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Avalan reformas a Ley de APP sin respaldo de ARENA

Una de las principales reformas es que las concesiones ya no necesitarán de 56 votos

La bancada tricolor ya no se reunirá más con el equipo de transición de gobierno por petición de desafuero para d'Aubuisson y De Escobar. Foto EDH / Jorge reyes

La bancada tricolor ya no se reunirá más con el equipo de transición de gobierno por petición de desafuero para d'Aubuisson y De Escobar. Foto EDH / Jorge...

La bancada tricolor ya no se reunirá más con el equipo de transición de gobierno por petición de desafuero para d\'Aubuisson y De Escobar. Foto EDH / Jorge reyes

La petición de antejuicio del presidente Mauricio Funes para los diputados de ARENA, Roberto d'Aubuisson y Ana Vilma de Escobar, hizo que esa fracción legislativa no votara ayer por las reformas a la Ley de Asocios Público Privados (APP) y que cancelaran la reunión que tendrían ayer con el equipo de transición del nuevo gobierno. Lo anterior, como una "medida de protesta" contra el Ejecutivo, afirmó el jefe de la bancada arenera, Donato Vaquerano.

Los diputados areneros a quienes Funes pide desaforar tildaron el proceso de una "persecución y juicio político" que lleva la intención de utilizar el desafuero como "instrumento de censura" en contra de ellos y minarles el piso para su reelección en los comicios de 2015. (Ver nota en siguiente página).

Vaquerano explicó que no acompañarán al Gobierno con sus votos en ninguna iniciativa que presente al Congreso a menos que se trate de beneficiar a la población. Esto será así hasta que la Asamblea decida enviar al archivo los dos dictámenes legislativos con el fin de crear dos comisiones especiales para desaforar a d'Aubuisson y De Escobar.

"Hemos decidido como fracción legislativa, como medida de protesta no acompañar con nuestros votos ninguna iniciativa que venga del Ejecutivo a no ser que vaya en un beneficio palpable para los salvadoreños", aseveró Vaquerano.

El reproche por la petición de Funes de crear una comisión especial para desaforar a los diputados d'Aubuisson y De Escobar y el apoyo que esta moción ha tenido en el resto de partidos, abarca también la cancelación de las reuniones que el equipo de transición del nuevo gobierno del presidente electo, Salvador Sánchez Cerén, y el vicepresidente electo, Óscar Ortiz, tenían previsto con ARENA.

Vaquerano informó en rueda informativa que el encuentro programado para ayer con el equipo de transición del nuevo gobierno fue suspendido a petición de la fracción legislativa y, además, porque también se han "ensañado" con el presidente del Coena, Jorge Velado, y el vicepresidente de Ideología, Ernesto Muyshondt, dijo.

"No es posible que traten de aparentar un diálogo que no es sincero, cuando tratan de destruir a la primera fuerza política de oposición que es ARENA. Estamos abiertos al diálogo pero tiene que ser sincero para que genere confianza. ¿Cómo es posible que un partido, el FMLN esté llamando al diálogo y esté acosando a los diputados de la fracción con argumentos que no tienen ninguna razón?", cuestionó Vaquerano.

Criticó que el FMLN está siguiendo "fielmente el libreto cubano venezolano, donde hay una persecución política implacable" y añadió que buscan imponer una "ley mordaza" a los diputados "valientes" que cuestionaron las dudas que, según él, no despejó Funes sobre el caso del accidente del Ferrari ocurrido meses atrás.

La diputada Carmen Elena Calderón de Escalón, de ARENA, también indicó que el no apoyar las reformas a la ley de APP de manera unánime envía un mensaje negativo.

"Lamento muchísimo no poder votar este día (ayer) porque así lo hemos decidido. No vamos a votar por las APP y será una señal que será negativa para los inversionistas, ¿porqué razón? porque están jugando con la democracia de El Salvador, quieren poner el libreto de Cuba y Venezuela y no lo vamos a permitir", aseveró Calderón de Escalón.

Aval a reformas ley APP

Pese a que ARENA no votó por una serie de cambios a la ley de APP, el resto de fracciones políticas sí lo hicieron y con 56 votos se aprobaron ayer en el pleno.

Según la diputada De Escalón, de ARENA, si decidían apoyarlas plantearía en la discusión dos situaciones: dejar por fuera la concesión de los servicios de purificación de las aguas residuales le acarreará problemas al Estado, ya que este no cuenta con los fondos suficientes para invertir en la descontaminación de las aguas negras.

Y el segundo punto es referente a que las concesiones del Estado generadas a través de la ley de APP solo necesitarán de 43 votos, es decir, mayoría simple del Congreso, cuando anteriormente y de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución de la República, según De Escalón, ameritan de 56 votos, o sea mayoría calificada.

"No riñe con la Constitución porque habla que para los empréstitos se necesitan dos tercios, pero este no es necesariamente un empréstito", argumentó la diputada del FMLN, Lorena Peña.

Esto pese a que en anteriores ocasiones el FMLN ha cuestionado que las concesiones del Estado deben pasar por la Asamblea y ser aprobadas por unanimidad.

Pero a criterio de Peña lo anterior es una de las reformas más importantes que refleja la ley en los artículos 53 y 54, ya que en los dos momentos en que una petición pase por la Asamblea, uno para que los diputados avalen el proyecto y posteriormente el contrato, en ambos casos se hará solo con mayoría simple.

De acuerdo con De Escalón lo anterior podría ser observado por "inconstitucional", pero considera que al contar con los votos del "bloque" de otros partidos no tienen limitante.

"Nosotros les hemos advertido que eso puede ser observado pero el FMLN tiene los votos y la aritmética del bloque le ayuda a hacer lo que ellos proponen", aseveró.

De Escalón reflexionó que los contratos de concesión del Estado es "abrir fondos a futuro" que se podrían considerar como deuda, por lo tanto deberían contar con 56 votos.

Otra de las reformas que fueron aprobadas ayer es que en la ley se planteaba que el techo de inversión sería del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, los diputados avalaron incrementarlo al 3 %. Peña explicó que lo anterior significa que el gobierno puede dar financiamiento para un proyecto hasta unos $800 millones.

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