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Avalan ley para confiscar bienes crimen organizado

Ley entrará en vigencia dentro de seis meses para crear tribunales especiales

Rosa M. Fortín (izquierda) y Florentín Meléndez, titular interino CSJ. foto edh / omar carbonero

Rosa M. Fortín (izquierda) y Florentín Meléndez, titular interino CSJ. foto edh / omar carbonero

Rosa M. Fortín (izquierda) y Florentín Meléndez, titular interino CSJ. foto edh / omar carbonero

Los diputados aprobaron ayer una ley que busca despojar a los delincuentes de todos sus bienes, tanto materiales como de dinero mal habido, y reutilizar esos fondos para reforzar el aparato de Seguridad Pública en el combate al crimen y otros delitos.

Con 82 votos de todos los partidos políticos se autorizó ayer la "Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita".

La anterior es una normativa que agiliza el proceso condenatorio para aquellas personas que no puedan demostrar que sus bienes o dinero han sido adquiridos lícitamente.

En el artículo 5 de la ley se describe que esta se aplicará a las "actividades relacionadas o conexas al lavado de dinero y activos, al crimen organizado, maras o pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, actos de terrorismo, tráfico de armas, tráfico y trata de personas, delitos relacionados con drogas, delitos informáticos, de la corrupción, delitos relativos a la hacienda pública, y todas aquellas actividades ilícitas que generen beneficio económico u otro beneficio de orden material, realizadas de manera individual, colectiva, o a través de grupos delictivos organizados o estructurados".

Los bienes y dinero así incautados serán administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes, denominado el Conab, una entidad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, que operará con el 15 % de los fondos obtenidos a través de lo decomisado a los delincuentes.

El Consejo Directivo lo integrarán representantes propietarios y sus respectivos suplentes nombrados por el ministro de Justicia, quien ejercerá la presidencia del Conab; el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Fiscal General de la República (FGR), el ministro de la Defensa Nacional, el ministro de Hacienda y el director de la Policía Nacional Civil (PNC).

Para su aplicación se contempla la creación de tribunales y cámaras especializadas, razón por la cual los legisladores otorgaron 180 días para la implementación de la ley.

Este periodo servirá para que tanto la CSJ como la FGR, y la PNC formen las unidades especiales y capaciten al personal en cada una de estas entidades.

Esto porque en el artículo 26 se detalla que "el procedimiento consta de dos etapas, una etapa inicial o de investigación que estará a cargo del fiscal especializado, de conformidad a las atribuciones asignadas en la presente ley y una etapa procesal que se iniciará a partir de la promoción de la acción de extinción de dominio ante el tribunal especializado".

Los diputados avalaron distribuir de la siguiente manera el total del dinero incautado: el 35 % de los bienes extinguidos será para la Fiscalía; otro 35 % para el ministerio de Seguridad; el 10 % para la Fuerza Armada , el 15 % para el Conab y un 5 % para la Procuraduría General de la República (PGR).

CSJ pide refuerzo fondos

Antes de aprobar la ley los diputados escucharon al presidente interino de la CSJ, Florentín Meléndez, quien dijo estar de acuerdo en el plazo de 180 días que los diputados avalaron para instalar las cámaras y tribunales especializados.

Pero expresó que para echarlos a andar es necesario que el Congreso le apruebe a la Corte un refuerzo presupuestario, esto pese a que el Órgano Judicial es una de las instituciones que más fondos recibe del Estado. Para 2014 dispondrá de $262 millones.

Sin embargo, los legisladores mencionaron que tendrán que aceptar incrementar su asignación para aplicar la ley.

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