo.

Sin embargo, Álvarez argumentó que la cláusula séptima "esconde" la exigencia de firmar contratos con Subes y Bandesal.

La cláusula en mención señala: "En la prestación del servicio concesionado por medio de este documento, el concesionario se sujetará a las tarifas autorizadas por la autoridad competente de acuerdo a la normativa legal. Debiendo acatar cualquier modificación que se disponga en los sistemas de percepción tarifaria...".

Añadió que transportistas del sector de Santa Tecla han asegurado que "son coaccionados" para firmar los contratos con la amenaza de que, al no hacerlo, no podrán renovar sus permisos de línea.

Miguel Castañeda, presidente de Sipago, dijo que los transportistas que quieran ser parte de la nueva forma de cobro del pasaje, deben firmar los tres contratos.

"No hay ninguna obligatoriedad, el que no quiere entrar no entra, aún puede buscar la otra figura, como la competencia... Eso lo pueden hacer. Libre", acotó.

Un transportista de la ruta 42-B microbús, que hace su recorrido de Santa Tecla hacia el centro de San Salvador, confirmó esa postura. "Quienes han firmado los contratos es porque no tienen otra opción", declaró.

Aseguró que tampoco tienen alternativas para escoger a la empresa que "más les convenga" para que instale y administre la prepago: "Subes fue la que ellos escogieron".

Al ser consultado sobre el tema, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, se limitó a aseverar que en el nuevo sistema de transporte "nadie está excluido" y que "no existe un monopolio con la prepago".

Pero el que la empresa Subes sea la única que ejecute este proyecto es otro tema que desconcierta a los buseros.

El viceministro de Transporte, Nelson García, aseguró a un periódico el fin de semana pasado que cualquier otra empresa podría ofrecer el servicio de recaudo electrónico.

Gerson Martínez secundó esta opinión y dijo que "quien quiera ofrecer un sistema que cumpla con los estándares donde se tutelan los interés públicos, esta economía es abierta".

Mientras que para Castañeda, si existe otra empresa que quiera ofrecer este tipo de sistema, puede hacerlo.

"Que no les parece bien Subes... pues las empresas como rutas tienen que conformar..., hacer un fideicomiso y seguir todo el proceso de legalización. No es así nomás", argumentó.

Para el presidente de AEAS, Genaro Ramírez, el Gobierno está implementado medidas para "sacar del negocio a los actuales operadores". Él cree que las autoridades están violando la Constitución, porque no pueden obligar a nadie a contratar un servicio que no quieren.

El abogado Francisco Bertrand Galindo, al analizar los contratos de concesión del VMT y el reglamento operativo del Fideicomiso para la administración de flujos del sistema, a los que tuvo acceso este medio, afirmó: "Pareciera que el VMT están forzando a los transportistas".

Argumentó que cláusulas, como la séptima y la octava, riñen con el marco de funcionalidad del contrato de concesión, que es el otorgamiento de las líneas para que circulen las unidades de transporte público.

Aseguró que los transportistas tienen el derecho de firmar convenios con cualquier empresa que les ofrezca el mejor sistema electrónico de cobro.

"¿Por qué el Estado va a otorgar un permiso monopólico a una empresa solo para que haga esto y se la imponga a los empresarios de buses? La obligación de tener un mecanismo de cobro es de los empresarios, el Gobierno no tiene en principio porqué meterse en eso", añadió. En el reglamento operativo del fideicomiso para la administración de flujos de la prepago, función de Bandesal, se establece que la empresa Subes cobrará una comisión más IVA del 10.5 % sobre los montos depositados.

Soriano afirmó que la tarjeta prepago les está obligando a pagar el 10.5 % más IVA, pero que además hay otros gastos que no se definen o aclaran en los contratos.

Según el reglamento habrá un cobro de la comisión del fideicomiso, que estará en manos de Bandesal. El banco determinará la comisión a cobrar como fiduciario sobre los montos depositados del fideicomiso. "Hoy me quita el dinero el conductor, mañana Subes", dijo Soriano.

Para Bertrand Galindo, el 10.5 % que estipula el reglamento "es exagerado". Además no se menciona cuál será el monto de la comisión que cobrará Bandesal, en ese sentido la tasa podría subir hasta un 12 %, dijo.

Un transportista de la ruta 42-B aseguró que modernizar el transporte público es bueno, pero el sistema que se está implementando no es rentable para el sector. Esto debido a los gastos diarios en combustible, reparaciones y pago de extorsiones. Reglas claras y porcentajes acordes a la realidad serían la solución para que el sistema sea" rentable" para todos los involucrados, considera.

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