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Asesores de Cel recomendaron arbitraje en caso Chaparral

También insistieron, ante la Junta Directiva, que se cancelara "sólo por obras realmente ejecutadas"

Asesores de Cel recomendaron arbitraje en caso Chaparral

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Asesores de Cel recomendaron arbitraje en caso Chaparral

Los asesores legales de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) recomendaron en varias sesiones de la Junta Directiva de la autónoma resolver vía arbitraje los costos adicionales del Acuerdo de Arreglo Directo con la firma constructora Astaldi y pagar "solo por obras realmente ejecutadas". Pese a ello, se finiquitó con un pago final de $108.5 millones el contrato de construcción de sólo un 29.29 % de avance de El Chaparral en julio de 2012.

Así, el acta número 3507 del 19 de marzo de 2012, confirma que una parte del proceso de negociación se realizó entre el 12 y el 16 de marzo de 2012 y que se tenía que pagar por las obras construidas conforme a precios contractuales y resolver vía arbitraje internacional los costos "incrementales o adicionales" que Astaldi reclamaba y CEL no reconocía.

Los asesores de la Comisión, las firmas Curtis Mallet-Prevost Colt & Moles, S.C. y Rusconi, Medina & Asociados Central Law, recomendaron que dentro de la liquidación solo se cancelara "por obras realmente ejecutadas", manteniendo las posibilidades de resistir a incrementos de costos, que se dirimirían en procedimiento arbitral, indica el acta en su punto II.

Esto se relaciona con el acta número 3520 con fecha 1 de junio de 2012, la cual deja claro que según la supervisión de la obra (tanto la realizada por los técnicos de CEL como por el asocio Euroestudios-Ingetec), el valor de la obra es del orden de $85 millones, lo cual confirma que no está definido ningún sobreprecio o pago adicional en las negociaciones previas a la firma del Acuerdo.

Al respecto, el expresidente Mauricio Funes ha reiterado que se pagó $23.5 millones como un "costo-beneficio" para evitar un litigio internacional. Incluso, regañó al Fiscal General de la República, Luis Martínez, por abrir de oficio una investigación en El Chaparral a través de un equipo de geólogos especializados que realizan peritajes en el lugar, además que fiscales anticorrupción investigan el Arreglo Directo y otra documentación sobre el caso.

Por su parte, el abogado Francisco Bertrand Galindo considera que el excedente cancelado no tuvo que incluirse en el Arreglo Directo y que eso formaba parte de "otro mecanismo legal".

"Hubo una extralimitación en conceder el pago por evitar el litigio internacional. Eso debió definirse por vía judicial, ya que es algo que no corresponde a la figura jurídica que se empleó para dar por terminado el contrato", dijo.

Incluso Galindo opina que en un escenario de conflicto ante un tribunal fuera del país, el Estado y CEL "podía ganar", sobre todo porque Astaldi conocía los problemas en el margen derecho de la montaña y realizó un mal manejo del dique donde se asentaría la presa del megaproyecto, según el estudio de supervisión de Euroestudios-Ingetec en 2010. Además firmó un contrato "llave en mano", el cual obliga al contratista a responder sin cambios en condiciones, plazos ni montos.

"Es muy probable que el Estado ganara si las autoridades de CEL recurrían a ese mecanismo. Además, no se hubiera erogado tanto dinero de los salvadoreños para un proyecto de obra pública que sigue abandonado", agregó Bertrand Galindo.

Además, cabe destacar que el acta 3527 del 5 de julio de 2012 (seis días antes de que se firmara el Acuerdo de Arreglo Directo) la Junta Directiva de CEL delegó al exdirector presidente de la institución, José Leopoldo Samour, los trámites del procedimiento, la negociación de los puntos controvertidos y la toma de acuerdos, según lo dispuesto en el punto V de la sesión 3520 de fecha 1 de junio de 2012 y en el punto I de la sesión 3521 de fecha 5 de junio de 2012.

En varias de las sesiones de Junta Directiva se contó con la participación del actual presidente de CEL, David López Villafuerte, quien fue gerente de proyectos de LaGeo y directivo de la autónoma en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo la gestión de Samour.

También se debe recordar que el expresidente Funes informó en octubre de 2013 que se le pagó $108.5 millones a la constructora Astaldi con el argumento de que se cerraba el contrato "Llave en mano" con un 38 % de avance de la obra.

Sin embargo, en el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones, presentado a la Junta Directiva de CEL en septiembre de 2012, definió —con técnicos y supervisores de la autónoma— que sólo se construyó el 29.29 % de la presa El Chaparral.

Las actas incluso reflejan que en la negociación entre ambas partes se hizo una sobreestimación aproximada de un 8.71 %, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38 %, lo que permitió sustentar el pago de $28.7 millones como cifra definitiva de sobreprecio.

El Diario de Hoy buscó de nuevo una posición oficial por parte de CEL sobre este tema, pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta. Mientras tanto la oficina de Astaldi se limitó a confirmar que ya no existe una relación contractual con CEL.

"El proyecto de El Chaparral está concluido para Astaldi por haberse finalizado la relación contractual que le dio origen por lo que, de acuerdo con las políticas de nuestra casa matriz, no tenemos alguna declaración a brindar sobre este tema", fue la escueta respuesta ante las peticiones de información de este rotativo para obtener su posición.

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