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Buseros comienzan batalla legal contra MOP Y VMT

Las gremiales AEAS, ATP y Rutas Unidas Salvadoreñas aseguran que tienen suficientes pruebas de ilegalidad de proyecto Sitramss

Según los buseros, el Gobierno ha entregado obras públicas a dos empresas privadas. —Foto EDH/Raúl Benítez

Según los buseros, el Gobierno ha entregado obras públicas a dos empresas privadas. —Foto EDH/Raúl Benítez

Según los buseros, el Gobierno ha entregado obras públicas a dos empresas privadas. —Foto EDH/Raúl Benítez

Las gremiales AEAS, ATP y Rutas Unidas Salvadoreñas dijeron ayer que empezarán una batalla legal la próxima semana contra las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) y del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El próximo martes pedirán a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que detenga el cobro de la tarifa de $0.33 centavos que comenzará a cobrarse ese mismo día en el Sitramss.

Los transportistas aseguraron, ayer, durante su asamblea general, que tienen más de una docenas de razones y suficientes pruebas sobre las ilegalidades que las instituciones de Gobierno han cometido durante el proceso de ejecución del proyecto.

La demanda de inconstitucionalidad de las reformas al Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial es la primera que interpondrán el próximo martes, dijo el presidente de Rutas Unidas Salvadoreñas, Juan Pablo Álvarez.

El año pasado el VMT modificó el Reglamento con nueva terminología, condiciones y exigencias a los buseros y microbuses, entre ellas que instalen un nuevo sistema de cobro electrónico, para darle un respaldo legal al Sitramss. Los cambios entraron en vigencia el 1 de diciembre de 2014.

Los transportistas objetaron que un proyecto tan importante para el transporte público de pasajeros no haya sido licitado ni concesionado. Al contrario, ellos afirmaron que fue entregado a un "grupo de privados" para que "lo explotaran" sin haber pasado por la Asamblea Legislativa.

"Le vamos a solicitar a la Sala, tal vez la no ejecución del proyecto, que los buses sigan circulando, pero que no cobren (los $0.33). Uno, porque el impacto a la población es considerable, y otro porque aquí lo que está en juego es quién va a ser el dueño del nuevo sistema, si van a hacer esos pocos privados o van a ser todos los transportistas. Eso es lo que está en pleito", acotó el transportista.

Los buseros afectados aseguran que el VMT y el MOP han violado varios derechos constitucionales de los usuarios y de quienes prestan el servicio de transporte. Entre ellos está el de la libertad de asociación, el cual está contemplado en el artículo 7 de la Constitución. Este señala que nadie puede ser obligado a pertenecer a una sociedad.

Roberto Soriano, presidente de ATP, expresó que el VMT los está obligando a ser socios de la empresa Sistema Integrado Prepago (Sipago) para "gozar los beneficios" del Sitramss.

"Esperaríamos que la Sala actúe de una forma, como lo hemos visto, y que sea responsable. Porque hemos visto una serie de violaciones, y de una u otra manera la Sala tendría que analizar el tema antes de perjudicar no solo a los transportistas, porque en el tema de la tarjeta prepago hay una gran lesividad para el usuario", declaró Soriano.

Los buseros afectados mencionaron que también hay violación al artículo 120 de la Constitución, según el cual el Estado debe concesionar las obras de uso público. Por su parte, el artículo 110 prohíbe los monopolios, si estos no son a favor del Estado o de las municipalidades.

Al respecto, Soriano refutó que con la reforma al reglamento, el VMT está obligando a instalar un sistema de cobro electrónico que solo lo ofrece la empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos (Subes). La única sociedad que ha recibido el "visto bueno" del VMT para que ofrezca la tecnología que permitirá cobrar el pasaje con tarjeta prepago.

"Le está dando un pase de cortesía a la empresa Subes para que instale su gran negocio", estimó Soriano.

Genaro Ramírez, presidente de AEAS, dijo que ellos no están en contra, pero resaltó por qué al Sitramss se le allanó el camino para que arrancara, cobrando una tarifa de $0.33 centavos.

"¿Porqué el Sitramss con todo el apoyo del Estado, dándole créditos, arreglándole las calles, haciéndole las terminales, la policía dándole toda la protección del mundo, no cobran menos de lo que nosotros estamos cobrando? Eso viola el derecho de igualdad", declaró Ramírez.

El transportista dijo que no tienen dudas "de que el Sitramss tiene múltiples vicios de ilegalidad".

Presentarán más demandas

Los representantes gremiales dijeron que la semana pasada solicitaron al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, una audiencia. Esto con el objetivo de explicarle los daños colaterales de las reformas, tanto al Reglamento de Tránsito, como al decreto 487 referente a la Ley Transitoria para la estabilización de las tarifas del transporte público.

Esta última fue aprobada por la última legislación de la Asamblea Legislativa.

"Hemos vuelto a solicitarle al presidente una audiencia para explicarle la lesividad que tienen las reformas, tanto al reglamento como al decreto 487", aseveró Soriano.

Con este decreto, que aún no tiene el aval de la Presidencia de la República, el VMT quiere pagarles $0.04 por pasajero a los autobuses y $0.02 a los microbuses.

El documento de reforma fue aprobado con dispensa de trámite por la pasada legislatura, específicamente por el partido FMLN y Gana.

"En una primera instancia vamos con la demanda de inconstitucionalidad. Posteriormente viene un amparo de parte de las rutas afectadas, en este caso de Soyapango, en donde vamos a demostrar todo eso (ilegalidades). Hemos ido recolectando, recopilando las evidencias por más de dos años, creemos que ya estamos listos para presentar esos amparos", explicó Álvarez.

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